Caída en Estado de Derecho y sin reforma judicial
México retrocedió tres lugares en el Índice de Respeto al Estado de Derecho 2025 elaborado por la organización World Justice Project, pasando a la posición 121 de 143 países evaluados. El índice está integrado por ocho subcomponentes que incluyen a su vez varios indicadores: contrapesos al poder gubernamental; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento de la ley; justicia civil y justicia penal.
En el subcomponente de contrapesos al poder gubernamental, México pasó del lugar 106 al 108; en orden y seguridad, se ubica en la posición 132 y en justicia criminal está en el 135 de 143 países.
Si parece que la caída es mínima después de la reforma judicial, o a pesar de las acciones contra la delincuencia organizada de la actual administración, hay que señalar que la evaluación corresponde al año 2024, o sea los últimos nueve meses del sexenio de AMLO y apenas tres de Sheinbaum, no incluye lo que estamos viviendo ahora, con una nueva versión de facto de la Policía Federal, con jueces que no distinguen entre víctima e imputado, que piden licencia porque apenas se dan cuenta en lo que se metieron o ministros que leen definiciones que les arroja la IA.
Como estará la situación que, en materia de impartición de justicia, en la medida de lo posible y aplicable, quienes tengan un conflicto legal podrían tener mejores posibilidades de éxito en buscando aplicar los medio olvidados Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) o, en el caso de empresas con contratos, incluyan en estos opciones como paneles de prevención y resolución de controversias – conocidos como Dispute Board-, para evitar llegar a litigios que ya eran largos y costosos, y ahora con un mayor grado de incertidumbre.
Habrá que esperar la edición 2026 para ver cuántos lugares más cae México con lo que va del primer año de la administración Sheinbaum, aunque los efectos de la reforma judicial se verán con mayor plenitud con un año cumplido y la evaluación que se conozca en 2027.
Simón dice mentiras y Fiscalía CDMX se hace bolas
En verdad que ni a quien irle en el caso de Simón “N”, empresario y desertor de la 4T, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Primero, la dependencia capitalina informó en un confuso comunicado que el ex subsecretario de Planeación y Política Turística durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador había sido detenido en Portugal con medidas cautelares, pero nunca precisó que posteriormente quedó en libertad.
Acto seguido, la presidenta Claudia Sheinbaum mostró en La Mañanera del Pueblo un documento en el que se refería que, con motivo de una orden internacional de detención, el ex servidor público fue presentado ante un tribunal de Lisboa, pero derivado de su nacionalidad se encontraba libre, aunque no podía salir de ese país.
Luego entonces, el también abogado y empresario transmitió en vivo en sus redes sociales un video donde desmintió haber sido detenido, mandándole un mensaje a la mandataria diciéndole que estaba mal informada, además de que aseguró haber sido víctima de un atentado horas previas.
La comunidad cibernauta reaccionó, por lo que los mensajes de apoyo y las dudas comenzaron a surgir, pero luego de que fue entrevistado por dos periodistas, gran sorpresa nos llevamos todos cuando el teatro que montó Simón se cayó a pedazos al descubrirse que no se encontraba en Washington D. C. como aseguró en sus intervenciones, ya que se encontraba en un hotel de la capital lusitana.
Por el lado de la Fiscalía, el asunto radica en que nunca debió emitir ese boletín, ya que, si bien es cierto que las órdenes de aprehensión en contra de Simón “N” fueron solicitadas y obtenidas por la institución de procuración de justicia capitalina, la competencia del asunto, al menos en este momento, está en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores o en su defecto de la Fiscalía General de la República, que fue quien solicitó a la SRE la colaboración internacional.
El caso es que, aunque la dependencia a cargo de Bertha Alcalde ya lleva varios tropezones por temas de comunicación, como en los casos del joven desaparecido en el volcán Iztaccíhuatl en que informaron su hallazgo tres días después de ocurrido o en el del abogado David Cohen que lo dieron por muerto cuando todavía no fallecía y aseguraron quién fue el tirador para después retractarse, como dijera el periodista Jaime Maussan: Nadie hace nada… ni lo hará.
Vamos a ver en qué termina este tema que, en lugar de verse como un asunto jurídico, tal como lo es, pareciera una telenovela de alto rating, en la que sus integrantes disputan el premio a la mejor actuación, en el caso de Simón, y al mejor libreto, en el caso de la Fiscalía.
Trump y la bomba: El costo del paraíso perdido
Como si se tratara de una ruleta rusa, Donald Trump, en una actitud absolutamente irresponsable por lo que representa, volvió a liberar a los fantasmas de la carrera armamentista. Pasaron tres décadas para que un presidente estadounidense volviera a poner sobre la mesa la apuesta atómica.
Sin pensarlo dos veces -algo evidente por la falta de claridad en el mensaje- ordenó al Pentágono “reanudar de inmediato” las pruebas nucleares para, según sus propias palabras, “mantener al país en pie de igualdad con Rusia y con China”. Una triste despedida al esfuerzo de años de contención, que coloca en jaque el frágil equilibrio geopolítico que el mundo apenas logró sostener tras la guerra fría.
Estados Unidos no realiza una detonación nuclear completa desde 1992, cuando George W. Bush padre impuso una moratoria que luego se convirtió en una norma táctica entre las potencias nucleares. Desde entonces Washington ha realizado más de mil pruebas simuladas por computadora y en laboratorios subcríticos, sin explosión. Ninguna nación había vuelto a intentar cruzar la línea roja. Ni siquiera Rusia o China, pese a su retórica belicista.
El paso que pretende dar la Casa Blanca viola el espíritu del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBT), firmado en 1996 por 187 países -aunque nunca ratificado por la Estados Unidos ni China-. Si bien el tratado no ha entrado formalmente en vigor, había logrado algo más que un documento: un consenso político global.
De acuerdo al Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI 2025) el mundo cuenta hoy con 12 mil 100 ojivas nucleares de las cuales el 80% pertenecen a Rusia (5 580) y a la Unión Americana (5 044). China posee unas 500 pero planea duplicarlas para 2030; India y Pakistán 170 respectivamente. Corea del Norte contaría con alrededor de 50, pero ha incrementado su producción de plutonio pese a las sanciones internacionales. Israel mantiene un mutismo en el número de ojivas con las que cuenta.
Es evidente que la decisión de Trump marca el disparo de salida. Moscú ya ha declarado que “responderá en consecuencia”, y Pekín ha advertido que no permitirá que Washington “recupere la ventaja estratégica perdida”. El ciclo de contención empezó a resquebrajarse: los arsenales amenazan con crecer, los tratados están llegando a su fin y el lenguaje diplomático cada vez es más amenazante.
El costo global de armas nucleares durante 2024 alcanzó los 91 mil millones de dólares, con un incremento del 13% anual, liderado por Estados Unidos (43 mil millones) y China (11 mil millones), según el ICAN Report 2024. La decisión de Trump podría elevar estos números a niveles nunca antes vistos.
En el corto plazo las pruebas podrían tardar meses en materializarse, pero la señal política ya fue enviada con acuse de recibido. El Pentágono ya adelantó que modernizar su infraestructura de ensayos costará 3 mil millones de dólares y tomará cuando menos 18 meses en estar funcional.
Y el mundo a temblar porque más allá del costo, el riesgo es simbólico: una carrera tecnológica por la supremacía nuclear en plena era de inteligencia artificial incrementa el peligro de error o sabotaje.
Lo cierto es que en el fondo Trump no solo busca reafirmar su poderío militar; busca reconstruir la narrativa del miedo inaugurada durante el mandato de Ronald Reagan con su proyecto “Guerra de las Galaxias”. Trump pretende usar la amenaza atómica como palanca electoral y diplomática.
En momentos en donde la humanidad enfrenta crisis climáticas y humanitarias, reactivar proyectos o ensayos nucleares no solo es un retroceso político sino una afrenta moral.
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