Brugada: legislar para justificar
Tras poco más de un año en la jefatura de Gobierno, Clara Brugada envió al Congreso capitalino un paquete de cinco iniciativas que ,más que reflejar un programa articulado, parecen el intento de construir una narrativa para justificar o dar sentido a una agenda cuyos resultados han sido extremadamente limitados.
Las propuestas abarcan temas que indiscutiblemente son del interés ciudadano: un Sistema Público de Cuidados; penas más severas para lesiones de género; sanciones por amenazas; reformas para combatir el despojo y la homologación del delito de asociación delictuosa con la legislación federal. Pese a su relevancia, al analizarlas en conjunto, se percibe una sensación de improvisación (una respuesta más reactiva que estructural) en un gobierno que hasta el momento no ha mostrado resultados tangibles ni en seguridad, ni en movilidad, ni en servicios urbanos.
Sin lugar a dudas, el proyecto más ambicioso es el Sistema Público de Cuidados. Brugada propone tres derechos: ser cuidado, cuidar y autocuidarse. Es una apuesta con dimensión social. Hasta ahí todo bien, la pregunta inmediata es, ¿de dónde saldrán los recursos? De acuerdo al presupuesto de egresos 2025, solo el 0.6% del gasto total de la Ciudad se destina actualmente a programas de cuidados o atención social directa, insuficiente para sostener una red de centros de atención infantil, adultos mayores y personas con discapacidad. Una idea con un gran alcance popular, pero que sin recursos puede quedar en el discurso.
La reforma para aumentar penas por lesiones de gravedad por razón de género y la de sancionar con mayor severidad las amenazas responden a una demanda social innegable: la violencia contra las mujeres que se mantiene en niveles extremadamente alarmantes. En lo que va del año, la fiscalía capitalina ha abierto 23 mil carpetas de investigación por violencia familiar y 345 por feminicidio o tentativa de feminicidio, cifras que se mantienen prácticamente igual que el año anterior. Endurecer las penas está bien, pero si no está acompañada de una estrategia de prevención y acceso real a la justicia, se quedan en el castigo, lo que como política pública resulta de muy poca utilidad.
En cuanto al delito de despojo, la intención es proteger a las víctimas de invasiones o fraudes inmobiliarios. Solo en 2024 se registraron más de mil 400 denuncias por despojo de inmuebles en la Ciudad de México, y menos del 10% llegó a una sentencia. El problema ahí más que legal es procesal y no se va a resolver mientras las fiscalías y los juzgados civiles no hagan su trabajo eficientemente.
Para finalizar, la homologación de leyes locales con la legislación federal, incluyendo el delito de asociación delictuosa, parece más una actualización técnica que una iniciativa transformadora. En una ciudad donde los homicidios dolosos aumentaron 7% durante los primeros ocho meses del año, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este tipo de ajuste parece muy menor frente a la magnitud de los desafíos cotidianos.
En suma, piezas sueltas que no reflejan una política de gobierno. Las propuestas ya están en el Congreso capitalino, sin embargo, la prueba de fuego no estará en el dictamen de los legisladores sino en la vida cotidiana de millones de capitalinos que siguen esperando resultados en seguridad, transporte y servicios.
Porque al final legislar no es gobernar.
Bloqueos en CMDX: el “caminito” de las protestas
Como si existiera un manual de operación, manifestantes de todos tipos, ya sean servidores públicos que demandan mejoras salariales, personas inconformes con servicios o víctimas que exigen justicia ya saben cuál es el “caminito” para hacer notar su inconformidad: movilizarse y bloquear vialidades.
Aunque no forzosamente signifique que su problema sea resuelto de inmediato y genere afectaciones para millones de personas que diariamente deben transitar por las calles de la Ciudad de México para dirigirse a sus centros de trabajo, escuelas u hogares, el pensamiento de quienes se manifiestan estima que entorpecer el paso de los demás implicará la solución a sus demandas.
Hace unos meses, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estimó que tan solo las movilizaciones, marchas y plantones realizados durante 20 días por integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) generaron un impacto de 250 millones de pesos en ventas no realizadas.
No obstante, pese al enorme despliegue de recursos humanos y materiales que ocupó el magisterio para sus protestas, no obtuvieron lo que buscaban y debieron regresar a sus estados de origen, con la idea de regresar con nuevos bríos a buscar que se cumplan sus irreales demandas.
Este martes y ayer miércoles, algunos trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT), particularmente de las sedes centro, oriente y sur de la CDMX, decidieron seguir el ejemplo, iniciaron un paro de “brazos caídos” y bloquearon vialidades como Paseo de la Reforma, el Viaducto Miguel Alemán o Calzada de Tlalpan en demanda de mejoras salariales y laborales.
No obstante, hasta el cierre de esta edición, no existía un acuerdo que atendiera los reclamos de los burócratas y continuaban los bloqueos con las implicaciones que ello genera para miles de personas que ni la deben, pero que cada que se realiza una protesta deben pagar el precio de la inconformidad de unos cuantos y, como siempre, las autoridades no hacen nada por liberar el tránsito vehicular con el famoso argumento de la libre manifestación. No cabe duda, solo en México.
Y usted, ¿tiene su visa vigente?
A al menos 50 políticos y funcionarios de Morena, y decenas de otros partidos, se les habría revocado su visa estadounidense, como parte de las acciones de la administración Trump contra los cárteles del narcotráfico, hoy devenidos en organizaciones terroristas, y sus aliados políticos, de acuerdo a la agencia Reuters.
Igual de interesante que la información, es que quienes lo confirmaron fueron dos funcionarios mexicanos, uno de ellos descrito como “un destacado político mexicano del régimen actual”. Es decir, ahora la filtración no vino de allá, sino de acá, lo que podría tener la intención de acelerar una purga de indeseables, aprovechando el uso político de la revocación de visas del actual gobierno de Estados Unidos, que se ha convertido en una especie de certificado de buena conducta bajo el muy válido “nos reservados el derecho de admisión”.
Públicamente, se sabe que les retiraron la visa a varios personajes fronterizos, para los que cruzar la frontera era tan cotidiano como tener una vida hecha en el país vecino: la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Olmedo y a su todavía esposo de quien ya anunció que se va a divorciar, Carlos Torres Torres; el presidente municipal de Nogales, Juan Francisco Gim; el diputado local de Morena por Matamoros, Mario López Hernández; la subsecretaria de Gobierno de Coahuila, Sonia Villarreal Pérez, y el esposo de la presidenta municipal de Mexicali, Luis Samuel Guerrero.
Curiosamente, apenas conocida la noticia de los 50 y más, en el Senado comenzó un pase de lista con los medios, donde varios legisladores confirmaron contar la visa. Al llegar a Adán Augusto López, en lugar de decir si tiene o no visa, contestó que no habla de temas que no conoce ni temas personales. Peor se vio al repetir lo mismo en lugar de negarlo, cuando le preguntaron su opinión sobre supuestos audios de conversaciones entre él y la senadora Andrea Chávez donde se refiere despectivamente de la presidenta.
Finalmente, contrario a lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum de que se trata de una información personal -y lo es-; si dos funcionarios mexicanos estuvieron en posibilidad de confirmar la información a Reuters es porque hay un intercambio de información con Estados Unidos que lo permite y que, incluso, se presumiría que hay el aval para darlo a conocer extraoficialmente, lo que lleva a preguntar, ¿quiénes en días recientes recibieron el aviso de que se les había revocado la visa?
Búsqueda silenciosa: cuando el trabajo actual ya no es suficiente
La búsqueda silenciosa, cuando una persona explora nuevas oportunidades laborales mientras mantiene su empleo actual sin comunicarlo a su empresa, se ha convertido en una práctica común entre los trabajadores en México. De acuerdo con el “Termómetro Laboral” de OCC, la bolsa de trabajo en línea líder en el país, siete de cada diez personas han puesto en práctica esta modalidad. Pero más allá del dato, la pregunta central es: ¿por qué tantos mexicanos buscan empleo si ya cuentan con uno?
La respuesta no se limita al aspecto salarial. Los trabajadores buscan afuera lo que no encuentran dentro: oportunidades de crecimiento, reconocimiento, equilibrio o un entorno que valore su contribución. Muchas personas permanecen en sus puestos con la sensación de que, aunque cumplen con sus responsabilidades, no avanzan o no logran proyectarse dentro de la organización.
Esa sensación de estancamiento se ha convertido en un detonante silencioso. No siempre implica la intención inmediata de renunciar, pero sí refleja la necesidad de explorar otras posibilidades, medir el propio valor profesional o visualizar caminos distintos de desarrollo.
Desde la perspectiva empresarial, este fenómeno no debería interpretarse únicamente como un indicador de rotación, sino como un llamado de atención sobre la vinculación del talento con la organización. Muchas veces, el reto no está solo en conservar a los empleados, sino en fortalecer la conexión, la comunicación y las condiciones que impulsen su desarrollo.
La búsqueda silenciosa, en ese sentido, no representa una falta de compromiso, sino una manifestación del dinamismo del mercado laboral y de las nuevas expectativas que los trabajadores tienen frente al empleo. Comprender estas motivaciones puede ayudar a las empresas a diseñar estrategias de retención más efectivas, centradas en el reconocimiento, la formación y el bienestar integral. Al final, más que preocuparse por quién podría irse, las organizaciones deberían enfocarse en crear entornos donde las personas quieran permanecer.
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