Narcos en EU: indulgencia selectiva
Algo muy grande tiene que haber detrás de la decisión de la fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, de renunciar a su potestad de solicitar la pena de muerte para tres de los grandes capos mexicanos más largamente buscados que se encuentran ya en poder del aparato judicial estadounidense.
Ismael “Mayo” Zambada –fundador del Cártel de Sinaloa-, quien habría sido llevado a la Unión Americana contra su voluntad tras ser entregado por Joaquín Guzmán López hijo de su compadre el “Chapo”.
Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, quien habría ordenado el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985.
Vicente Carrillo Fuentes, alias el “Viceroy”, heredero del Cártel de Juárez, fundado por su hermano Amado Carrillo, mejor conocido como el “Señor de los Cielos”.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que el tratado de extradición entre Estados Unidos y México establece reciprocidad, es decir no puede haber pena de muerte, el problema es que ninguno de los tres capos fue extraditado; en su momento el “Mayo” habría sido privado de su libertad y los otros dos oficialmente expulsados “por motivos de seguridad nacional”, según informó el propio gobierno. En consecuencia, jurídicamente podrían haber enfrentado la pena capital.
La decisión de Bondi, entonces, no parece obedecer a una simple deferencia diplomática, sino que apunta a acuerdos más profundos y opacos, muy posiblemente vinculados a pactos de colaboración, entrega de información estratégica e incluso testificaciones selladas en tribunales secretos.
Resulta difícil de creer que la Casa Blanca hubiera dejado pasar la oportunidad de castigar con todo el peso de la ley a figuras tan emblemáticas sin obtener a cambio algo muy significativo. No estamos hablando ya de un acto de indulgencia sino de lo que se anticipa podría significar un profundo viraje en la lucha geopolítica contra el narcotráfico.
Con toda seguridad, de este lado de la frontera, algunos políticos y militares de grueso calibre ya empezaron a hacer las maletas, anticipando que los acuerdos detrás de esta “inesperada” clemencia podrían implicar la entrega de información altamente comprometedora. Si los capos están colaborando a cambio de salvar sus vidas no es descabellado pensar que ya comenzaron a poner el dedo sobre quienes durante años facilitaron sus operaciones a cambio de generosas comisiones.
Ya como apostilla, cabe señalar que, pese a todos los señalamientos, no existen registros públicos de narcotraficantes mexicanos ejecutados por el gobierno federal de Estados Unidos. Lo que sí se ha documentado es que ha habido mexicanos condenados a muerte en el extranjero por problemas de drogas como el caso de José Regino González Villareal en Malasia o Cesar Ramírez Valenzuela en China; del primero se conoce que su sentencia fue conmutada, del segundo no hay confirmación pública de su ejecución.
Escolta para funcionarios: seguridad o exceso
La ejecución de Ernesto Vásquez Reyna, fiscal federal en el estado de Tamaulipas, ocurrida en la ciudad de Reynosa reavivó la polémica sobre el uso de escoltas y vehículos blindados entre funcionarios ligados al tema de la seguridad.
Con el argumento de la austeridad republicana, desde la pasada administración federal, se retiró la protección a un gran número de funcionarios ya que, según el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, representaba un gasto excesivo del presupuesto.
Durante décadas, el Estado Mayor Presidencial otorgó el servicio de escolta a secretarios de Estado y otros funcionarios de alto nivel, sin embargo, al finalizar la administración de Enrique Peña Nieto las cosas cambiaron radicalmente.
La Fiscalía General de la República no fue la excepción ya que la medida también alcanzó a servidores públicos que anteriormente contaban con protección, dada su actividad laboral, la cual era proporcionada por la propia institución. Es el caso de varios fiscales federales, directores generales y ministerios públicos que, pese al riesgo que implica su labor, no cuentan con arma de cargo, escolta y mucho menos vehículos blindados.
Lamentablemente, el caso de Vásquez Reyna no es el único. En septiembre de 2023, en Chilpancingo, también fue ejecutado Fernando García Fernández, fiscal federal en Guerrero, quien tampoco contaba con escolta ni camioneta blindada. No obstante, a raíz de los hechos ocurridos hace dos años, nada se modificó en la FGR y ahí tenemos el resultado.
Más allá de pensar en un tema de austeridad, resulta indispensable que quienes se dedican a combatir a la delincuencia organizada cuenten con las garantías necesarias para ejercer su labor. Un precio muy alto, que puede implicar perder la vida a manos del crimen, es el que deben pagar algunos servidores públicos por hacer su trabajo. Es obligación del Estado mexicano proporcionarles las herramientas necesarias para desempeñar el encargo que les ha sido conferido, no se trata de un lujo ni un exceso, únicamente se trata de preservar su integridad física. ¿Es mucho pedir?
Reactores para Tula: el costo de no considerar el impacto social
Inesperadamente, en la conferencia mañanera del martes pasado donde se dio a conocer la estrategia financiera de Pemex, una pregunta de los reporteros tocó un caso que parecía olvidado: los reactores abandonados en la autopista México-Querétaro, en el municipio de Jilotepec, Estado de México, más propiamente retenidos desde enero de este año por ejidatarios encabezados por el presidente municipal, quienes exigieron desde reparaciones a vialidades por el paso de los equipos y, aprovechando, atención a problemas de seguridad y hasta invasión de rutas de taxis y transportistas.
El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, explicó que el conflicto social ya estaba resuelto, y que sólo faltaba que ICA, la empresa encargada de proveer los equipos y de transportarlos, pagara alrededor de 80 millones de pesos por la reparación de los daños a dos poblaciones de Jilotepec.
Se trata de dos reactores de hidrotratamiento para las plantas de diésel y naftas, con un peso cada uno de 500 toneladas, destinados a la refinería de Tula, y que se encuentran parados apenas a unos 60 kilómetros de su destino. Ambos equipos llegaron al puerto de Altamira provenientes de la India hace casi dos años. Dadas sus dimensiones y peso, necesitaban vehículos especiales, además de circular por vías alternas para llegar a su destino.
Es probable que, en el presupuesto de la compra y traslado de los reactores, no se considerara la posible afectación y necesidades de comunidades, propietarios de predios, autoridades locales y grupos sociales de las zonas por donde pasarían los equipos. El resultado ha sido un retraso y encarecimiento no sólo de la adquisición y traslado de los reactores, sino de todo el proyecto de la modernización de la refinería de Tula, con una afectación que seguramente será mucho mayor a los 80 millones de pesos que debe ICA a los jilotepenses por dañar sus calles y banquetas.
El caso evidencia un problema en la gestión de proyectos que es recurrente, sobre todo en los referentes a infraestructura, y que siempre aparece como algo fundamental a atender para obtener el derecho de vía para una carretera o un ferrocarril o, en este caso, la modernización de una refinería pendiente desde la administración pasada: el impacto social. Es por ello recomendable que, desde la planeación de un proyecto de inversión se identifiquen riesgos y necesidades, se determinen y cuantifiquen acciones de gestión social para prevenir y mitigar el impacto social que produzcan los proyectos, de lo contrario se puede derivar en el retraso o hasta la suspensión de una obra.
Automatización del reclutamiento; herramienta útil, poco comprendida
El uso de tecnología en los procesos de selección ha crecido de forma notable en los últimos años. Hoy, los sistemas automatizados para el seguimiento de candidatos, conocidos como ATS (Applicant Tracking Systems), son cada vez más comunes en las áreas de Recursos Humanos; sin embargo, a pesar de sus ventajas, estas herramientas siguen siendo un terreno desconocido para muchas personas que buscan empleo.
De acuerdo con OCC, la bolsa de trabajo digital más grande en México, el 68% de los trabajadores encuestados reconoce beneficios claros en la automatización en los procesos de reclutamiento, como una mayor agilidad en la evaluación de postulaciones o una reducción en los tiempos de contratación. No obstante, el 14% de los participantes admitió no conocer cómo funcionan estas herramientas y un 10% directamente dijo no saber nada sobre ellas.
Por si sola, la automatización no garantiza mejores oportunidades para todos, ya que, para que cumpla su promesa de eficiencia, objetividad e inclusión, es necesario cerrar la brecha de información que existe entre quienes diseñan estas soluciones y las personas que buscan un empleo. Esto se puede lograr a través de una mejor comunicación, más espacios de orientación para los candidatos y contenidos educativos accesibles.
En un mercado laboral donde el currículum puede ser descartado por un algoritmo en segundos, comprender cómo funcionan estas herramientas se vuelve parte fundamental de la estrategia de búsqueda de empleo. Saber estructurar la información, usar palabras clave relevantes o actualizar constantemente el perfil profesional ya no es una opción, sino una necesidad.
Al final, la automatización no debe verse como un obstáculo, sino como una oportunidad. Pero para que esto sea una realidad, es responsabilidad compartida, entre empresas, plataformas y expertos, difundir cómo operan estas tecnologías, orientar a quienes buscan empleo y promover prácticas más informadas y accesibles.
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