El Bando Uno y la gentrificación: dudas sobre su aplicación
Más allá de parecer el tema o la palabra de moda, la gentrificación es un problema que se ha incrementado con el paso de los años y se ha posicionado en las últimas semanas en la agenda pública de varias urbes del país, particularmente en la Ciudad de México, dada la complejidad de su crecimiento y la generación de opciones viables para solucionarla.
Aunque la presencia de visitantes extranjeros es vista como la principal causa, de acuerdo con el portal inmobiliario propiedades.com, el fenómeno responde a una combinación de factores como la renovación en la infraestructura y servicios de zonas anteriormente olvidadas, el alza en los precios de vivienda, la mejora en transporte público, restaurantes, tiendas y lugares de entretenimiento, así como el atractivo cultural de ciertos barrios, capitalizado por arrendadores y desarrolladores para promover un estilo de vida.
Para combatir el problema, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer el Bando Uno “Por una Ciudad Habitable y Asequible con Identidad y Arraigo Local”, en el cual señala 14 puntos, entre los que destacan tres, que se refieren a que las rentas habitacionales no podrán tener un aumento mayor a la inflación reportada por el INEGI, que se establecerá el índice de precios de alquiler razonable, sobre todo en zonas de tensión inmobiliaria, y que se fortalecerá la regulación en ocupaciones de corta estancia y plataformas de alojamiento temporal.
No obstante, surgen diversas dudas sobre la aplicación de dicho Bando, como saber cuál sería la suficiencia presupuestal con que se cuenta para poner en marcha todos sus puntos, la temporalidad para su entrada en vigor, el tramo de responsabilidades de cada involucrado y, sobre todo, cuál es el fundamento que nos permitirá vislumbrar si se dará una solución de lleno al derecho de la ciudadanía a contar con una vivienda digna.
Tampoco queda claro si en el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial estará contemplado minuciosamente el tema de la gentrificación. Apenas en noviembre pasado, la titular del Ejecutivo local señaló que ambos documentos estarán listos en octubre de 2025 y enero de 2026, respectivamente.
En 2022, la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó ante el Congreso capitalino ambos instrumentos, con los que se pretende lograr una planeación estratégica de la Ciudad de México, a 15 y 20 años, en los rubros de infraestructura, uso de suelo, vivienda y agua, entre otros rubros. Sin embargo, en dos ocasiones, ambas propuestas fueron retiradas luego de cuestionamientos por la supuesta falta de participación ciudadana en su elaboración, además del argumento de que debía enriquecerse en temas como los llamados carteles inmobiliarios.
Ya veremos cómo evoluciona el tema en las próximas semanas, lo que es un hecho es que, como lo mencionó la mandataria capitalina, se requiere del esfuerzo y participación de todos los sectores, véase gobierno, iniciativa privada, organizaciones civiles y población en general, para aterrizar concretamente los mecanismos que permitan resolver de fondo la problemática que ha generado el éxodo de personas de bajos ingresos por los altos costos en la vivienda, la desaparición de negocios locales y, particularmente, la polarización y la fragmentación de la sociedad.
Ley HALT: La criminalización de una adicción
En la Unión Americana el presidente Donald Trump sigue pensando que las complejas dificultades de su país se resolverán con acciones ejecutivas, o con la firma de leyes que apuntan a la punitividad, pero que dejan de lado problemáticas que son multi factoriales y que no habrán de resolverse incrementando las penas en prisión para los infractores.
Tal es el caso de la Ley HALT (Halt All Lethal Trafficking of Fentanyl Act) que, firmada el miércoles por el mandatario, marca sin lugar a dudas un punto de inflexión en la lucha contra la crisis del fentanilo en Estados Unidos, cerrando el cerco al tráfico de esta sustancia, pero que revive el debate sobre el equilibrio entre justicia, salud pública y derechos civiles.
Los estudios más recientes demuestran que aumentar las penas no siempre se traduce en la reducción del crimen, sobre todo en mercados tan lucrativos como el del narcotráfico. Por el contrario fomenta el encarcelamiento masivo impactando principalmente a comunidades de determinadas razas o económicamente marginadas.
Por otra parte, el carácter excesivamente punitivo de la Ley deja de lado un componente esencial de la crisis: la adicción, y hoy el fentanilo no es solo una cuestión de seguridad, es, ante todo, un problema de salud pública. Los usuarios no son enemigos del Estado, sino ciudadanos atrapados en ciclos de dependencia que requieren atención especializada. Tan sólo en 2023 se registraron más de 70 mil muertes por sobredosis asociadas a esa droga cada vez más accesible por su costo, facilidad de fabricación y potencia.
Pero las dificultades no terminan ahí. La clasificación de todos los análogos al fentanilo como sustancias de Lista I –sin excepciones para la investigación médica o científica-, han despertado la indignación de expertos en salud y ciencia, ya que esta medida obstaculizaría el desarrollo de nuevas terapias para el dolor o incluso para tratar la propia adicción a los opioides.
Más allá de la frontera la relación también se ve afectada. En nuestro país la Ley HALT se interpreta como un acto de presión y desconfianza. El dedo apuntando a las autoridades mexicanas, acusándolas de inacción, colusión e incluso de estar petrificadas, como señaló Trump durante la presentación de la Ley, no solamente perjudica los canales diplomáticos sino que se erige como una barrera en una cooperación binacional efectiva.
Así las cosas el futuro luce sombrío. Sin una estrategia conjunta basada en la corresponsabilidad, la crisis del fentanilo seguirá creciendo entre fronteras cada vez más cerradas, recriminaciones y soluciones cosméticas que atacan las consecuencias pero no las causas. Si no se replantea el enfoque, lo que hoy se firma como una solución podría convertirse mañana en un obstáculo más para la justicia y la salud pública.
Las enseñanzas de las carreteras
Por las características geográficas de nuestro país, construir una carretera es como cursar una maestría para un ingeniero civil. Cada proyecto implica retos y desafíos donde técnica e imaginación se unen para encontrar las mejores soluciones a ellos, con un enfoque de equidad, accesibilidad y sostenibilidad.
Para aprender y compartir experiencias, la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C., que preside Juan José Orozco y Orozco, llevó a cabo en Pachuca este jueves y viernes el XIV Seminario de Ingeniería Vial 2025”, con el lema “Comunicando personas, conservando el planeta”., donde se abordaron temas como movilidad sostenible e inclusiva; la implementación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial; infraestructura resiliente e innovación tecnológica; y gobernanza, financiamiento y planeación estratégica.
Hoy en día, la ingeniería civil tiene una visión más humana y responsable de la ingeniería vial. El bienestar y la seguridad de las personas son prioritarios, entendiendo por ellos no sólo los usuarios de las carreteras, sino, y principalmente, las comunidades cercanas a ellas.
En ese sentido, Juan Carlos Fuentes Orrala, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Infraestrcutura, Comunicaciones y Transportes (SICT), presente en la inauguración, enfatizó que la visión de la actual administración es clara: contar con una red de carreteras moderna, resiliente y al servicio de las personas y del medio ambiente. Asimismo, Fuentes Orrala mencionó que la SICT impulsa políticas públicas integrales enfocadas en la prevención de accidentes, como la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial.
La elección de Hidalgo como sede del Seminario no fue casual. Además de su excelente conectividad con la capital del país, se trata de una entidad con una inversión constante en infraestructura: más de 17 mil millones de pesos en los casi 3 años que lleva la administración del gobernador Julio Menchaca. Asimismo, dos de los quince Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar anunciados por el gobierno federal, se localizarán en Hidalgo, uno en Tizayuca -por cercanía al AIFA-, y otro en Tula.
Y para recordar lo que significa proyectar una carretera, el sábado los participantes en el seminario realizarán una visita técnica guiada al tramo Real del Monte-Huasca de la carretera Pachuca–Huejutla, ejemplo de ingeniería en zonas montañosas con condiciones geotécnicas complejas y altos flujos de tránsito regional, donde se podrán conocer soluciones aplicadas a movilidad regional y conectividad territorial sostenible; seguridad vial mediante rampas de emergencia, sistemas de contención y señalamiento preventivo; así como infraestructura resiliente, con túneles y viaductos diseñados para enfrentar condiciones climáticas adversas.
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