Desarrollo vs discurso: el Plan Nacional de Infraestructura

La danza de los billones suele ser el recurso predilecto de los gobiernos para inyectar optimismo en los mercados, pero en política, el diablo no solo está en los detalles, sino en la ausencia de ellos. El reciente anuncio del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, que proyecta una cifra histórica de 5.6 billones de pesos para el periodo 2026-2030, ha generado más interrogantes que certezas en el tablero económico nacional.

El anuncio, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldado por figuras como Marcelo Ebrard y Edgar Amador Zamora, sitúa el listón muy alto. Para este 2026, se prevé un desembolso adicional de 722 mil millones de pesos, equivalente al 2% del PIB. Sin embargo, la gran debilidad del plan radica en su opacidad operativa.

Si bien se han mencionado ocho sectores estratégicos (energía, trenes, carreteras y agua, entre otros), el portafolio de más de 2,500 proyectos mencionados por la Secretaría de Economía carece, hasta el momento, de una hoja de ruta pública y detallada. Invertir bajo el esquema de “confianza ciega” es un lujo que una economía con un crecimiento estimado del 1.1% para este año no puede permitirse. La falta de un desglose geográfico y técnico preciso alimenta la sospecha de que estamos ante una lista de deseos más que ante una estrategia de ejecución inmediata.

La comparación con el sexenio anterior es inevitable y necesaria para entender el giro de timón. Aunque ambos emanan de la misma matriz política, sus estilos de construcción de país divergen significativamente:

El estilo AMLO, basado en el monumentalismo estatal. La infraestructura era un símbolo de soberanía financiado casi exclusivamente por el erario. Proyectos como el Tren Maya o la Refinería Dos Bocas fueron decisiones verticales, impulsadas por la voluntad política por encima de la rentabilidad financiera inmediata.

El estilo Sheinbaum, de apuesta por el desarrollo técnico-mixto. A diferencia de su antecesor, Sheinbaum introduce la “inversión mixta” sin concesiones tradicionales. Su enfoque es más institucional, delegando en un Consejo de Planeación Estratégica y buscando armonizar el capital privado con la rectoría del Estado.

Mientras que López Obrador utilizaba la infraestructura como un acto de justicia social y movilización de masas, Sheinbaum parece verla como una pieza de un rompecabezas logístico internacional (el llamado Plan México). Sin embargo, donde AMLO era concreto, aunque polémico, Sheinbaum corre el riesgo de ser conceptual. El expresidente entregó obras tangibles; la actual administración entrega indicadores y proyecciones.

Para que el 2026 no sea un año “vulnerable”, como ya advierten diversos analistas, el gobierno debe transitar del anuncio mediático a la publicación técnica. La inversión mixta requiere reglas del juego que trasciendan los discursos matutinos. Si el plan de los 5.6 billones quiere ser el legado de Sheinbaum, primero debe dejar de ser una cifra abstracta para convertirse en planos, licitaciones y realidades visibles en el territorio.

Desapariciones en México y ONU

Hay dos delitos de alto impacto en México que en los últimos cuatro sexenios se han mantenido constantes: los homicidios dolosos y las desapariciones. Un número no determinado de estas últimas se tratan de personas asesinadas y ocultadas, pues es muy complejo acreditar la responsabilidad del delito de desaparición, al no haber cuerpo del delito.

A fines de marzo, el gobierno federal dio a conocer que el Registro Nacional de la Comisión de Búsqueda tiene 130,178 personas desaparecidas, de las cuales solo 3,869 tienen carpeta de investigación y, en datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se tienen 132,534 desaparecidos o no localizados.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU decidió llevar la situación de México ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para impulsar medidas de apoyo internacional, como cooperación técnica en búsqueda, análisis forense e investigación; además de la creación de mecanismos eficaces para esclarecer la verdad y proteger a las familias.

El gobierno de México ha rechazado la decisión, argumentando que no se consideraron documentos que envió sobre las acciones y cambios legales que se han realizado en la actual administración, que está desactualizado al considerar casos de los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto y, sobre todo, la falta de rigor jurídico.

Esto último es importante, pues la desaparición forzada implica la privación de libertad de una persona, la intervención directa o consentimiento de agentes estatales, y la negativa de las autoridades a reconocer la detención o revelar el paradero de la persona.

En el caso mexicano, el Comité señala la participación o consentimiento de autoridades federales, estatales o municipales en algunos casos, no dice que se trate de una política de gobierno y reconoce que no son orquestados por éste, pero enfatiza “la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”, para pedir la intervención de la ONU.

Esta interpretación planteada por el Comité de Desaparición Forzada de la ONU no es nueva. Por lo menos desde 2015 venía recabando información y señalando la gravedad de las desapariciones en México.

Incluso en ese periodo, en México se incluyó el delito de desaparición forzada cometido por particulares, dado que el de privación ilegal de la libertad era insuficiente para la clasificación; dada la dispersión de datos por ser un delito del fuero común, se creó un registro nacional, mismo que se fue depurando, descubriéndose que muchos reportes no se desactivaron luego de localizar a la persona.

En el sexenio pasado, López Obrador dijo que la mayoría se tratan de ausencias voluntarias, por conflictos familiares, no por violencia, lo cual es cierto, pero esto minimizó y no atendió un problema grave que existe de personas desaparecidas en circunstancias relacionadas con delincuencia organizada, de fosas clandestinas localizadas, de relación de policías locales con grupos delictivos, de escasa confianza de los familiares a las autoridades, el tema de la revictimización, y la falta de resultados por parte de las fiscalías.

Muy probablemente el actual gobierno ha hecho más que el anterior para atender el problema. Sin embargo, la carencia de una política nacional para atender las desapariciones, la falta de continuidad en las acciones, la desatención al Comité de Desaparición Forzada de la ONU y hasta la indolencia, hace que sea a esta administración a la que se le cobre la factura.

En este escenario, debería plantearse el gobierno federal los beneficios que pudiera tener la intervención de la ONU, sea para resolver o contener el problema de las desapariciones o, por lo menos, para que el organismo comprenda la complejidad del problema y se busquen otras soluciones.

Ormuz: el “infierno” para todos

Aunque la advertencia de “desatar el infierno” contra Irán, si no libera el Estrecho de Ormuz, suena como una de las consabidas “bravatas” de Donald Trump, habría que tomarla muy en serio. El enojo del mandatario tiene un trasfondo que no calculó antes de intervenir en una guerra que para Estados Unidos carecía de sentido y que consiguió poner al descubierto la fragilidad del sistema energético global.

Los norteamericanos tienen el músculo militar suficiente para mantener abierta la ruta; sin embargo, los costos de financiar una operación de esta envergadura son extremadamente altos, aun para una gran potencia, contra las posibilidades de alcanzar un éxito total. Irán no necesita cerrar completamente el estrecho para generar daño. Le basta con volverse impredecible.

Un par de ataques a buques, minas en puntos estratégicos, drones… El mercado se encarga de hacer el resto. Los precios suben, los seguros se disparan y el miedo se instala en la mente en el grueso de la cadena.

Para Estados Unidos, eso se traduce inmediatamente en gasolina cara e inflación. Dos factores que pesan más que cualquier discurso en política interna. Y, faltando apenas unos meses para las elecciones de medio término, el riesgo es claro: un Congreso más hostil en la recta final de su mandato.

Para Israel las cosas podrían resultar más delicadas, si bien ha lanzado una ofensiva fulminante, se enfrenta a una reacción que, si bien es de baja escala, apuesta por el desgaste frente al tiempo. Se abre la puerta a ataques indirectos en múltiples frentes y una presión constante que hay que decirlo, tiene con los “cabellos de punta” a sus ciudadanos que viven en un estado de ansiedad permanente.

Irán no tiene nada que ganar, pero dadas las circunstancias tampoco tiene ya mucho que perder. El régimen logró superar los primeros embates y demostró tener la capacidad para resistir incluso años. Un bombardeo sostenido dañaría infraestructura clave, sí, pero difícilmente provocaría un colapso, por lo menos en lo inmediato.

Hace tiempo que las sanciones se volvieron parte de su cotidianidad, por lo que ha construido una estrategia alrededor de la resistencia y de la respuesta indirecta. Pese a las amenazas, la posibilidad de una operación terrestre se anticipa como “suicida” dado el tamaño y lo inhóspito del territorio.

Pese a la distancia, el impacto no tardaría a llegar a México, de hecho, ya empezamos a ver los primeros efectos: un aumento en el petróleo termina reflejándose en la gasolina –que en gran medida se importa–, el gobierno amortigua el precio a los consumidores a través del IEPS; sin embargo, lo financia con recursos del erario lo que significa recortes a los gastos en otros rubros, una situación que en poco tiempo puede volverse insostenible. El alza de los combustibles implica un aumento en los costos de transporte, alimentos, servicios, prácticamente todo.

Ciertamente, Pemex podría beneficiarse por mayores ingresos, pero ese beneficio se reduce rápidamente cuando lo contraponemos al costo cotidiano que absorben millones de personas. En unas cuantas semanas, la diferencia puede sentirse en algo tan simple como una visita a la estación de gasolina.

Lo más probable es que no veamos una guerra abierta en un periodo cercano. El escenario más realista es otro: tensión constante, episodios de violencia controlada, declaraciones de alto impacto mediático y un mercado energético más reactivo. Una crisis latente que no termina por estallar, pero tampoco por resolverse.

A final de cuentas, lo que revela Ormuz no solo es un punto de tensión geopolítica, sino que nos muestra que pese a los avances tecnológicos hay ámbitos donde nada esencial ha cambiado en siglos. Seguimos atados a rutas vulnerables, y cada vez que una de ellas se convierte en foco de conflicto, el efecto es inmediato.

Los daños colaterales de una guerra suelen trascender las fronteras; es el mundo el que termina pagando la factura a través de precios altos, inflación y más pobreza para aquellas naciones que no tienen la capacidad de absorber sus efectos.

Cuando el sueldo ya no lo es todo

Durante años, el mercado laboral mexicano operó bajo una lógica casi incuestionable: a mayor salario, mayor disposición del talento. Hoy, esa premisa empieza a fracturarse. Los datos más recientes del “Termómetro Laboral” de OCC, la bolsa de trabajo en línea líder en México, lo evidencian con claridad: aunque el 51% de los trabajadores aceptaría un empleo altamente demandante si el sueldo lo compensa, un 27% ya no está dispuesto a hacerlo bajo ninguna circunstancia. No es un dato menor, es una señal de cambio estructural.

Lo que estamos viendo no es una simple preferencia individual, sino una redefinición de prioridades. En un país donde históricamente el trabajo ha implicado largas jornadas, traslados extensos y una difusa línea entre lo profesional y lo personal, cada vez más personas están estableciendo límites. El salario sigue siendo el principal motivador —como lo confirma el 60% de los encuestados—, pero ya no opera de forma aislada, porque hoy compite directamente con el tiempo, el bienestar y la calidad de vida.

Este cambio plantea un desafío para las empresas. Antes la conversación se centraba en cómo atraer talento; hoy, la pregunta es cómo retenerlo sin comprometer su equilibrio personal. Porque si bien una parte importante de la fuerza laboral está dispuesta a intercambiar tiempo por dinero, otra proporción creciente ya no lo está. Y en ese contraste se redefine el nuevo contrato laboral: uno donde la flexibilidad y las condiciones de trabajo pesan tanto como la compensación económica.

Lo que estos datos dejan ver es una transformación más profunda: el trabajo ha dejado de ser el eje absoluto de la vida para convertirse en una de varias prioridades; entenderlo no es solo una cuestión de cultura organizacional, sino de competitividad. Las empresas que logren leer esta evolución —y adaptarse a ella— no solo atraerán talento, sino que construirán relaciones laborales más sostenibles en el tiempo.

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