La Violencia Familiar en México o el delito que no existe para el patriarcado.
Por Mar Grecia Oliva Guerrero
En México, la violencia familiar no es un conflicto doméstico; es un delito tipificado, una conducta criminal. Pese a que su reconocimiento como asunto de derecho penal y de interés público se consolidó desde 1997, con el antecedente de la ratificación de la CEDAW en 1981, la práctica institucional y la percepción social siguen operando bajo una lógica de invisibilización.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del SNNSP, las denuncias por violencia familiar mantienen una incidencia constante, posicionándose como la principal antesala del feminicidio. Sin embargo, el tratamiento que las fiscalías y juzgados dan a estas denuncias suele ser de desestimación y revictimización para quien ha tomado el valiente paso de denunciar, tratándolas como asuntos entre particulares y negando su naturaleza criminal.
Esta negligencia alcanza niveles críticos con la violencia vicaria, donde el agresor instrumentaliza a las hijas e hijos para infligir daño psicológico a la madre, aprovechando la debilidad institucional para ejercer un asedio judicial que se potencia cuando se comete desde el poder. Pese a estar integrada en diversas legislaciones estatales, persiste undesconocimiento técnico por parte de muchos de los operadores de justicia sobre el espíritu de esta ley, siendo el colmo que los primeros casos con vinculación a proceso en México se han dictado contra mujeres, desconociendo la realidad fáctica de la violencia de género bajo una falsa premisa de neutralidad.
El ejemplo más claro de la violencia familiar como herramienta de poder, lo encontramos cuando ésta es ejercida por hombres investidos de potencia política y económica que se conducen como si este delito no existiera: en total impunidad y gozando de un pacto de complicidad que ofende a las víctimas y burla el Estado de derecho.
Si vale la frase del polímata, Leonardo Da Vinci, de que: “quien no castiga el mal, ordena que se haga”, se puede decir que en México, la violencia familiar se promueve desde el poder y que, incluso, se celebra cuando el agresor ostenta un cargo.
A manera de violencia simbólica, los agresores políticos cuando son denunciados, en vez de ser llamados a cuentas, son urgentemente premiados, elogiados y acuerpados por su casta defensora. Resulta que la violencia familiar y en general la violencia contra las mujeres, es sistemáticamente minimizada por políticos de todos los partidos y por los gobiernos cuando de hacerse cargo de sus propios agresores se trata, perpetuando la falsaidea de que estas agresiones pertenecen a la esfera privada, o bien, exigiéndoles a las sobrevivientes sentencias para poder actuar contra los victimizados agresores en un país donde solo 1 de cada 200 delitos llegan a juicio, y solo 4 de 10 denuncias se investigan.
La Ley 3 de 3 contra la violencia, fruto de la lucha colectiva de las mujeres, es una reforma vigente de claros conceptos, pero hoy día es indebidamente incumplida, ignorada y desacatada por quienes dejan transitar, o hasta parecen tener el propósito de reclutar en sus filas y en sus bancadas a agresores denunciados por violencia sexual, brutal violencia física, patrimonial y económica contra las mujeres y sus familias, entre otras.
Así, mientras que el costo social y político para un funcionario con vínculos con el crimen o envuelto en escándalos de corrupción comienza a pagarse caro, en México prevalece el pacto de impunidad entre los agresores poderosos que cometen violencia familiar.
Es momento de que las instituciones dejen de ser el refugio de quienes violentan en privado mientras ejercen el poder público. La 3 de 3 no es una sugerencia, ni una invitación, es un mandato legal que exige limpiar las instituciones de agresores, deudores y violentadores. Urgen al interior de los entes públicos protocolos efectivos para frenar la impunidad y las omisiones ante el conocimiento de los casos de violencia familiar que involucran a sus miembros. Urge el reconocimiento social y político de la violencia familiar como un problema de orden público. Urge que el Estado, en su calidad de garante, deje de solapar a perpetradores que buscan extraerse de la acción de la justicia gracias a una posición o negociación política. Basta de gobernantes y dirigentes cómplices que, desde el compadrazgo protector que brindan a los agresores, continúan enviando a la sociedad unmensaje inadmisible, oprobioso y criminal que sostiene que la violencia contra las mujeres es tolerable.
Promover la cultura de la paz y la justicia nos llama a romper el silencio para exigir a quienes gobiernan y a quienes aspiran a hacerlo, un compromiso manifiesto con nuestro derecho a una vida libre de violencia, que solo puede demostrarse en los hechos.
Fuera los violentadores de la vida pública de México.
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