3 de cada 10 mujeres han experimentado violencia obstétrica
La violencia obstétrica es considerada como una forma de violencia de género que pocas mujeres se atreven a visibilizar o denunciar por pena o miedo a ser juzgadas.
Muchas mujeres se enfrentan a diversos tipos de violencia de género que vulneran sus derechos humanos, como ocurre con la violencia obstétrica, que suelen experimentar durante la etapa del embarazo, parto y puerperio; y que es ejercida por parte de los profesionales de la salud.
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la violencia obstétrica se define como una forma específica de violencia ejercida hacia las mujeres embarazadas, en labor de parto y el puerperio, por profesionales de la salud, principalmente médicos y personal de enfermería,; y la misma se considera como una violación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.
Formas de violencia obstétrica
Algunas formas de violencia obstétrica son:
Realizar tactos vaginales de manera repetida y sin justificación
Practicar cesáreas cuando no son necesarias
Obligar a las mujeres a adoptar una determinada postura para el parto
Referirse a ellas con un lenguaje humillante o sexista
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La violencia obstétrica también se ejerce con el maltrato que sufre una mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, humillada o lastimada física y psicológicamente; mediante acciones u omisiones que vulneran la autonomía y los derechos reproductivos de las mujeres, como las siguientes:
Trato deshumanizado
Negligencia médica, al no proporcionar los tratamientos adecuados y de manera oportuna
Causar o prolongar el sufrimiento de la paciente durante el parto
Realizar procedimientos invasivos sin el consentimiento de la mujer
Separar a la madre del recién nacido sin justificación, incluso por la falta de infraestructura en los sistemas de salud que impiden que el personal médico brinde atención obstétrica eficiente.
Este tipo de agresiones son consideradas como una forma de violencia de género que ha existido durante años, sin embargo, pocas se atreven a visibilizarla o denunciarla por pena o miedo a ser juzgadas.
Además de que pocas mujeres están familiarizadas con el término de violencia obstétrica, e incluso, pueden llegar a normalizar este tipo de trato.
Panorama en México
En México, se estima que 3 de cada 10 mujeres enfrentan violencia obstétrica en los servicios de salud, tanto públicos como privados.
Según datos del INSP, entre 2011 y 2016, de las 3.7 millones de mujeres a las que se les practicó una cesárea, el 10.3% no fue informada de la razón, y al 9.7% no le pidieron su autorización para realizarla.
El 33.4% sufrió algún tipo de maltrato obstétrico; el 11.2% recibió gritos o regaños durante el parto, el 10% experimentó retrasos en la atención médica por quejarse, y el 9.2% fue presionada para aceptar métodos anticonceptivos sin su consentimiento.
Datos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) señalan que las mujeres indígenas y de bajos recursos, que suelen atenderse en clínicas gratuitas u hospitales públicos, son quienes suelen estar más expuestas a este tipo de violencia, derivado de la falta de personal médico que les brinde la atención obstétrica; sobresaturación de los hospitales, una mayor prevalencia a practicar cesáreas, además de una actitud discriminatoria hacia las mujeres rurales e indígenas, por parte del personal de salud.
Asimismo, muchas de ellas son sometidas a procedimientos quirúrgicos sin su consentimiento, lo que vulnera sus derechos a la autonomía y libertad reproductiva.
Según la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, el 11.2% de las mujeres entre 15 y 49 años de edad que tuvieron un hijo en los últimos 5 años fueron obligadas a aceptar que se les pusiera un Dispositivo Intrauterino (DIU), o que se les practicara una cirugía para no tener más hijos.
Cabe decir que el mayor número de casos de violencia obstétrica reportados en el país, se concentran en San Luis Potosí en un 38.9%; Tlaxcala y Ciudad de México con el 38.5% respectivamente, y Querétaro 38.4 por ciento.
Impacto en la vida de las mujeres
Las consecuencias que la violencia obstétrica genera son profundas y afectan la salud física, mental y emocional de las mujeres.
Entre las afectaciones físicas se encuentran lesiones, complicaciones en la salud sexual y reproductiva, e incluso la muerte materna en casos extremos.
En el aspecto psicológico, puede provocar estrés postraumático, ansiedad, depresión, baja autoestima y desconfianza hacia el sistema de salud, lo que puede inhibir la búsqueda de atención médica en futuros embarazos.
Además, la violencia obstétrica representa una violación grave a los derechos humanos de las mujeres, incluyendo los derechos a la autonomía, a la salud, a la información y a una vida libre de violencia.
Penalización de la violencia obstétrica
Para hacer frente a esta problemática, en el 2019, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incorporar el término de violencia obstétrica y garantizar servicios de salud libres de estas prácticas durante el embarazo, parto y puerperio.
Estas reformas establecen que la violencia obstétrica es toda acción u omisión del personal de salud que cause daño físico o psicológico, discrimine o denigre a las mujeres en estos procesos, o limite sus derechos sexuales y reproductivos.
Además, la Ley General de Salud instruye la promoción de acciones de orientación, vigilancia institucional, capacitación y fomento de buenas prácticas para prevenir esta práctica.
Cabe mencionar que en varias entidades del país se ha tipificado la violencia obstétrica como un delito, lo cual permite que las mujeres que la han padecido puedan denunciar y exigir sus derechos.
Según información del Gobierno de México, 28 estados han incluido explícitamente la violencia obstétrica en su legislación; en tanto que Jalisco, Michoacán y Tabasco no la contemplan de manera directa.
De igual manera, la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016 establece que ningún profesional de la salud debe discriminar ni ejercer violencia hacia la mujer en trabajo de parto.
Las sanciones en contra del personal de salud que incurra en este tipo de violencia pueden incluir multas, penas de prisión y responsabilidades administrativas.
Sin embargo, la penalización no es suficiente para erradicar este problema que está arraigado en deficiencias estructurales del sistema de salud, falta de infraestructura adecuada, condiciones laborales precarias y una cultura médica que normaliza el abuso.
Erradicarla requiere de un enfoque integral que transforme las condiciones estructurales del sistema de salud, fomente una cultura de respeto y autonomía, y garantice la atención humanizada y libre de violencia para todas las mujeres.
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