Perú y su carrusel de inestabilidad
Perú vive desde hace una década en un círculo vicioso del que no hay salida aparente. El diez años, siete presidentes pasaron por una silla que parece maldita. Cinco de ellos -Pedro Pablo Kuczynski, Martín Viscarra, Manuel Merino, Pedro Castillo y ahora Dina Boluarte-, no concluyeron su mandato. A ellos se suman cuatro expresidentes procesados o acusados por corrupción, y uno –Alan García-, que se quitó la vida en 2019 cuando iba a ser detenido por el caso Odebrecht. Ningún país de América Latina logra igualar esa inestabilidad política.
Dina Boluarte fue destituida el viernes pasado por un cargo por demás ambiguo como puede ser “incapacidad moral permanente”, un término que además esta previsto en el Artículo 113 constitucional y más que un delito es una herramienta política para deshacerse de un presidente que le resulta incómodo al Congreso.
Las credenciales del mandatario entrante, José Jerí, no son mejores que las de Boluarte. Como presidente del Congreso, apenas el 9% de los peruanos aprobaban su gestión, según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), por debajo del 12% que promedia ese cuerpo legislativo. Cuando llegó al Congreso tenía intereses en los sectores de la construcción y transporte de los cuales no se deslindó por lo que fue denunciado por conflicto de intereses.
Hace apenas dos años fue mencionado en investigaciones por supuestos contratos irregulares dentro del Parlamento; nunca fue sancionado pero su reputación quedó trastocada. A todo eso habría que agregar unas convicciones políticas oportunistas que lo han llevado a apoyar primero a Castillo y luego a Boluarte, a quien no dudó en darle el empujón final.
Nada es gratis en esta vida y los costos los han tenido que ir pagando los peruanos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el crecimiento para este año será de 2.1% muy por debajo del promedio regional de 3%. La inversión extranjera directa cayó 12% a consecuencia de esta inestabilidad política y la pobreza alcanza al 27.5% de los ciudadanos. La crisis institucional ya provocó la parálisis de la industria minera y el retiro de proyectos energéticos clave, acompañado de un desempleo juvenil que alcanza el 15% en zonas urbanas.
El futuro ya tiene fechas: elecciones generales el 12 de abril de 2026, una eventual segunda vuelta el 7 de junio, y la toma de posesión del nuevo gobierno el 28 de julio. El truco está en que Jerí podría contender legalmente por la Presidencia si renuncia antes del cierre de la inscripción de candidaturas y, aunque aún no ha declarado si lo hará, lleva el mismo sello de ambición de sus predecesores.
Entre los países vecinos hay un silencio absoluto. Ningún presidente manifestó su respaldo, pero tampoco se ha pronunciado en contra. Perú se ha convertido en un laboratorio de sus propios fracasos: cada crisis produce un interino; cada interino promete una transición, cada transición termina en un colapso y de ahí a volver a empezar. Sin una reforma que devuelva legitimidad al sistema el país seguirá dando vueltas en el mismo carrusel.
Nuevo Poder Judicial: tumbos y críticas
A un mes de que iniciaron sus encargos, algunos jueces y magistrados ya han protagonizado la mala nota, con lo que han dado la razón, al menos hasta ahora, a juristas que anticipaban que sería un error incluir a incipientes juzgadores que, en varios casos, se han visto envueltos en episodios de inexperiencia o falta de preparación.
Entre los ejemplos, se han registrado casos en que han confundido términos legales o que han mostrado un total desconocimiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, por lo que han tenido que ser corregidos en plena audiencia o en algunas ocasiones incluso ha sido necesario que tomen cursos de especialización.
Otro caso que ha generado polémica fue el de una juez de distrito en materia penal quien solicitó licencia para retirarse del cargo, lo que llevó a interpretaciones como que la presión la llevó a tomar esa decisión, lo que podría impulsar que otros juzgadores sigan su camino al no sentirse seguros de sus conocimientos.
Desde luego, no han faltado los casos en que la afinidad política de algunos juzgadores ha salido a relucir, como en el de un juez que asistió a un mitin ataviado con una playera que le mostraba como “juez del bienestar” o el de un ex precandidato de Morena en Guerrero, a quien hasta se le ha visto en redes sociales portando armas de grueso calibre.
Ni qué decir de quienes, por decisión propia, han optado por difundir en redes sociales comportamientos que pueden ser calificados como banales, tal es el caso de una magistrada en Baja California que presume desde su “outfit de la semana” hasta sus rutinas de ejercicios, lo que le ha valido tundas digitales.
El caso es que la reforma al Poder Judicial ha sido objeto de fuertes críticas desde su concepción, pasando por el proceso de las campañas hasta ahora en la realidad de la operación cotidiana, lo que le ha restado credibilidad al sistema de impartición de justicia.
Por el bien de la justicia, esperemos que con el paso del tiempo las y los nuevos impartidores de justicia por fin se acoplen a sus encargos y estos episodios queden solamente como parte de desafortunadas anécdotas, que hasta este momento han dejado muy mal parado al nuevo Poder Judicial.
Paradores integrales para el autotransporte
Actualmente, en los más de 51 mil kilómetros de la red carretera federal, existen unos 450 paradores para el autotransporte, sin embargo, no todos cuentan con todos los servicios, ni estacionamientos con la capacidad suficiente, sobre todo en las diferentes configuraciones del transporte de carga. A ello se suma que no existe una distribución adecuada, pues mientras en algunas autopistas escasean.
Es por ello que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tiene el proyecto de la construcción, ampliación y modernización de Paradores de Servicios Integrales. Se trata de instalaciones que brinden descanso y salvaguarda de los usuarios, así como servicios al conductor como áreas de alimentación, sanitarios, pernocta, primeros auxilios, incluyendo recarga de combustible, estacionamiento para vehículos ligeros, autobuses y de carga, entre otros.
Dichas instalaciones deberán diseñarse de acuerdo con las necesidades y características particulares de cada carretera y región, con el objetivo de disminuir la incidencia de accidentes y dar cumplimiento a lo establecido en la NOM-087-SCT-2-2017 que establece los tiempos de conducción y pausas para conductores de autotransporte federal, que es de 30 minutos por cada cinco horas continuas de manejo.
Tania Carro Toledo, subsecretaria de Comunicaciones y Transportes de la SICT, en compañía de Luis Ruiz Hernández, director General de Autotransporte Federal de la SICT, estuvieron en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, donde hablaron de las acciones para mejorar la operación y seguridad del autotransporte federal, entre ellas destacan los Paradores de Servicios Integrales.
Para este año, se tiene como meta regularizar y mejorar 13 paradores ya existentes que cuentan con todos los servicios, así como contar con diez nuevos paradores, que requieren de una inversión estimada de entre 50 y 100 millones de pesos. De acuerdo a los funcionarios de la SICT, ya se cuentan con más de diez solicitudes de inversionistas interesados en su desarrollo, con la meta de contar al final de la administración con entre 30 y 50 Paradores de Servicios Integrales.
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