Impuesto al refresco: ¿menos Coca en el refri o más dinero al fisco?

Severas críticas ha recibido la presidenta Claudia Sheinbaum a raíz de sus declaraciones sobre la actualización a algunos impuestos, particularmente de las bebidas azucaradas, ya que entre la controversia por el eufimismo que utilizó para suavizar el tono del aumento y la promesa hecha en campaña de que no habría nuevas tributaciones, el tema ha generado molestia.

Apenas la semana pasada, la mandataria federal refirió que la medida no tenía fines recaudatorios, sino que obedecía a temas de salud, puesto que con el incremento si una persona consume 30 refrescos al mes podría tomar 29, es decir reducir un refresco por mes, lo que muchos han interpretado como una burla, ya que de nada serviría reducir el consumo de una bebida azucarada.

Además, mucho se ha dicho sobre que los impuestos recaudados en rubros como bebidas azucaradas, alcohol o cigarros no tienen como destino final el sector salud, sino que se utilizan para otros fines, como es el caso de los programas sociales que tantos dividendos han dejado al gobierno federal desde hace siete años.

En su momento, con miras a convencer al electorado, Sheinbaum Pardo descartó que hubiera una reforma fiscal o nuevos impuestos y aseguró que el gobierno se centraría en mejorar la recaudación que existía, sin embargo, para muchos, las actualizaciones, como se le ha llamado al incremento del IEPS, que involucra bebidas azucaradas y videojuegos, entre otros, han generado inconformidad entre varios sectores que consideran que la presidenta mintió.

El caso es que las actualizaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios son vistos como un golpe importante al bolsillo de los contribuyentes, más que un tema de salud, puesto que hay quien asegura que dichas medidas solamente representan un camino para obtener ingresos a fin de cubrir el alto déficit fiscal y financiar el gasto social.

Lo único que va a ocurrir es que quizá los empresarios del ramo buscarán opciones para evitar que el consumo se reduzca, mientras que la población, a menos de que se impusiera un aumento desproporcionado en el precio de las bebidas azucaradas, seguirá consumiéndolas ya que el mal hábito de tener un refresco en el refrigerador, antes que comida saludable, difícilmente se eliminará de la costumbre del consumidor mexicano.

Una cruzada contra la extorsión

Hace tiempo la extorsión dejó de ser un delito marginal en nuestro país; de hecho se ha convertido en una de las mayores amenazas para la seguridad ciudadana, para el tejido económico y para la credibilidad del Estado.

Frente a este escenario la iniciativa de ley que se discute esta semana en la Cámara de Diputados propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se presenta más que como una acción relevante, como una respuesta urgente ante un delito que se ha desbordado y cuya impunidad amenaza con normalizarlo.

Los datos disponibles presentan un panorama desolador. De acuerdo al Instituto de Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024 se reportaron 33.5 millones de delitos en México, asociados a 23.1 millones de víctimas. Entre estos delitos, la extorsión fue uno de los que más repuntaron: la tasa pasó de 5 mil 213 casos por cada 100 mil habitantes en 2023 a 5 mil 971 al año siguiente.

Números de por sí preocupantes pero que se alejan por mucho de la llamada “cifra negra”, que se estima en hasta el 97.9% de las extorsiones, que no se denuncian y por ende no se investigan. Un foco de alerta que nos revela un delito en expansión que permanece en la mayoría de los casos fuera del radar institucional.

Un rasgo particularmente alarmante es que una proporción significativa de las extorsiones, sobre todo en la modalidad telefónica, se cometen desde centros penitenciarios. Reportes del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Guardia Nacional, han documentado que más del 40% de las llamadas de extorsión provienen de reclusorios federales y estatales , lo que deja al descubierto el control operativo que mantienen grupos criminales dentro de las cárceles y la debilidad institucional para contenerlos

La iniciativa propuesta por la jefa del Ejecutivo pretende que se efectúe una transformación profunda a partir de tipificar la extorsión de manera homogénea de forma tal que se armonicen las leyes federales y las locales unificando criterios; que se investigue de oficio el delito; que se impongan condenas más severas (un mínimo de 6 a 15 años para el tipo básico) y agravantes cuando la víctima sea menor de edad, migrante embarazada o cuando intervenga un servidor público.

Un proyecto de tal envergadura genera dudas importantes empezando por la capacidad de las fiscalías en recursos humanos, financieros y técnicos para asumir una persecución de oficio eficaz. Elevar las sanciones sin atacar simultáneamente las causas puede ser insuficiente, la prevención debe ir acompañada de la mano firme ¿Existen las garantías para salvaguardar los derechos humanos de presuntos culpables y que las víctimas gocen de mecanismos efectivos de protección? ¿Cómo se va a medir el impacto de esta ley?

La extorsión representa un impuesto criminal que destruye emprendimientos, silencia comunidades y erosiona la gobernabilidad. Hay que devolverle al ciudadano la certeza de que es el Estado, y no el crimen, el que impone las reglas.

Operaciones terrestres y marítimos: no solo contra Venezuela

El jueves pasado, en conferencia de prensa acompañado de su gabinete de Seguridad, el presidente Donald Trump hizo dos declaraciones que no pueden verse aisladas, pues erróneamente algunos lo han interpretado o informado como si en una se tratara solo de Venezuela y la otra, como la narrativa reiterada de que el narcotráfico controla México.

Trump habló del éxito que han sido las operaciones marítimas contra el narcotráfico -es decir, los hundimientos de embarcaciones-, por lo que se pasaría a la siguiente fase, que serían las operaciones terrestres. El mandatario estadounidense fue muy claro respecto a que el combate al narcotráfico ya no se enfoca en el decomiso de droga, sino en su confrontación militar directa, como lo han sido los ataques con misiles a lanchas en el Caribe y uno en el Océano Pacífico, contando nueve hundimientos hasta este viernes, con saldo más de 30 muertos.

En ese tenor del combate al narcotráfico devenido en terrorismo, Trump reiteró lo que ya ha dicho en otras ocasiones respecto a que “México está gobernado por los cárteles”, aunque manifestando su respeto y reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Si bien el escenario de operaciones militares marítimas y terrestres es más evidente en el caso venezolano, en la lógica del combate al narcoterrorismo, el alcance es para toda la región. Así como se registró el primer hundimiento de una embarcación en aguas internacionales frente a las costas del Pacífico colombiano y, a decir de su presidente Gustavo Petro, de una lancha con ciudadanos de ese país, en cualquier momento se puede dar el hundimiento de una embarcación en aguas internacionales frente a costas mexicanas.

En la misma lógica, la fase de las operaciones terrestres abarcan un amplio margen, incluso lo último que podría pasar es una invasión, entendiendo por ello un despliegue de tropas ocupando un territorio. Así como lo advirtió Trump en el caso de Colombia, podrían realizar acciones para destruir plantíos de droga, u operativos dirigidos contra líderes del narcotráfico en cualquier parte del mundo, incluyendo por México, sede de seis de las once organizaciones del narcotráfico hasta ahora designadas como terroristas y, a decir del magnate, “gobernado por los cárteles”. En cualquier caso, tiene la narrativa que justifica las acciones “a la mala”, como en el caso de Venezuela y Colombia, o “a la buena”, para México, contra el enemigo mayor, el narcotráfico.

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