El T-MEC y el arte de incendiar los mercados
En el mundo financiero, no hay nada más costoso que una palabra mal puesta. O bien puesta, si lo que se busca es el caos. El reciente reporte de Bloomberg, sobre un supuesto estudio en las oficinas de Washington para evaluar la salida de Estados Unidos del T-MEC, no es solo una nota informativa; es una granada de fragmentación lanzada directamente al corazón de los mercados.
No es la primera vez que el fantasma de la terminación recorre los pasillos del Capitolio. Sin embargo, en el contexto actual, el impacto de estas filtraciones trasciende el simple chisme político. Para los mercados, la incertidumbre no es un concepto abstracto: se traduce en centavos que se pierden en el tipo de cambio y puntos que se evaporan en las bolsas de valores, luego terminan multiplicándose en millones y millones de dólares.
El mercado no espera a que se confirme una noticia para reaccionar; el mercado descuenta el peor escenario posible. Al filtrarse que la administración estadounidense analiza seriamente el “botón nuclear” del comercio trilateral, se activan mecanismos de defensa que golpean directamente a la región:
El peso mexicano, siempre sensible a los vientos que soplan desde el Norte, actúa como el termómetro del miedo. Estas filtraciones fuerzan una depreciación preventiva, encareciendo el crédito y presionando la inflación local.
Se habla mucho de la relocalización de empresas, pero nadie mueve un ladrillo sin una base legal sólida. ¿Quién invertirá 500 millones de dólares en una planta en Monterrey o Querétaro si no sabe si el acceso al mercado estadounidense seguirá libre de aranceles en 2026?
Norteamérica solía ser el “puerto seguro”. Estas tácticas de negociación ensucian la imagen de la región, haciendo que los capitales globales miren con mejores ojos otros destinos donde el marco jurídico no dependa del humor de una oficina en D.C.
Hay que ser claros: evaluar la salida del T-MEC es, desde una perspectiva económica, un acto de masoquismo financiero para los propios Estados Unidos. Las cadenas de suministro están tan entrelazadas que separar los componentes de un automóvil o de un procesador de alimentos sería como intentar sacar la harina de un pastel ya horneado.
Sin embargo, en la política moderna, la realidad importa menos que la percepción. Al filtrar que se “estudian” estos escenarios, Washington no busca necesariamente salir del acuerdo, sino llegar a la revisión de 2026 con un cuchillo en la mesa. Es ejecutar la “Diplomacia del Borde del Abismo”: asustar al socio para que ceda antes de que se cumpla el plazo.
El peligro de jugar con fuego es que, eventualmente, alguien se quema. Si bien es probable que estemos ante una maniobra de presión, el daño colateral ya está hecho. Los mercados han recibido la señal de que las reglas del juego son negociables y que la estabilidad de Norteamérica tiene precio.
Para México y Canadá, el reto no es solo técnico, sino psicológico. La respuesta no debe ser el pánico, sino la firmeza institucional. Al final del día, el T-MEC es demasiado grande para caer, pero lo suficientemente frágil como para que un titular de Bloomberg le arrebate el sueño a los inversionistas de todo el continente.
Tres décadas de estancamiento: la corrupción que toleramos
Es una realidad en la que seguimos atrapados: Transparencia Internacional volvió a reprobar a México en su índice anual de Percepción de la Corrupción (IPC). Con 27 puntos de 100 posibles y el poco honroso lugar 141 entre 180 países, México continúa entre los países con peor desempeño en el mundo, el último de la OCDE y apenas por encima de naciones latinoamericanas con instituciones abiertamente colapsadas.
El dato que mayor preocupación genera no es la calificación en sí, sino el patrón histórico. Desde mediados de los años 90, México ha oscilado alrededor de los treinta puntos, con ligeras subidas y caídas que no alteran el fondo. El mejor registro fue de 37 puntos en 2001; el peor, 26 en 2024. Casi tres décadas de alternancias, reformas constitucionales, sistemas nacionales anticorrupción, fiscalías autónomas y discursos moralizantes no han logrado mover el termómetro de manera estructural. No es un problema de coyuntura: es un problema sistémico.
La corrupción en México no es solo el soborno aislado o el funcionario que desvía recursos. Es una red de incentivos estructuralmente distorsionados que atraviesan contratación pública, financiamiento político, gobiernos locales y, de manera particularmente grave, el sistema de justicia. La impunidad es el corazón del problema. Diversos estudios coinciden en que más del 90% de los delitos denunciados no se sancionan. Si el Estado ha sido incapaz de castigar homicidios y desapariciones forzadas, ¿qué probabilidad real hay de que procese con rigor redes sofisticadas de corrupción administrativa o de colusión política?
Funcionarios, contratistas y actores políticos tienen claro que el riesgo de ser presentados ante las autoridades es bajo. Y cuando el riesgo es bajo, el incentivo a corromper es alto. Así se consolida un círculo perverso en el que la corrupción erosiona las instituciones y las instituciones debilitadas permiten una mayor corrupción. El resultado no es solo una mala posición en un ranking internacional, sino un deterioro tangible en servicios públicos, infraestructura, competencia económica y confianza ciudadana.
Las áreas más vulnerables son también las más sensibles para el desarrollo. La contratación pública –donde se mueven miles de millones de pesos cada año– sigue marcada por adjudicaciones directas, opacidad y concentración de proveedores. Los grandes proyectos de infraestructura, energía y obras estratégicas suelen operar bajo esquemas excepcionales que reducen controles y transparencia. A nivel local, donde el escrutinio es menor, la corrupción cotidiana en trámites, permisos, inspecciones o seguridad pública reproduce una cultura del “arreglo” que normaliza el abuso de poder.
En el plano internacional, la percepción de México es la de un país con debilidades persistentes en el Estado de derecho. Esto no es un detalle reputacional menor: afecta decisiones de inversión, eleva costos de financiamiento y condiciona la cooperación internacional. Un contraste incómodo para una economía que aspira a consolidarse como destino estratégico en el marco del nearshoring y la reconfiguración de cadenas globales.
¿Tenemos entonces un problema sistémico grave? La respuesta es sí, no solo porque los números lo indican, sino porque el estancamiento prolongado revela que las reformas han sido parciales, capturadas o insuficientes. Un verdadero punto de inflexión requeriría independencia efectiva de fiscalías y jueces, transparencia radical en contrataciones con datos abiertos auditables en tiempo real, eliminación de espacios discrecionales en adjudicaciones, fortalecimiento de órganos de control y protección real a denunciantes. Paralelamente haría falta voluntad política sostenida más allá de los ciclos sexenales.
El Índice de Transparencia Internacional no condena a México, simplemente presenta una radiografía de lo que las diferentes fuerzas políticas en el poder han construido para su beneficio propio. El verdadero problema no es aparecer en el lugar 141; el problema es habernos acostumbrado a estar ahí. Es ser una ciudadanía que se muestra apática frente a la normalización de esta descomposición y permite que generaciones de funcionarios corruptos se sigan beneficiando con los recursos que son de todos.
El Paso como punta de lanza
A las 11 y media del martes, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) informó del cierre del espacio aéreo por 10 días alrededor de El Paso, Texas, por “razones especiales de seguridad”. Para las 8 de la mañana, la misma FAA levantó el cierre.
Media hora después, el secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que la medida se debió a una incursión de drones de un cártel, mismo que había sido neutralizado, eliminando el peligro para la aviación comercial. Posteriormente trascendió que habían sido fuerzas militares las encargadas de desactivar la amenaza.
No es la primera vez que sucede esto en la administración Trump. Como antecedentes, se recordará que en enero pasado, la FAA alertó a aerolíneas estadounidenses de una “situación potencialmente peligrosa” en espacios aéreos del Pacífico, particularmente al sobrevolar entre México y Ecuador, “debido a actividades militares” y a posibles interferencias en los sistemas de navegación; no se diga en su momento la prohibición de volar espacio aéreo venezolano.
Están también las declaraciones de Trump sobre ataques contra el narcotráfico en tierra y las presiones para una mayor participación de autoridades estadounidenses en operaciones en nuestro país lo cual, todo indica, sucedió con la detención de Ryan Wedding, el “Chapo canadiense”, a decir de sus captores.
Sin embargo, lo de El Paso tiene varios agravantes para México, empezando porque se trata de una medida drástica, de cierre de espacio aéreo de una ciudad fronteriza, innecesariamente por 10 días, considerando que fue para neutralizar drones de narcotraficantes, una de las formas que utilizan para el tráfico de droga desde hace varios años.
No es menor el hecho de que afecta a las líneas aéreas que operan en la zona, al pasar de una advertencia como la de enero pasado en el Pacífico, a una prohibición por varias horas, cuando si hubiera sido una amenaza real, se hubiera ordenado a las aeronaves aterrizar, y no hubo notificación local.
Abordada al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno no tiene información sobre uso de drones en la frontera. Algo le habrán de poner al corriente los secretarios de Defensa y Marina, quienes justo llegaron el martes a Estados Unidos para una reunión del Comando Norte.
Lo cierto es que estamos ante una narrativa que busca no solo justificar los operativos contra cárteles tierra adentro -tentativamente teniendo como objetivos a capos y laboratorios-, sino también uso de fuerza letal en la frontera contra drones o incluso aeronaves tripuladas que presumen carguen droga, o narcotúneles, en otras zonas identificadas como de tráfico de drogas más intenso, como Baja California y Sonora; o cierres de pasos fronterizos como el de Nuevo Laredo y Tijuana, con las afectaciones económicas que ello implica, ni hablar de los riesgos para la población de ambos lados, y las posibles muertes de personas que Estados Unidos califique como narcotraficantes, sin saberse si lo eran, como las víctimas de las lanchas hundidas en el Caribe y Pacífico.
Lo de El Paso preludia eventos más intensos en la zona fronteriza en el corto plazo, para lo que será necesario adoptar medidas preventivas y tener argumentos más sólidos que asegurar que no se tiene información de drones en la frontera.
Vínculos laborales que impulsan el desempeño
En el debate empresarial suele asumirse que las relaciones personales dentro de la oficina son un “tema blando” o, en el extremo, un riesgo que conviene evitar. Sin embargo, en el marco del 14 de febrero, una fecha que suele poner sobre la mesa las conversaciones sobre vínculos, vale la pena mirar el tema con lentes de negocio.
Los datos recientes del “Termómetro Laboral” de OCC, la bolsa de trabajo en línea líder en México, sugieren una lectura más útil para las empresas: los vínculos ya están ocurriendo y, si se encauzan con profesionalismo, pueden convertirse en un motor de colaboración, permanencia y productividad. De acuerdo con los resultados, seis de cada diez trabajadores en México dicen haber generado una relación “más allá de lo laboral” con alguien de su trabajo. Dentro de ese grupo, 29% habla de amistades cercanas y 25% de una relación de pareja.
La encuesta muestra que 71% de trabajadores considera posible tener amistad con los jefes; dentro de ese grupo, 50% dice que solo funciona si existe profesionalismo mutuo, mientras 21% lo ve viable sin condiciones. A la par, 18% advierte que no es posible por el riesgo de favoritismos y 11% no está seguro.
Cuando un fenómeno es tan frecuente, lo más inteligente para una organización es entenderlo y encauzarlo. Porque los equipos no funcionan únicamente con procesos; también funcionan con confianza. Y la confianza, cuando es sana, eleva la productividad de formas muy concretas: mejora la comunicación, acelera la coordinación diaria y facilita la colaboración, especialmente cuando hay presión o cargas altas de trabajo. En la práctica, esto se refleja en una ejecución más ágil y en equipos que se apoyan mejor para cumplir objetivos.
Además, los vínculos positivos fortalecen el sentido de pertenencia. En un mercado donde atraer y retener talento es estratégico, pertenencia significa continuidad: mayor estabilidad en los equipos, mejor transferencia de conocimiento y más compromiso con los resultados. No se trata de romantizar la oficina, sino de reconocer que la convivencia cotidiana genera lazos y que esos lazos pueden impulsar el desempeño cuando se acompañan de profesionalismo.
La lectura para las empresas es directa: las personas no rechazan la cercanía, lo que demandan es imparcialidad. Cuando hay criterios objetivos y consistentes para evaluar desempeño, asignar proyectos y tomar decisiones, la convivencia suma, el clima se fortalece y el foco se mantiene en resultados.
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