El “Benito Bowl”
El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl siempre ha sido el altar del soft power estadounidense. Sin embargo, lo que vivimos anoche en el Levi’s Stadium con Bad Bunny no fue simplemente un concierto; fue una toma de posesión cultural.
En poco más de 13 minutos, Benito Antonio Martínez Ocasio no solo interpretó sus éxitos, sino que nos recordó, y a algunos corrigió, el significado de la palabra “América”.
Desde el primer acorde de “Tití me preguntó”, el mensaje fue claro: “Qué rico es ser latino”. No hubo concesiones lingüísticas. A diferencia de otras ediciones donde el español era un invitado decorativo, aquí fue el dueño de la casa.
Bad Bunny cumplió su promesa de meses atrás: no aprendió inglés para el Super Bowl; obligó al mundo a bailar en su idioma.
Pero reducir el show a una fiesta de reggaetón sería ignorar la carga editorial que Benito inyectó en cada cuadro. La recreación de “la casita” y las escenas de la vida cotidiana puertorriqueña no fueron solo nostalgia; fueron un acto de visibilización.
Al cantar “El apagón” desde postes de luz remendados, el artista recordó al mundo la fragilidad de la infraestructura en Puerto Rico y las heridas abiertas de la corrupción y el abandono.
El momento más potente, sin embargo, llegó con el simbolismo del balón. Al elevar un ovoide con la frase “Together, We Are America”, mientras nombraba uno a uno los países del continente. Bad Bunny lanzó un dardo directo al etnocentrismo estadounidense.
Su proclamación de “Dios bendiga a América” no fue un eco del patriotismo tradicional, sino una expansión del mapa: América no es un país, es un hemisferio que habla, siente y crea fundamentalmente en español.
En un clima político tenso, marcado por las críticas previas del expresidente Trump y las recientes declaraciones del artista sobre ICE en los Grammy, el cierre del show fue una lección de altura.
Proyectar en las pantallas la frase “The only thing more powerful than hate is love” (Lo único más poderoso que el odio es el amor) fue el broche de oro para una narrativa de unidad que no necesitó ser panfletaria para ser profundamente política.
Vimos a un artista que, acompañado por leyendas como Ricky Martin y potencias actuales como Lady Gaga (salsificando su propio éxito), demostró que la identidad no se negocia.
Bad Bunny no fue al Super Bowl a integrarse al mainstream americano; llevó el mainstream de todo un continente al centro de California.
Anoche, el “Conejo Malo” se graduó como el editorialista más importante de la cultura popular contemporánea… mientras la crítica de Donald Trump al espectáculo de medio tiempo no fue sino un golpe prohibido aún en una pelea callejera.
Trump calificó la presentación como “una bofetada a nuestro país” y tachar el baile de “repugnante”, el mandatario refuerza la narrativa que ha definido su discurso: la defensa de una visión tradicional de los valores estadounidenses frente a lo que él considera una “afrenta” a la excelencia nacional.
Lo que Trump describe como un espectáculo donde “nadie entiende una palabra”, debido al repertorio íntegramente en español del artista puertorriqueño, subraya la profunda brecha que existe en la percepción de la identidad cultural en los Estados Unidos actuales.
Mientras que para millones de espectadores el show fue un hito histórico de representación latina y unidad, para el presidente fue un “desastre” que no representa los estándares de éxito de su administración ¡Cuál éxito!
Minería, secuestro y el fin de un mito
Durante años se sostuvo que la minería formal operaba bajo un pacto tácito de respeto en territorios dominados por el crimen organizado. Las empresas producían, pagaban impuestos, generaban empleo en las comunidades y, en muchos de los casos, absorbían “costos informales” de seguridad. A cambio, la violencia se mantenía a raya.
El secuestro de diez trabajadores mineros en Concordia, Sinaloa, rompe ese mito. El ataque ocurrido contra personal vinculado al proyecto Pánuco, operado por la empresa canadiense Vizsla Silver Corp., una de las apuestas más relevantes de exploración de oro y plata en el noroeste de México, lo puso en evidencia.
No se trata de una mina marginal: hablamos de 220 millones de onzas equivalentes de plata en recursos medidos e indicados, además de casi 140 millones de onzas adicionales en recursos inferidos, cifras que la colocan entre los proyectos de plata más grandes en fase avanzada en nuestro país.
Lo verdaderamente grave es que no se trató de un asalto, ni de una extorsión clásica, ni siquiera de un “ambiguo” levantón. El 23 de enero, un grupo armado irrumpió en el alojamiento del personal y privó de la libertad a diez trabajadores, cuyos cuerpos ya empezaron a aparecer. La ausencia de una demanda de rescate no desdibuja el delito: lo agrava.
En el México contemporáneo, muchos secuestros ya no buscan dinero; buscan control, castigo, disciplinamiento del territorio o simple demostración de fuerza. El mensaje terminó por volverse más importante que el botín.
Cuando el crimen organizado cruza esa línea, lo que está en juego no es solo la seguridad de los trabajadores, sino la viabilidad de la inversión productiva en regiones enteras. El propio proyecto Pánuco contempla una producción anual superior a 15 millones de onzas equivalentes de plata, con una vida útil estimada de 9 a 10 años, procesando entre 3,300 y 4,000 toneladas diarias.
Pero Concordia no parte de cero. El municipio y su corredor serrano arrastran antecedentes persistentes de robo de minerales, extracción clandestina de oro y esquemas de extorsión vinculados a grupos criminales que buscan captar rentas solo por permitir a las empresas trabajar.
Desde hace al menos una década, autoridades locales y federales han documentado desvíos de concentrados, asaltos a transporte de mineral y cobros ilegales a pequeños productores y contratistas, prácticas que convirtieron al oro y la plata en activos líquidos ideales para el financiamiento criminal.
A diferencia del narcotráfico, el oro robado es fácil de ocultar, transportar y colocar en mercados legales mediante intermediarios, fundidoras o exportaciones trianguladas, con una trazabilidad limitada y alto valor por volumen.
La reacción del Estado ha sido tibia, incluso por momentos omisa: despliegues militares, cateos y detenciones selectivas, operativos tardíos una vez que el daño está hecho. Sigue faltando una política integral que reconozca que la violencia contra los trabajadores no es un daño colateral, sino una estrategia criminal.
La consecuencia económica es inmediata: suspensión de operaciones, encarecimiento de seguros, retiro de capital y deterioro de la reputación del país. Vizsla Silver anunció el cierre temporal de actividades en la zona, un golpe directo a un proyecto que ya había absorbido alrededor de 300 millones de dólares en inversión, entre exploración, desarrollo, preparación y que prometía cientos de empleos directos para la zona.
Mientras, los municipios aledaños se siguen sumiendo en la miseria. Comunidades enteras atrapadas entre empleos que desaparecen y grupos armados que se consolidan. Sería temerario hablar de ingobernabilidad porque aún hay presencia del Estado, de un Estado que hace tiempo permitió que las armas impusieran la ley.
Banca de desarrollo, fundamental para infraestructura
En materia de infraestructura pública en México, la banca de desarrollo juega un papel fundamental para impulsar proyectos estratégicos, reducir riesgos para las finanzas públicas, detonar inversión y orientar recursos hacia los sectores y regiones donde el impacto social es mayor y más urgente.
Actualmente, la banca de desarrollo en nuestro país se conforma por nueve instituciones: Banobras, Nacional Financiera (Nafin), Bancomext, Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el Fondo de Capitalización e Inversión del sector Rural (Focir), Financiera para el Bienestar (Finabien), Banco del Bienestar, Banjército y Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA).
Rogelio Mauricio Rivero Márquez, titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), estuvo en el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) -organismo con el que Hacienda colabora estrechamente en cuestiones técnicas-, donde expuso que el conjunto de las citadas instituciones han colocado en su conjunto 1 billón de pesos en financiamiento a 2.2 millones de beneficiarios -por crédito directo al sector privado y garantías-; cuenta con activos totales por más de 3.2 billones de pesos, equivalentes al 9.3% del PIB nacional; tiene una morosidad del 2 por ciento y una capitalización del 28%.
Solo como un ejemplo, Banobras, el banco más importante de la banca de desarrollo, tiene una cartera de crédito de 934 mil 926 millones de pesos a diciembre de 2025, lo que representa el 51% de la cartera de crédito de la banca de desarrollo y es el cuarto banco más grande de todo el sistema financiero por el tamaño de su cartera de crédito, con una utilidad neta cercana a 11 mil 245 millones de pesos, una cartera vencida de 1.63% y un índice de capitalización de 26.42%.
No en balde, Banobras tiene a cargo los proyectos presidenciales, con el financiamiento principalmente en energía, carreteras y transporte; así como administra el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).
Como parte de esta colaboración con la Secretaría de Hacienda, para el gremio de los ingenieros civiles, es necesario incorporar acciones complementarias a los mecanismos de inversión, como la planeación, gerencia de proyectos y coordinación transversal con inversiones industriales, comerciales y de servicios, para hacer más eficientes las inversiones y asegurar que los grandes anuncios se traduzcan en infraestructura real que habilite el desarrollo económico.
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