La guerra del hambre provocada en Irán
En la geopolítica moderna, un nudo en un extremo del mundo puede asfixiar la economía en el otro. Hoy, ese nudo se llama el Estrecho de Ormuz. Mientras los titulares se centran en el estruendo de los misiles y las maniobras navales entre Irán, Estados Unidos e Israel, el verdadero impacto silencioso está viajando en contenedores y gasoductos: la crisis de los fertilizantes.
Para el ciudadano común, el Estrecho de Ormuz es un punto abstracto en el mapa. Sin embargo, por ese cuello de botella de apenas 33 kilómetros de ancho transita el 13% de los productos químicos del mundo, incluyendo una tercera parte de los fertilizantes nitrogenados que se comercializan por mar. La parálisis actual del tráfico marítimo no es solo una crisis energética; es una amenaza directa a la seguridad alimentaria global.
El problema no es solo que los barcos no pasen. Los fertilizantes nitrogenados, como la urea, dependen críticamente del gas natural para su fabricación. Con las instalaciones de Qatar bajo fuego o cerradas por precaución, y el precio del gas natural licuado (GNL) disparándose un 74% en apenas diez días, producir una tonelada de fertilizante se ha vuelto un lujo.
En las últimas dos semanas, el precio de la urea ha saltado de los 490 a superar los 600 dólares por tonelada. Para los agricultores del “Cinturón del Maíz” en Estados Unidos y de los valles productivos en México, este incremento no es un dato estadístico, es un golpe de gracia a sus márgenes de ganancia.
La vulnerabilidad de América del Norte es alarmante por razones distintas pero complementarias. Aunque Estados Unidos es un gigante productor, la logística americana depende de las importaciones del Golfo para equilibrar su demanda interna, especialmente en el Medio Oeste.
El retraso de dos meses que implica rodear el Cabo de Buena Esperanza significa que el fertilizante llegará cuando la temporada de siembra de primavera ya haya pasado. El resultado será una menor aplicación de nutrientes, cultivos más débiles y, eventualmente, precios más altos en Wall Street y en el supermercado.
Por otro lado, en México la situación es más precaria. Nuestro país importa más del 60% de los fertilizantes que consume. Con un presupuesto nacional ya presionado por la inflación, el encarecimiento de los insumos agrícolas pone en jaque la soberanía alimentaria. El pequeño productor mexicano, que ya lucha con la sequía y la falta de apoyos, simplemente no puede absorber un aumento del 25% en el costo de la urea.
Lo que estamos presenciando es una “fricción en cascada”. No es solo que el fertilizante sea caro; es que el combustible para transportarlo también lo es, debido a que el petróleo Brent ya coquetea con los 110 dólares.
Si el conflicto en Ormuz se prolonga, los agricultores se verán obligados a tomar una decisión trágica: plantar menos, usar menos fertilizante (reduciendo el rendimiento por hectárea) o trasladar el costo íntegro al consumidor final. En cualquiera de los escenarios, la “lluvia negra” de la guerra terminará por encarecer la tortilla en Ciudad de México y el pan en Chicago.
La certidumbre de la gasolina a 24 pesos
Finalmente se renovó el acuerdo voluntario para mantener el precio de la gasolina magna o regular en 24 pesos el litro por seis meses más. Lo anterior lo anunció en sus redes sociales la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de reunirse con los empresarios gasolineros, quienes continúan con el compromiso desde febrero del año pasado.
A comparación de los anuncios anteriores en los que se veían las muestras de respaldo incondicional de los empresarios a la mandataria, en esta ocasión las acompañaron de algunas consideraciones: hablaron del incremento del precio del petróleo, la incertidumbre con la guerra en Medio Oriente, recordaron que México todavía importa el 60% de la gasolina que consume; y mencionaron el compromiso de Sheinbaum de utilizar los estímulos responsablemente, o sea meter mano al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). De congelar el precio del diésel ni hablar, a pesar de que su precio se sigue incrementando, impactando en precios de mercancías y, por ende, en la inflación.
No es para menos. La renovación del pacto se anuncia justo cuando se difunde la noticia de que cinco buques petroleros fueron atacados por Irán, el barril de petróleo rebasa los 100 dólares, Teherán amenaza con una guerra prolongada que lleve el precio del barril a más de 200 dólares, y Chris Wright, secretario de Energía de EEUU, dice que las fuerzas armadas de su país no están listas para escoltar petroleros por el estrecho de Ormuz, contrario a la oferta de Trump de hacerlo a precio razonable.
El gobierno apuesta a la prioridad que se ha dado al consumo interno del petróleo, con el consecuente aumento en la producción de gasolinas, aunque esa ventaja es parcial. La otra, y que de mantenerse o empeorar el escenario mundial, es que ceder y aplicar un subsidio al IEPS, para reducir el impuesto, no se afecte al consumidor y no se ahorque a los gasolineros.
Mientras tanto, sin objetivo claro y menos un plazo definido por parte de Estados Unidos sobre sus intenciones en Irán, de las pocas certidumbres energéticas que hay en el mundo, es que México mantiene el precio de la gasolina a 24 pesos durante un semestre.
Pensiones doradas: entre la justicia social y los derechos adquiridos
Durante décadas, México ha convivido con un sistema de pensiones extremadamente desigual. Mientras millones de trabajadores se retiran con jubilaciones que apenas superan los 5 o 10 mil pesos mensuales bajo el esquema de cuentas individuales, algunos exfuncionarios y líderes sindicales reciben pensiones públicas que superan los 100 mil, 200 mil e incluso 500 mil pesos al mes; de ahí el mote de “pensiones doradas”.
La decisión del Senado de la República de aprobar una reforma constitucional para limitar este tipo de jubilaciones busca corregir este desequilibrio. La modificación al artículo 127 de la Constitución establece que ninguna pensión financiada con recursos públicos podrá exceder un porcentaje del salario presidencial, lo que en términos prácticos –pesos más, pesos menos– se ubicaría en alrededor de 70 mil pesos mensuales.
Sobra decir que el objetivo es terminar con los privilegios que resultan difíciles de justificar, en un país en donde la pensión promedio es muchas veces inferior. El problema, sin embargo, es más complejo de lo que el gobierno ha tratado de comunicar.
Las “pensiones doradas” no aparecieron de la nada. Son el resultado de acuerdos políticos, contratos colectivos y regímenes especiales construidos en el largo periodo del Estado corporativo. Empresas públicas como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad desarrollaron sistemas de jubilación extremadamente generosos, donde era posible retirarse con 80% o incluso 100% del salario a edades cercanas a los 55 años y con incrementos automáticos ligados al sueldo de los trabajadores activos.
En algunos casos, los montos resultan inexplicables en términos de equidad fiscal. Exdirigentes sindicales han llegado a percibir más de medio millón de pesos mensuales, mientras que en la banca de desarrollo y organismos públicos existen pensiones superiores a 100 mil pesos. Quizá el caso más emblemático es el de José Ángel Gurría, quien con menos de cuatro años trabajados en Nacional Financiera se jubiló con prácticamente 120 mil pesos mensuales a la edad de 43 años.
La indignación está más que justificada, pero la solución legislativa abre una puerta acompañada de un dilema jurídico de proporciones raramente vistas.
La Constitución de nuestro país, en su artículo 14, establece que ninguna ley puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de persona alguna. En términos simples: si alguien ya tiene un derecho reconocido, el Estado no puede o no debe reducirlo de manera unilateral. Este principio ha sido reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente en lo que a pensiones se refiere.
El antecedente más inmediato ocurrió en 1997, cuando el gobierno de Ernesto Zedillo reformó el Instituto Mexicano del Seguro Social y creó el modelo de cuentas individuales administradas por Afores. En aquella ocasión, los tribunales establecieron una distinción clave: los derechos adquiridos —como una pensión ya otorgada— no pueden eliminarse, pero las expectativas de derecho sí pueden modificarse hacia el futuro. Ese criterio permitió que hasta la fecha sigan coexistiendo dos sistemas distintos de pensiones.
Del otro lado, el gobierno argumenta que sí, aduciendo otro artículo constitucional, el 134, que exige que el gasto se administre con eficiencia y economía. Bajo esta lógica, una jubilación extremadamente alta, financiada por el erario, podría ser incompatible con estos principios.
Ya se anticipa una ola de litigios. Si apenas una fracción de los miles de afectados decide recurrir al amparo, el Poder Judicial habrá de enfrentar uno de los conflictos administrativos más grandes de las últimas décadas. Lo más probable es que se permita un límite para pensiones futuras y se congelen las actuales, pero reducir las ya otorgadas, ni hablar.
Eliminar las “pensiones doradas” puede ser políticamente popular –de ahí la votación unánime en el Senado–, pero construir un sistema pensionario justo y sostenible para todos requiere algo más que imponer un tope constitucional. Exige recomponer el modelo completo de seguridad social en el país.
Empresas Socialmente Responsables
Desde hace 26 años, Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) otorga el Distintivo ESR para reconocer a empresas comprometidas con la responsabilidad social, la sostenibilidad, ética, calidad de vida y medio ambiente. Lo anterior con base a una evaluación que se ha ido mejorando cada año. Este 2026, un total de 1,057 empresas grandes cumplieron con los requisitos y estándares exigidos por Cemefi para ser catalogadas como socialmente responsables.
Entre las empresas reconocidas con el reconocimiento se encuentran Afore XXI Banorte, ANA Compañía de Seguros, Accenture, firma global de consultoría y servicios profesionales; Cementos La Cruz Azul; Cotemar, empresa especializada en servicios petroleros costa afuera, y de las pioneras en el sector energético con el Distintivo ESR el cual han refrendado por 14 años consecutivos.
Hoy en día, la responsabilidad social empresarial dejó de ser un membrete políticamente correcto para convertirse en un factor de competitividad. Este reconocimiento refuerza la confianza de clientes e inversionistas, además de proyectar un modelo de liderazgo empresarial que tiene a la responsabilidad social como parte de su ADN.
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