De capos, soberanía y aranceles
Muy lejos estamos de ese discurso de “abrazos, no balazos” que pareciera fue sustituido por “cárteles, no aranceles” ya que la política de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha caracterizado justo por eso, por combatir a la delincuencia organizada con un planteamiento concreto y directo, apoyado en la inteligencia y la investigación, para debilitar a los grupos criminales y, de paso, contribuir con el gabinete económico para evitar los aranceles con los que continuamente amenaza la administración de Donald Trump.
Apenas el martes, se concretó la segunda entrega de generadores de violencia a la Unión Americana con lo que 26 capos que fueron solicitados por el Departamento de Justicia de ese país, fueron trasladados a diferentes aeropuertos de esa nación para que respondan por diversos delitos, al igual que el primer paquete de 29 reos, entregado en febrero, por quienes se acordó con el gobierno estadounidense que no se solicitará la pena de muerte.
En este contexto, resultan de alta relevancia las palabras de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, quien abiertamente señaló que el traslado de reos es un mensaje para la delincuencia que opera en los dos países, además de que se actuó en el marco de los tratados, convenios y leyes que rigen a ambas naciones, particularmente en apego a la Ley de Seguridad Nacional.
Y ¿por qué resultan tan importantes? Porque si bien es cierto que las 26 personas trasladadas cuentan con órdenes de extradición y enfrentan investigaciones en Estados Unidos por delitos como tráfico de personas, homicidio, narcotráfico, armas de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada, el artículo 5 de esa ley permite agilizar radicalmente el trámite y evitar el proceso judicial tradicional.
Eso significa que, al considerar a dichas personas como una amenaza para el país, las autoridades federales tienen la facultad de realizar algo así como una entrega “exprés” de los capos y con ello evitar largos, tortuosos y a veces tramposos juicios de extradición, llenos de las llamadas “chicanadas”, como en los casos de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40” en que su proceso fue pospuesto en 79 ocasiones o de Omar Treviño Morales, alias “Z-42”, en que ocurrió en 54 ocasiones.
Además, eso le permite al gobierno federal aplicar otra jugada maestra para salvaguardar la soberanía nacional ante la presión del gobierno de Donald Trump que, en una medida unilateral, podría planear una intervención militar luego de la firma de la orden ejecutiva que faculta a las fuerzas armadas de ese país a actuar extraterritorialmente en contra de los carteles de la droga, considerados por Estados Unidos como grupos terroristas. Interesante, diría el “Chicharito”.
Va Morena por mayor concentración del poder
En un esfuerzo desesperado, expresidentes del Instituto Nacional Electoral (INE), y de su predecesor el Instituto Federal Electoral (IFE), buscan convencer a los legisladores del partido oficial de que dentro de la reforma electoral planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum, siga habiendo un espacio para la representación proporcional que le dé voz a las minorías. Una misión que francamente se antoja imposible dada la cerrazón mostrada por la militancia morenista.
Un intento que refleja no sólo la preocupación por garantizar la pluralidad democrática, sino también el riesgo de que, con la eliminación de estos asientos, se reduzca la diversidad política y limite aún más el debate legislativo en un momento en que la inclusión resulta crucial para la estabilidad institucional del país.
En un escrito, leído por María Marván, José Woldenberg recordó que fue la izquierda democrática la que planteó, en sus orÍgenes, que el porcentaje de votos se tradujera exáctamente en el porcentaje de escaños y resaltó la necesidad de que la reforma electoral, al igual que todas las que le antecedieron, sea aprobada por consenso de todas las fuerzas políticas y no por la imposición de un solo partido.
Los legisladores plurinominales son esenciales porque garantizan la representación de grupos con menor presencia electoral y fuerzas políticas que, aunque no ganen la mayoría de votos en distritos específicos, representan intereses significativos de la sociedad.
En las elecciones de 2024, por ejemplo, Movimiento Ciudadano obtuvo aproximadamente 6.5 millones de votos, alrededor del 11% del total nacional, sin embargo sólo logró un escaño uninominal. Gracias al sistema de representación proporcional, MC recibió 19 diputaciones plurinominales permitiéndoles tener una presencia significativa en la Cámara de Diputados y defender temas como la transparencia, la justicia social y la rendición de cuentas.
En contra hay críticos, entre ellos la propia Sheinbaum, que aseguran que se ha pervertido la idea esencial para convertirse en un sistema de cuotas en donde los liderazgos de los partidos reparten a discreción las posiciones entre políticos que dificilmente hubieran ganado en las urnas dada su mala reputación y que si se han mantenido vigentes es gracias a esa figura; ahí están los emblemáticos caos de Carlos Romero Deschamps y de Alejandro “Alito” Moreno.
Pero todo esto al final será historia, Morena se alista, una vez convencidos sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo a desaparecer la representación proporcional. Hoy las condiciones le favorecen. Sin escaños plurinominales el partido oficial podrá obtener mayor representación en las cámaras con menos competencia facilitando la aprobación de leyes y reformas que apuntan a la monopolización de su poder por varios lustros.
Sin hacer olas la última sesión de la Suprema Corte
El martes pasado parecía ser el cierre definitivo, pero el actual pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá una sesión extraordinaria y, ahora sí última, el próximo martes 19 de agosto. La razón no podía ser otra que legal: discutir temas electorales, pues hasta el 28 de agosto se pueden recibir impugnaciones contra la elección de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Con ello, la ministra presidenta Norma Piña dejó abierta la posibilidad de una sesión extraordinaria más, en caso de llegar impugnaciones entre el 19 y el 28, mero trámite para la declaratoria de la elección de los futuros integrantes del Tribunal Electoral.
La que por lo pronto es la penúltima sesión transcurrió sin hacer olas, sin complicar el cierre del ciclo abriendo frentes -como se espera sea la última o últimas-, desechándose 138 recursos de inconformidad por la elección de dos magistrados electorales. En reunión privada previa, los ministros descartaron la propuesta de su par Margarita Ríos Farjat, para discutir su proyecto de sentencia sobre prisión preventiva oficiosa, en el que se contemplaba eliminar su carácter de automática, asunto que quedó guardado desde hace más de un año, luego de las elecciones del 2024, cuando la suerte del Poder Judicial Federal quedó echada. Ya les corresponderá a los nuevos ministros abordar el tema, muy probablemente a favor de mantenerla, muy acorde a la exigencia del Ejecutivo.
Ya están contempladas las ponencias a las que llegan los nueve ministros electos y que tomarán protesta el 1º de septiembre en el Senado. Como es sabido, a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llega Hugo Aguilar Ortiz, en lugar de Norma Piña Hernández. Las ministras de la 4T, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, mantienen sus respectivos equipos.
Desaparecen las ponencias de Alberto Pérez Dayán y la vacante que dejó Luis María Aguilar.
A la ponencia de Jorge Mario Pardo Rebolledo llega María Estela Ríos González; la de Juan Luis González Alcántara será ocupada por Giovanni Azael Figueroa Mejía; Sara Irene Herrerías Guerra va a la de Javier Laynez Potisek; Arístides Rodrigo Guerrero García a la de Margarita Ríos Farjat; e Irving Espinosa Betanzo, a la de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
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