El fin del arancelazo por decreto
Algún día tenían que ponerle un alto a Donald Trump. La Suprema Corte de Estados Unidos ha asestado un golpe de realidad al expansionismo ejecutivo, por decirlo de una manera elegante. La Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no es, ni será más, un cheque en blanco para imponer aranceles globales.
El fallo es, ante todo, un ejercicio de justicia y de higiene constitucional. Durante décadas, la IEEPA, nacida en 1977 para sancionar regímenes hostiles o congelar activos terroristas, fue estirada por distintas administraciones para saltarse el engorroso trámite del Congreso. El argumento siempre era el mismo: una “emergencia” económica o de seguridad nacional que solo el Presidente podía resolver con un plumazo arancelario. Pero, como bien ha recordado la Corte, la necesidad no anula la norma.
La Constitución estadounidense no es ambigua al respecto. El Artículo I otorga al Congreso el poder exclusivo de imponer impuestos y regular el comercio exterior. Cuando el Ejecutivo utiliza una ley de sanciones para rediseñar la política industrial del país, no está gobernando; está usurpando funciones.
La decisión de la Corte devuelve la pelota a la cancha que le corresponde: el Capitolio. Si un mandatario cree que es necesario gravar las importaciones globales para proteger la industria nacional, tendrá que convencer a los representantes del pueblo y someterse al debate público, no esconderse tras una orden ejecutiva un viernes por la tarde.
Para el mundo empresarial y los mercados internacionales, esta sentencia es un bálsamo de certidumbre. El comercio global no puede pender del hilo de los estados de ánimo de un solo individuo. La arbitrariedad es la enemiga de la inversión; nadie quiere construir una planta o firmar un contrato de suministro si el costo de sus insumos puede cambiar un 25% de la noche a la mañana por una interpretación creativa de una ley de hace cincuenta años.
Es probable que las voces disidentes clamen que este fallo “ata de manos” al país frente a las amenazas de la era moderna. Es un argumento falaz. El Presidente sigue teniendo herramientas para reaccionar ante crisis reales, pero ya no podrá usar la “emergencia” como un disfraz para el proteccionismo ordinario.
Al final del día, esta sentencia no se trata de si los aranceles son buenos o malos, sino de quién tiene el derecho de imponerlos. La Corte ha decidido que la democracia es más importante que la velocidad. Y en un mundo de impulsos autoritarios, esa es, quizá, la mejor noticia económica del año.
Más vale pensionado que trabajando
La reforma constitucional que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum para reducir y poner un máximo a las pensiones de más de 6 mil ex funcionarios públicos es una medida necesaria, no solo por los ahorros que se espera genere, sino por lo que representa un abuso a un derecho laboral que se ha sostenido por décadas.
No se trata de pensiones a trabajadores sindicalizados o de base, sino de las otorgadas a ex mandos de confianza de empresas públicas, que a veces tuvieron un paso fugaz por esos organismos y alcanzaron a pensionarse con montos de entre 254 mil hasta más de 500 mil pesos mensuales a su paso por Pemex, CFE y la desaparecida LyFC; y en la banca de desarrollo en Nafin, Banobras y Bancomext.
Aunque La Jornada destacó el caso del programa de pensión de Nafin, con personajes como Oscar Espinosa Villarreal y Miguel Ángel Gurría como beneficiarios en su breve paso por el banco, la lista de pensionados y por monto la encabeza por mucho Luz y Fuerza del Centro, con más de 14 mil ex empleados de confianza, cuyos pagos rebasan los 27 mil millones de pesos anuales, de os cuales el 67% cobran entre 100 mil y un millón de pesos mensuales. Es decir, a costa del erario, se ha asegurado el futuro del empleado retirado y sus futuras generaciones. Por esa y otras razones fue mejor desaparecerla.
Le siguen la Comisión Federal de Electricidad, con casi 2,200 jubilados con pensiones mayores al salario presidencial por un total de 4,500 millones de pesos anuales; y Petróleos Mexicanos, con 544 casos, y 1,827 millones de pesos anuales.
Con razón, algunos expertos cuestionan que la reforma constitucional pueda ser motivo de amparos y otras acciones al no poder aplicarse la ley en forma retroactiva contra quienes tienen ese derecho laboral. Otros, señalan que el ahorro que se pretende obtener será mínimo, considerando que se destinan 1.6 billones de pesos a pensiones contributivas, sin considerar las de adultos mayores y del Bienestar.
El argumento jurídico es cierto, aunque faltaría ver si en su momento, de llegar a la Suprema Corte se echa a bajo la reforma o se otorgan amparos y, en el peor de los casos, se cierra la posibilidad de que continuen en esta generación y las siguientes este tipo de pensiones que dejan de ser dignas para ser aberrantes. En cuanto al económico, el comparativo con otros montos de pensiones no minimiza que pueda haber un ahorro de 5 mil millones de pesos, equivalentes a casi la mitad del presupuesto de los institutos nacionales de salud para este año. Visto así, no es poca cosa.
Prevenir obstáculos en la escrituración
La escrituración de un inmueble es el proceso legal mediante el cual un notario formaliza la propiedad y la inscribe en el Registro Público de la Propiedad. Si no se realiza, el propietario queda en una situación de incertidumbre jurídica, poniendo en riesgo su patrimonio. Es por ello que la escrituración de una propiedad es el momento más representativo en la compra-venta de una propiedad. Lo que para muchos es el final del camino, puede ser el inicio de descubrir muchos problemas que retrasen o detengan la operación, pues se pueden encontrar obstáculos jurídicos inesperados.
De acuerdo a los expertos de Kallify, la Proptech Legaltech enfocada en brindar seguridad jurídica a los compradores y vendedores de vivienda, entre los principales frenos se encuentran: problemas con la documentación, como tenerla incompleta o incorrecta; título de propiedad inválido o inexistente, si no existe o presenta errores, el vendedor no puede transmitir legalmente la propiedad y no es posible realizar la compraventa de forma segura; inconsistencias en los datos personales o en las medidas del terreno; estar libre de adeudos y obligaciones fiscales (predial, agua, servicios públicos, Impuesto sobre adquisición de inmuebles); irregularidades en el desarrollo inmobiliario; falta de permisos municipales o autorizaciones administrativas por parte de las alcaldías y municipios; problemas con la subdivisión; litigios o disputas legales.
Otro obstáculo importante es si hay hipoteca que grava el inmueble. Cuando se inicia un proceso de escrituración, el notario solicita al Registro Público de la Propiedad un documento denominado “certificado de libertad de existencia o inexistencia de gravámenes, limitaciones de dominio o anotaciones preventivas único”, el cual informa si el inmueble está hipotecado, entre otras cosas. En este caso hay distintas situaciones que pueden afectar la escrituración: que el crédito esté pagado, pero no se haya realizado la cancelación de la hipoteca; que el crédito no esté totalmente pagado y esté vigente.
Todos estos problemas pueden prevenirse. La clave está en realizar una dictaminación jurídica ante notario como primer paso para la compraventa de un inmueble, antes de firmar cualquier contrato o dar algún adelanto o enganche. La dictaminación jurídica es un proceso que valida toda la documentación de un inmueble para determinar el estado real en que se encuentra para comprar sin sorpresas. En ese sentido, Kallify permite solicitar una dictaminación jurídica de forma digital con el notario de preferencia y, en caso de que la propiedad presente una irregularidad o problema, recibir la asesoría jurídica necesaria para resolverlo.
Reforma electoral: la bandera como anestesia
No es un acto fortuito que la presidenta Claudia Sheinbaum decidiera presentar su reforma electoral justamente el Día de la Bandera. Se trata de una acción calculada que, como algunos medicamentos, se reviste de una capa dulce para hacerla menos amarga al paciente. Mal están las cosas cuando las reglas del juego democrático necesitan envolverse en los símbolos patrios para legitimarse, algo que en el fondo debería tenernos a todos más que preocupados.
No es la primera vez que la llamada Cuarta Transformación emplea esta estrategia política. Se trata de un modus operandi inaugurado por Andrés Manuel López Obrador, quien utilizó el 18 de marzo para anunciar o reforzar iniciativas en materia energética bajo la sombra de Lázaro Cárdenas y la expropiación petrolera. De forma similar aprovechó el 5 de febrero, aniversario de la Constitución de 1917, para presentar paquetes de reformas estructurales con el argumento de recuperar el espíritu social del texto constitucional. Incluso el 20 de noviembre fue escenario frecuente para asociar decisiones gubernamentales con ideales de justicia social emanados de la Revolución.
Hay un patrón evidente: reformas profundas acompañadas de fechas cargadas de significado histórico. No es ilegal ni necesariamente ilegítimo, pero cuando se trata de reglas electorales lo simbólico deja de ser circunstancial y enciende todas las luces de alerta.
Las reformas electorales no son obra pública ni programas sociales. Son el sistema óseo del aparato político. Cambiarlas implica trastocar el mecanismo que determina quién gana y quién pierde el poder. Por eso en democracias consolidadas, estos cambios suelen construirse con grandes consensos y con extremo cuidado técnico, algo que ni por asomo hemos atestiguado.
La bandera representa la unidad nacional. Una reforma electoral, por definición, afecta intereses partidistas. Presentarla bajo el manto de un símbolo patrio desplaza el debate del terreno técnico al emocional y bajo estas circunstancias lo concreto entra en una zona en donde los argumentos empiezan a pesar poco.
El prestigio del Instituto Nacional Electoral no se construyó en discursos, sino en décadas de elecciones competidas cuyos resultados fueron aceptados por todas las fuerzas concurrentes, lo que le permitió a Morena ocupar el lugar en donde hoy está. La confianza en el árbitro es un activo frágil: se pierde más rápido de lo que se construye.
La prueba de fuego no va a ser el martes que se presente, ni siquiera el día de su ya por descontada aprobación. Esta tendrá lugar el día de una elección cerrada bajo nuevas reglas. Si entonces todos aceptan el resultado sin cuestionar al réferi, la reforma habrá sido sólida. Si no, el costo institucional se medirá en las décadas perdidas que miles de mexicanos invirtieron en la lucha por una democracia real.
En democracia, la legitimidad no se mide en metros de tela: se sostiene con reglas claras, contrapesos efectivos y la disposición de aceptar la derrota. La pregunta que cabría entonces no es por qué se eligió el 24 de febrero para presentar la reforma electoral, sino si la Cuarta Transformación, si fuera el caso, estaría dispuesta a entregar el poder.
Patrullas de a más de 3 mdp cada una
En Chihuahua está levantando cejas que la administración municipal de la capital del estado, a cargo del panista Marco Antonio Bonilla Mendoza, le ha asignado contratos por más de mil 56 millones de pesos a la empresa Supervisión Técnica del Norte S.A. de C.V. (STN), con sede fiscal en Ciudad de México. Y llama la atención no solo por el monto total, sino porque la empresa ha sido señalada por presuntos actos de corrupción, adjudicaciones directas y contratos millonarios bajo procesos cuestionados en el vecino Coahuila, y en la Ciudad de Chihuahua, en las dos gestiones de Bonilla, ha estado como favorita.
En 2022, en una licitación donde fue la única participante, STN se le asignó un contrato por 235 millones 459 mil 926 pesos para el arrendamiento de 77 patrullas por cuatro años, con un modificatorio en 2023 para ampliar el contratos con 23 patrullas más, agregando 53 millones 935 mil pesos a lo convenido.
Ya en confianza, en 2024 se firmó un contrato para arrendar 154 patrullas por cuatro años, y en 2026 se amplió el contrato para cerrar en 200 unidades y elevar el pago de 634 millones 766 mil pesos originales a 767 millones 274 mil 760 pesos. Es decir, cada patrulla ha tenido un costo de 3 millones 836 mil 373 pesos por cuatro años. Nada mal… para la arrendadora.
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