Lavada de cara al Coloso de Santa Úrsula

El próximo 28 de marzo, el Estadio Azteca volverá a encender sus reflectores para un descolorido amistoso contra Portugal. La mercadotecnia oficial nos vende una “renovación histórica” para recibir su tercera Copa del Mundo; sin embargo, tras las pantallas LED de última generación y los exclusivos palcos VIP, se esconde una realidad que ninguna transmisión en 4K podrá ocultar: el triunfo del espectáculo sobre la comunidad.

La reinauguración se anuncia con bombo y platillo, pero lo que se celebra en las oficinas de los altos ejecutivos se vive como una amenaza en las calles de Santa Úrsula y Coapa. Mientras el “Coloso” estrena un sistema de iluminación inteligente y un césped híbrido de primer nivel, los vecinos denuncian, una vez más, la escasez de agua y el encarecimiento de la vida.

Es la paradoja del desarrollo urbano en México: un estadio que “necesita” modernizarse para cumplir con los estándares de la FIFA, pero una colonia circundante que sigue lidiando con infraestructuras del siglo pasado, delincuencia y falta de desarrollo.

Incluso desde la óptica técnica, la reinauguración deja dudas. El propio dueño del inmueble ha admitido que las obras continuarán después del Mundial. Esto nos plantea una pregunta incómoda: ¿Estamos inaugurando un estadio de clase mundial o un set de televisión diseñado para cumplir con el compromiso comercial antes que con la funcionalidad estructural?

La prisa por abrir las puertas para el Clausura 2026 y los juegos de la Selección parece responder más a la necesidad de activar la caja registradora que a entregar un proyecto integral. Los “ajustes finales” que se prolongarán por meses son el síntoma de una planeación que priorizó el calendario de la FIFA sobre la integración real con la Ciudad de México.

El nuevo Estadio Azteca, ahora bajo el nombre de un patrocinador Banorte, ha reducido su aforo histórico de 110,000 a poco más de 83,000 asientos. Menos gente, pero “mejor segmentada”. El mensaje es claro: el futbol de élite ya no es para las masas, sino para quienes pueden pagar la experiencia premium.

La reinauguración no es solo el regreso de un estadio; es la consolidación de un modelo donde el derecho a la ciudad y al deporte se supedita al valor del metro cuadrado. El Azteca podrá lucir impecable bajo las luces de marzo, pero mientras sus cimientos sigan ignorando el malestar de quienes viven a su sombra, su brillo será, en el mejor de los casos, artificial.

Un estadio que le da la espalda a su barrio podrá ser un gran negocio, pero difícilmente será, de nuevo, el “alma” de un pueblo.

Ley para el Fomento de la Inversión: entre la urgencia y la desconfianza

El embrión de una nueva ley polémica ya fue sembrado en la Cámara de Diputados. La falta de recursos para solucionar los problemas carreteros, de energía, de agua y de transportes llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum, a plantear la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo, que busca, en el capital privado, encontrar el salvavidas que rescate el amplio rezago en estos rubros.

Sin lugar a dudas, el diagnóstico es el correcto; no hay nada que discutir; sin embargo, la solución luce incompleta. El conflicto empieza cuando se recurre a un nuevo andamiaje financiero sin cambiar el fondo.

La propuesta abre la puerta a esquemas de inversión mixta, contratos de hasta 40 años y nuevos vehículos financieros para canalizar capital privado. En el papel, todo perfecto: menos riesgo, mayor certidumbre, proyectos de largo plazo. En la práctica, el mensaje reconoce –sin decirlo abiertamente– que necesita a los inversionistas, pero al mismo tiempo se reserva la decisión sobre qué es “estratégico”, cómo se ejecuta y bajo qué condiciones. Es decir, se invita al capital, pero solo como socio pasivo.

Ahí es donde resurgen los cuestionamientos sobre la certeza jurídica misma que en los últimos años ha sido erosionada precisamente en los sectores donde esta ley pretende detonar la inversión. El caso más evidente es el energético. Cambios regulatorios, cancelación de proyectos, fortalecimiento de empresas estatales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, así como reglas que han favorecido al Estado sobre los privados, han dejado heridas que todavía sangran: las condiciones pueden cambiar sin previo aviso.

Bajo ese contexto, la ley enfrenta una contradicción que no se puede ignorar. Por un lado, busca atraer capital privado para financiar infraestructura energética –incluyendo generación, transmisión y almacenamiento–, sectores que requieren inversiones multimillonarias y horizontes de muy largo plazo; por el otro, mantiene un marco legal donde el Estado conserva una posición dominante y, en algunos casos, discrecional.

El resultado es predecible. El dinero no desaparece, pero se vuelve más selectivo, más caro o simplemente se va a otros mercados donde las reglas son más estables. No es casualidad que, pese a los esfuerzos por promover inversión, México siga enfrentando cuellos de botella en energía, desde la saturación en redes eléctricas hasta la falta de certeza en energías limpias. La ley intenta atacar la falta de inversión sin tocar el problema de fondo: la falta de certidumbre.

Eso no significa que la iniciativa sea irrelevante. Todo lo contrario, puede ser útil para ordenar proyectos, acelerar procesos y generar mecanismos más sofisticados de financiamiento. Pero su alcance es limitado si no viene acompañado de señales más profundas: respeto a los contratos, autonomía regulatoria y reglas que no cambien con cada coyuntura política.

Está claro que nuestro país necesita una ley como esta; sin embargo, las condiciones no parecen ser las adecuadas. Es imposible diseñar el mejor vehículo de inversión del mundo si el camino sigue plagado de incertidumbre ¿Usted se subiría a un barco así?

Ingeniería cerca de ti

El Colegio de Ingenieros Civiles de México es un referente técnico en materia de infraestructura, confiable ante los tres órdenes de gobierno y el Poder Legislativo, para la iniciativa privada y para la academia. El amplio alcance de sus comités especializados -agua, presas, carreteras, ferrocarriles, vialidades, energía, entre otros transversales como planeación, sustentabilidad, medio ambiente-, así como un legado de 80 años de profesionales en la ingeniería civil, le permiten concentran el mejor y mayor talento de la ingeniería civil del país.

Ante una asamblea muy nútrida, la semana pasada tomó protesta el nuevo consejo directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México con Jesús Campos López como nuevo presidente, al frente de la planilla “Ingeniería cerca de ti”. Los compromisos del nuevo equipo son: contribuir a incrementar la inversión en infraestructura del 2 al 5 por ciento del PIB con proyectos financieramente viables y que generen empleos dignos; consolidar al Colegio como un órgano de consulta del Estado en materia de ingeniería civil, conforme al mandato del artículo quinto constitucional; trabajar para unificar las normas en infraestructura a nivel nacional en coordinación con los tres órdenes de gobierno; dar continuidad al trabajo que ha funcionado de los anteriores consejos, promover la participación de más mujeres y estudiantes, y mejorar la atención a los miembros.

Una parte fundamental de la visión del nuevo equipo, es consolidar el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), un órgano multidisciplinario en el que participan varios organismos para aportar en la materia. El objetivo es posicionar al CPI como el principal órgano de consulta de los poderes Ejecutivo y Legislativo, además de que contempla realizar cinco talleres regionales para recoger iniciativas para sumar a un plan nacional de largo plazo.

Hay buenas expectativas de que el equipo liderado por Jesús Campos mantenga y fortalezca el papel del Colegio como aliado estratégico de los gobiernos federal y de la Ciudad de México, para brindar acompañamiento técnico, visión profesional, participación activa a través de opiniones técnicas, asesoría especializada, capacitación, colaboración interinstitucional y compromiso, para fortalecer las políticas públicas en materia de infraestructura.

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