Nueva SCJN: ¿autonomía judicial o influencia política?
Desde que se planteó la iniciativa para reformar al Poder Judicial en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha visto inmersa en grandes polémicas y pareciera que esa será la constante durante los próximos años.
Cuando fueron las elecciones para renovar a la SCJN, magistrados y jueces, la existencia de los llamados acordeones que incitaban a los votantes a sufragar su voto a favor de los nueve candidatos que se señalaban en dichas papeletas, las críticas por esta situación no se hicieron esperar.
Una vez que fueron elegidos las y los nueve ministros, la gran mayoría de ellos de extracción netamente morenista, el máximo tribunal del país ha sido severamente criticado por la falta de autonomía judicial, dado a que la influencia política del Poder Ejecutivo ha sido evidente.
Aunado a ello, el tema del desconocimiento e inexperiencia de varios de sus integrantes, con respecto a los asuntos a tratar, así como a los protocolos, procedimientos e incluso hasta la terminología utilizada durante las sesiones del pleno, han resultado como uno de los señalamientos más recurrentes.
Apenas la semana pasada se presentó uno de los casos más polémicos que le ha tocado a la nueva corte resolver, que es precisamente el tema fiscal que involucra a las empresas de Ricardo Salinas Pliego. El pleno de la Corte determinó que sus compañías deberán pagar cerca de 48 mil millones de pesos al fisco, lo que Grupo Salinas Calificó como una persecución política sistemática en contra de su titular.
Pero más allá de que Salinas Pliego sea visto como un impresentable por sus comentarios discriminatorios, amenazantes y ofensivos en redes sociales, lo que resulta cuestionable es pensar que la Suprema Corte de Justicia verdaderamente obedezca a los intereses del gobierno en turno, en este caso de la llamada cuarta transformación.
Tan solo el hecho de que la resolución haya sido emitida el mismo día del cumpleaños del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien el empresario en algún momento tuvo una fuerte amistad, que pasó de los halagos a los ataques mutuos, deja mucho a la imaginación, ya que podría pensarse que ahora toda la carga del oficialismo apunta implacablemente sus baterías en contra del dueño de TV Azteca.
Sería por demás lamentable que esa fuera la constante en los casos que deba resolver el máximo tribunal, que pudieran favorecer al oficialismo, dejando de lado el fin jurídico, ponderando lo político, apartándose de los principios básicos que deben regir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ojalá que las y los nueve ministros puedan mostrarnos que en verdad ponderan la impartición de justicia, por medio de mecanismos que permitan vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución, lo que implica hacer valer los derechos y libertades de las personas. A ver si es cierto.
Jornada Laboral: el frágil equilibrio entre justicia y viabilidad empresarial
México está a punto de dar el salto laboral más ambicioso en un siglo: una reforma en la materia, que contempla la reducción de la jornada de 48 a 40 horas semanales, algo que sin duda -si se plantea de la manera correcta-, acarreará grandes beneficios para los trabajadores, quienes dispondrán así de más tiempo libre para dedicarlo a sus familias, actividades recreativas o para capacitarse, mientras que para las empresas, a primera vista, representará mayores desembolsos.
Como gusta al gobierno de la Cuarta Transformación, la presentación en sociedad de dicha iniciativa tendrá lugar en una fecha emblemática que deje huella política, en este caso hablamos del 115 aniversario de la Revolución Mexicana el próximo jueves.
El camino no será fácil ni estará exento de polémica; para conseguir el objetivo deberá modificarse el artículo 123 constitucional, para lo que se requiere una mayoría calificada en el Congreso y la aprobación de cuando menos 17 congresos estatales. Un hito que renovará de manera profunda las bases del régimen en materia de trabajo de nuestro país.
La propuesta contempla un calendario gradual que llevaría a completar el proceso en un plazo de cinco años, tratando de equilibrar dos urgencias: mejorar la calidad de vida de los trabajadores, por una parte, pero evitando un choque súbito de la economía por la otra.
Hablamos de justicia social. México es de los países de la OCDE en donde más horas se trabajan -2,226 al año, contra un promedio de 1,752-, y pese a esto por dinámicas fallidas su economía lleva más de una década prácticamente estancada.
El sector privado ha mantenido públicamente una narrativa discreta evitando la confrontación, sin embargo, es difícil ocultar que hay preocupación. Las grandes empresas tienen la capacidad para reorganizar turnos, invertir en automatización o absorber el aumento del costo laboral; las pequeñas y medianas empresas, en cambio, enfrentan un escenario más adverso.
Las Pymes constituyen el 99.8% del total de las empresas y generan el 72% del empleo formal; muchas operan con márgenes ínfimos y plantillas reducidas. Reducir horas sin reducir salarios puede incrementar hasta en 20% el costo por hora trabajada, un golpe que muchas no van a poder absorber sin despedir personal, recortar horarios o, peor, pasar a la informalidad; es por esto que, sin una implementación diferenciada, la reforma puede ser muy bienintencionada pero sus efectos podrían resultar regresivos.
Para las empresas de todos los tamaños la reforma terminará por convertirse en un yugo muy pesado si no se acompaña de incentivos fiscales, apoyos para tecnología y productividad, créditos blandos, capacitación y mecanismos de transición trayendo consigo un escenario de cierres masivos, presiones inflacionarias y, como ya se mencionó, un nuevo ciclo de informalidad.
Durante décadas los gobiernos de todos los colores permitieron que la brecha salarial se fuera deteriorando. No hay quien dude que México merece jornadas más humanas, pero también merece una transición responsable, realista y diseñada para no sacrificar a quienes son, finalmente, quienes generan el empleo en nuestro país.
Trenes de pasajeros como sistema de movilidad integral
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una visión del conjunto del sistema de transporte con una perspectiva de movilidad, lo cual se vio durante su administración al frente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Basta ver un mapa del transporte público y ver cómo conectan las líneas del Metro con las del Metrobús, Trolebús, RTP, Cablebús, Tren Suburbano y Tren Ligero.
Con esa misma visión, Andrés Lajous Loaeza, ahora titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), tiene a su cargo los proyectos de trenes para pasajeros de la actual administración, los cuales están contemplados en cuatro etapas, siendo la primera, AIFA-Pachuca; CDMX-Querétaro y Querétaro Irapuato; la segunda, Querétaro-San Luis Potosí, Irapuato-Guadalajara, San Luis Potosí-Saltillo; la tercera, Mazatlán-Los Mochis, Los Mochis-Guaymas, Guaymas-Hermosillo y Guadalajara-Tepic; y la cuarta, Tepic-Mazatlán y Hermosillo-Nogales.
En conferencia magistral impartida el jueves pasado en el 33 Congreso Nacional de Ingeniería Civil organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), Lajous Loaeza enfatizó que todas las rutas están basadas en estudios de demanda, empezando con tramos entre ciudades y zonas metropolitanas que tienen una relación económica de diferentes intensidades, donde ya hay en la actualidad personas que hacen esos viajes diarios por trabajo o estudios.
Para quienes critican que los trenes de pasajeros no pueden circular en vías de carga, Lajous aclaró que en los proyectos contemplan un 89 por ciento de vías dedicadas al derecho de vía compartido, es decir se están construyendo vías paralelas a las vías de carga existentes; 10 por ciento al derecho de vía propio y sólo 1 por ciento con interacción a la vía ya existente.
Asimismo, pensando a largo plazo, Lajous dijo que los procesos de licitación actuales tienen planteada la posibilidad de que en el futuro se tenga una actualización sustantiva para mejorar el servicio, una mayor demanda y los avances tecnológicos que pudiera haber en el sector ferroviario.
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