Fiscalía CDMX: cuando la información oficial confunde
Donde no existe una adecuada comunicación es en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ya que en los últimos días se han registrado errores sensibles al dar a conocer información de casos relevantes, como ocurrió con el homicidio del abogado David Cohen Sacal.
El pasado 13 de octubre, luego de que agredieran con arma de fuego al litigante cuando caminaba en inmediaciones de la denominada Ciudad Judicial, la Fiscalía capitalina informó, a través de una tarjeta informativa, que la víctima había fallecido, pero minutos más tarde se retractó al señalar que seguía con vida en estado grave. Al día siguiente, muy temprano volvió a señalar, ahora sí, que Cohen Sacal murió.
Aunado a eso, la misma tarjeta dada a conocer el día de los hechos, aseguraba que el joven que fue enfrentado y detenido por un agente de la Policía de Investigación, le habría disparado con un arma de fuego al jurista, ocasionándole una lesión en la cabeza.
Sin embargo, días después, la fiscal Bertha Alcalde señaló en conferencia de prensa que para conocer quién le disparó al agraviado era fundamental analizar los elementos balísticos y tener periciales en criminalística para realizar la reconstrucción de hechos, así como apoyarse en los videos y testimoniales del asunto.
El caso es que adelantarse, sobre todo al tratarse de un tema de alto perfil, y asegurar datos no confirmados representó que la propia Alcalde Luján tuviera que disculparse públicamente con la familia del abogado y afirmar que se tomarían medidas para que algo así no vuelva a ocurrir.
Lamentablemente, los errores de comunicación en la dependencia de procuración de justicia han sido constantes en los últimos meses. Desde dar a conocer datos personales de víctimas o información que hace identificable a imputados, hasta difundir información mucho después de ocurrida, como en el caso de un adolescente que fue encontrado sin vida luego de un intento de ascenso al volcán Iztaccíhuatl, lo que fue publicado tres días después de su hallazgo.
Los vacíos o errores de información generan especulaciones y “fake news” que, con el paso del tiempo, son muy difíciles de aclarar o contrarrestar, por lo que, de seguir con esa misma línea, en no mucho tiempo la dependencia a cargo de Bertha Alcalde Luján podría estar inmersa en severa una crisis de credibilidad, razón por la que urge que su equipo de comunicación rectifique el camino para sumarle y no restarle a su jefa.
IEPS: la salud como estrategia fiscal
Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó la reforma del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, mejor conocido como IEPS, que eleva las cuotas de bebidas azucaradas, con edulcorantes, cigarros, apuestas y videojuegos violentos. La medida forma parte de la Miscelánea Fiscal 2026.
La narrativa oficial no aporta nada nuevo: se busca “desincentivar el consumo de productos dañinos para la salud” y “promover conductas responsables”, particularmente entre jóvenes y sectores de bajos ingresos. Pero detrás del discurso provechoso se esconde una duda: ¿De verdad estos impuestos transformarán los malos hábitos de millones de mexicanos o simplemente se trata de un remiendo recaudatorio?, porque estamos hablando de una recaudación en IEPS de 761 mil 500 millones de pesos para el próximo año.
Los argumentos que abogan por el cuidado de la salud, en el sentido de prevenir antes que enfrentar las consecuencias, son avasalladoras. Datos del INEGI señalan que la obesidad afecta al 72% de la población adulta de nuestro país, mientras que el tabaquismo conduce a la tumba a 63 mil fumadores cada año. El gasto público en enfermedades relacionadas con el consumo nocivo supera los 230 mil millones de pesos anuales. Argumentos suficientes para justificar una mayor recaudación fiscal siempre y cuando esos dineros financien programas de combate y prevención.
Para los escépticos hay claras evidencias de que este tipo de políticas funcionan. Estudios en México y en el extranjero confirman que impuestos moderados a productos dañinos pueden reducir su consumo entre 5% y 10% y, a largo plazo, disminuir enfermedades crónicas.
En el caso de las bebidas azucaradas una investigación de la Universidad de Carolina del Norte reportó una reducción de 9.7% en compras durante los dos primeros años del impuesto implementado en 2014.
En cuanto al tabaco, la OMS ha documentado que cada aumento de 10% en el precio reduce el consumo entre 4% y 8% particularmente en adolescentes.
La estrategia funciona, pero no se trata nada más de recaudar. Si no se acompaña de campañas educativas, subsidios a alimentos saludables y control de publicidad, de muy poco sirve. Se requiere de transparencia y coherencia en el gasto. La experiencia en nuestro país no ha sido la mejor, entre 2014 y 2017, el IEPS a bebidas aportó más de 70 mil millones de pesos al fisco, pero solo una mínima parte se invirtió en agua potable o educación alimentaria. Las consecuencias son de sobra conocidas, México ocupa el segundo puesto en obesidad a nivel mundial, solamente precedido por Estados Unidos.
El problema no es cobrar más sino gastar mejor…
De expropiaciones a ocupaciones temporales en sector petrolero
El viernes pasado, el diario Reforma tuvo como noticia principal “Podrán expropiar plantas de energía”, informando, ya en el detalle, que el nuevo Reglamento de la Ley de Hidrocarburos contempla que la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía (CNE) podrán tomar el control temporal de empresas de hidrocarburos por causas de fuerza mayor o por riesgos a la seguridad nacional o energética, por un plazo no mayor a 36 meses e -importante-, indemnizar bajo las normas de una expropiación, citando específicamente el artículo 312 de dicha norma.
En nota de El Financiero del mismo día, Merlín Cochran, director general de Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI), dijo entender que el artículo de la Ley podía verse sensacionalista, pero opinó que no es el caso, pues la industria no está preocupada y que el marco normativo no se debe tomar cláusula por cláusula, sino de manera integral.
En efecto, hay que revisar el reglamento de manera integral y no quedarse con la nota periodística, y menos con el titular. El nuevo Reglamento contempla una sección primera sobre la ocupación temporal, la cual aplica con la finalidad de satisfacer una necesidad de utilidad pública, cuando el permisionario incumpla sus obligaciones por causas no imputables a éste, como casos de “guerra, desastre natural, grave alteración del orden público o hacer frente a peligros inminentes que atenten contra la seguridad nacional, la energética o la economía nacional”, dice el artículo 309, con el que inicia la sección compuesta de siete artículos donde se precisa el procedimiento y sus tiempos.
Lo que es más, la sección segunda aborda la intervención, cuando el permisionario incumpla sus obligaciones, por causas imputables a éste, “y ponga en peligro grave el suministro de los hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos relacionados con el objeto del permiso”. Dicha intervención también puede durar hasta 36 meses y, sin embargo, la Ley no contempla en este caso la posibilidad de proceder conforme a la Ley de Expropiación.
Si bien es cierto que el Reglamento considera la expropiación como un referente ante una ocupación temporal para la compensación, también lo es que se trata de escenarios poco probables donde se pueda dar, aunque posibles, por lo que es necesario contemplarlos, sin que esto deba provocar falsas alarmas a los inversionistas.
Think Tank Inmobiliario
El martes de la semana pasada, el WTC de la Ciudad de México fue sede de la segunda edición del Think Tank Inmobiliario, una iniciativa que forma parte de la plataforma del grupo de empresas del sector que conforman Liga Inmobiliaria, que tiene el objetivo de identificar y promover ideas que puedan transformar el sector.
Horacio Urbano, CEO de Liga Inmobiliaria, explicó que el Think Tank surgió de la necesidad de contar con proyectos novedosos que ofrezcan respuestas y soluciones para el sector. Por ello, destacó la importancia de que los innovadores que desarrollan ideas cuenten con canales de salida, apoyo y visibilidad de los principales actores de la industria, a fin de crear sinergias mutuamente beneficiosas.
En su participación, Carlos Ramírez Capó, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), destacó que, para continuar construyendo vivienda, los desarrolladores deben trabajar en coordinación con los tres órdenes de gobierno. El presidente de Canadevi se mostró a favor de la implementación del Programa de Vivienda para el Bienestar, aunque señaló que será necesario fortalecerlo y ampliarlo a otros segmentos para facilitar la construcción de más viviendas. En su intervención, Jesús Orozco de la Fuente, Head of North Latam by Accumin, habló sobre los principales retos que enfrenta la industria de la vivienda en México, especialmente en materia de tramitología e hizo hincapié en la sobrerregulación que se tiene en nuestro país.
Durante el segundo capítulo del Think Tank Inmobiliario, participaron cuatro proyectos que, desde distintos enfoques, buscan impulsar la innovación en el sector inmobiliario y que fueron presentados ante un comité integrado por Paulina Prieto, Head Retail Products & Digital Solutions de Scotiabank; José Ángel Borbolla, CEO de Cibergestión Latam; David Vainer, Director de Operaciones de Grupo Sadasi y Enrique Macotela, arquitecto de University Tower y socio de Desarrolladora del Parque.
Para concluir el evento se contó con la participación de Fernanda Lonardoni, jefa del Programa para México, Cuba y Centroamérica de ONU-Habitat, quien destacó las acciones que se realizan desde la agencia para garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada.
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