Contra gentrificación: oferta de vivienda asequible y reinventar hipotecas

No existe suficiente oferta de vivienda para satisfacer la demanda, lo que presiona los precios de venta y renta al alza, siendo esta una de las principales causas de la gentrificación, coinciden especialistas del sector, como la plataforma Propiedades.com y la multinacional de consultoría inmobiliaria Tinsa, entre otros, los cuales han estado analizando el tema con respectivos sus bancos de datos. En ello también coinciden organismos como la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) y del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).

De 1995 al 2025, la población de México creció alrededor de 41 millones de personas, un aumento del 44.2%, pasando de una tasa anual de crecimiento de 1.7% en 1995 a 0.8% en 2025. En ese mismo periodo, la vivienda creció en más 17.2 millones de unidades, un crecimiento del 88.8%, es decir, una tasa del 2.14% anual. Sin embargo, aunque la tasa de crecimiento de las viviendas se registró por encima del poblacional, el rezago de vivienda sigue siendo mayor, estimándose que para 2030 haya una necesidad acumulada de 6.6 millones de viviendas nuevas.

¿A qué se debe esto? Hay cuatro factores principales: uno, el cambio de la estructura familiar, al haber menos matrimonios, más divorcios y menos hijos; dos, una mayor expectativa de vida; tres, más población económicamente activa y, por último, mayor población urbana. La densidad de población pasó en esos 30 años de 4.77 habitantes promedio por vivienda registrada en 1995, a una de 3.64 en 2025, con una tendencia para el 2035 de 2.75 personas por hogar, por lo que se espera un mayor déficit de viviendas, es decir, poca oferta, mayor demanda, precios de venta y renta más altos.

Luis Armando Díaz-Infante Chapa, secretario nacional de la CMIC y también miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México, ha planteado que se necesita una mayor oferta de vivienda asequible para contrarrestar la gentrificación, y además, reinventar los esquemas hipotecarios actuales que hacen prohibitivo a la mayoría de la población acceder a ellos: las hipotecas bancarias requieren demostrar ingresos de 3 a 1 sobre el pago del crédito y la plusvalía en las ciudades es mayor que el incremento salarial. A ello cabe agregar que, debido al alto valor del suelo con infraestructura urbana adecuada, la vivienda accesible se desarrolla en zonas muy alejadas a los centros de trabajo.

Una solución que se plantea es la renta móvil, la cual consiste en que el trabajador se puede mudar tanto geográficamente, como de hogar de diferente tamaño, mediante un mecanismo que acumule puntos por el pago de rentas que eventualmente darán derecho a la adquisición de la vivienda por reversión; para ello, se contaría con un instrumento denominado Fibravit, un fideicomiso de inversión en bienes raíces de vivienda incluyente para trabajadores, en donde los tenedores de las Compras Públicas de Innovación (CPIs) -sean inversionistas públicos y privados-, después de un periodo determinado, ceden los mismos a los inquilinos para que puedan adquirir la propiedad, a través del pago de sus rentas, en el lugar geográfico y el tamaño de la vivienda que decidan.

Con este mecanismo se podría permitir que el gasto de vivienda no supere el 30% del ingreso familiar, algo que actualmente no es posible para la mayoría de la población que quiere adquirir vivienda, y un rango en el que se encuentran muchos que rentan.

Derecho a la libre manifestación ¿Y los vándalos?

A propósito de que este fin de semana, se informó que ya se llevó a cabo la cuantificación de los daños generados en la UNAM luego del vandalismo ocurrido el pasado 20 de julio en el Museo Universitario Arte Contemporáneo y la Librería Julio Torri del Centro Cultural Universitario, resulta penoso darse cuenta que denuncias van y denuncias vienen, pero generalmente no hay detenidos luego de las investigaciones por hechos violentos como estos.

Tristemente, la realidad que impera en el país y, particularmente en la Ciudad de México, es de absoluta impunidad para quienes generan destrozos durante las protestas, manifestaciones, movilizaciones y marchas con motivo de diferentes situaciones como la violencia contra la mujer, el dos de octubre, el halconazo y recientemente la gentrificación, entre muchas otras.

Con el pretexto de que, para los gobiernos emanados de Morena, de acuerdo con el famoso decálogo, no se debe utilizar a la Policía para reprimir al pueblo, se ha vuelto común que las y los vándalos generen, recurrentemente, un sinfín de deterioros ante la mirada complaciente de las autoridades. En el caso de los daños ocasionados en establecimientos de las colonias Roma y Condesa, al no haber denuncias, el asunto queda ahí sin que existan responsables de los perjuicios millonarios que se registraron.

Y no, no se trata de represión, se trata de hacer cumplir la Ley, de hacer valer el Estado de Derecho, de que el derecho de algunas personas a manifestarse termina cuando empieza el derecho de otros al libre tránsito. No se trata de desactivar una movilización de forma violenta, no se trata de usar al poder para contener críticas o a grupos que piensan diferente, se trata de que todos tengamos los mismos derechos.

Pero ¿Qué es lo que ocurre? Si la Policía nos presume cotidianamente que cuenta con labores de inteligencia, tecnología de primera línea, elementos altamente capacitados, recursos humanos y materiales para investigar profesionalmente, ¿qué es lo que le impide a la autoridad detener a quienes vandalizan la ciudad?, ¿por qué no se les detiene en flagrancia cuando ocurren los hechos? Si con todas las herramientas con las que se cuenta actualmente ya es posible identificar a posibles generadores de violencia, rutas, modus operandi, red de vínculos o patrones comunes, ¿por qué simplemente no se cumple con la Ley? ¿Qué es lo que hay detrás que impide a las autoridades cumplir con su obligación?

El Cártel de los Soles: entre el mito y la realidad

Uno de los grandes enigmas que hoy se yerguen sobre Venezuela es el del llamado “Cártel de los Soles” y la narrativa que sobre este se ha tejido a nivel internacional: no es un cártel como lo concebimos en un sentido clásico, pero tampoco es una invención que haya surgido de la nada, se trata más bien de una figura híbrida, un símbolo cargado de implicaciones geopolíticas, acusado de operar a la sombra del gobierno, pero al mismo tiempo una herramienta discursiva útil para aislar a Nicolás Maduro.

Las denuncias de la participación de militares venezolanos de alto rango en el tráfico de cocaína desde Colombia con destino a Estados Unidos y Europa no son nuevas, de hecho, el término “soles” alude a las insignias que portan los generales de ese país. Las denuncias escalaron en 2020, cuando el Departamento de Justicia norteamericano apuntó directamente a Nicolás Maduro y a otros funcionarios por narcoterrorismo ofreciendo incluso millonarias sumas por su captura.  Este fin de semana el secretario de Estado, Marco Rubio, fue aún más allá al declarar que Maduro no es el presidente de Venezuela sino el líder del “Cártel de los Soles”, luego de que el Departamento del Tesoro incluyera a dicha organización entre los grupos terroristas fuente de amenazas transnacionales.

Con esta medida, Estados Unidos busca desmantelar la estructura financiera y operativa del grupo en el marco de la nueva política establecida por Donald Trump. Un caso cerrado: una organización criminal, involucrada con las FARC, amparada por el poder militar y presidida por el mismo jefe del Estado venezolano. Todo parecería encajar. El problema es que al día de hoy ninguna prueba ha sido sometida al escrutinio de un tribunal imparcial y por lo mismo no se ha logrado una condena internacional firme. A despecho de que sean verdad o mentira las graves acusaciones, estas no dejan de tener un cierto tufo político que nos recuerda al aroma de la rosaleda de la Casa Blanca.

Hay evidencias sí, de que miembros de las fuerzas armadas han participado en redes de narcotráfico. Hay testimonios de desertores y decomisos vinculados con funcionarios. Ni duda cabe que Venezuela es una plataforma de tránsito para la cocaína andina, pero de ahí a hablar de un cártel controlado verticalmente por Maduro, bueno, habría que tener mayores argumentos.

Es en este nudo en donde el mito y la realidad empiezan a confundirse. Ciertamente el narcotráfico existe y se tolera desde las mismas entrañas del poder, pero también es cierto que no sería la primera vez que Estados Unidos se vale de esta narrativa para presionar a un régimen incomodo como ya ocurrió con Noriega en Panamá o con las armas de destrucción masiva en Irak.

No se trata de exculpar al “chavismo”. La corrupción, el colapso institucional y la manipulación como herramienta electoral son hechos que hablan claramente de un régimen en descomposición que querámoslo o no se va entrelazando con el crimen, pero acusarlo de narcoestado sin las pruebas suficientes lo único que hace es abonar en contra de los ciudadanos que de por sí viven ya, en unas condiciones muy precarias.

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