El despojo: Talón de Aquiles del Estado de México
La problemática del despojo en el Estado de México no termina por disminuir y, mucho menos, por resolverse. Los casos de miles de familias despojadas de su patrimonio, construido a través de los años, y en muchas ocasiones por generaciones, van en aumento.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número de denuncias por ese delito en la entidad, en el período de enero a mayo, fue de dos mil 49 durante 2024 y para el presente año, en el mismo ciclo, aumentó a dos mil 310 casos.
Pese a que este martes entraron en vigor reformas al Código Penal del Estado de México que representan un avance en el reconocimiento del derecho a la propiedad y contemplan mayores penalidades a quien cometa el delito de despojo, con sanciones de hasta 25 años de cárcel y mil 500 días de multa, el cambio parece insuficiente para resolver los casos actuales, ya que muchas familias siguen sin recuperar sus viviendas, incluso ya con sentencias a su favor.
La problemática principal se centra en que es necesario avanzar en procesos judiciales más ágiles y eficaces para lograr recuperaciones rápidas pues las personas afectadas deben vivir un verdadero calvario al enfrentar maratónicos procesos penales para demostrar la titularidad y que se lleve a cabo el lanzamiento con la subsecuente entrega del inmueble.
Además, la participación policial es otra dificultad que deben sortear quienes buscan recuperar su propiedad, pues pese a que cuenten con una orden judicial, la falta de apoyo de la autoridad de seguridad pública o la presencia de grupos armados durante los lanzamientos evita que los operativos de recuperación se lleven a cabo.
Quizá las reformas a la Ley en la materia puedan inhibir nuevas invasiones en la entidad, pero se necesitaría una estrategia integral que no sólo implique mayores penalidades sino atención integral a las víctimas durante los procesos penales, mayor celeridad en los juicios vigentes y coordinación de los tres niveles de gobierno para recuperar las propiedades.
Hernán Bermúdez, el Durazo tabasqueño
Desde el hackeo y filtración del llamado Guacamayaleaks en 2022, fue público que la Secretaría de la Defensa Nacional tenía identificados al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco Hernán Bermúdez Requena, como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación y con nexos con otros grupos delictivos locales, así como al comisionado y al director general de la Policía Estatal, José del Carmen Castillo Ramírez y Leonardo Arturo Leyva Ávalos, respectivamente, todos en la administración de Adán Augusto López como gobernador de Tabasco, y los dos últimos, continuando con la del gobernador interino Carlos Merino.
Tanto entonces como ahora, con todo y orden de aprehensión y ficha roja de Interpol en contra de Hernán Bermúdez, Adán Augusto López ha guardado silencio, como si no hubiera sido gobernador de Tabasco, ni secretario de Gobernación, ni amigo de la juventud del ahora prófugo, señalado de vínculos con “La Barredora” o “La Hermandad”, un grupo criminal relacionado con mandos y ex mandos policiales.
Al parecer, como en sus tiempos José López Portillo con el “Negro” Durazo, Adán Augusto optó por poner un administrador y cómplice del negocio delictivo a cambio de que no hubiera problemas en Tabasco. Carlos Merino ratificó en el cargo a Bermúdez, quien renunció a principios de 2024, luego de que la “pax narca” se terminó sorpresivamente con dos semanas de fin de año de quemas de vehículos, bloqueos y asaltos masivos a comercios, atribuible a una ruptura dentro de “La Barredora”.
Paralelamente, ya como titular de Gobernación, Adán Augusto siguió operando en la política de su tierra natal, no contra la oposición prácticamente desaparecida, sino al interior de Morena local, en disputa abierta contra el llamado grupo de los Fundadores, con Javier May, José Ramiro López Obrador y Octavio Romero Oropeza, logrando el primero la candidatura a gobernador a pesar de López Hernández.
La violencia, que empezó a ser recurrente en la administración de Javier May, evidenció la presencia de organizaciones y grupos criminales en Tabasco, así como todas las actividades delictivas que estuvieron semiocultas en el sexenio de Adán Augusto-Merino: robo de combustible, narcotráfico, extorsión y la colusión con autoridades. Sin deberle nada a sus antecesores, May no ha tenido empacho en señalarlos. Y, al parecer, sin tener cómo defenderse, sea por ignorancia o complicidad, Adán Augusto ha optado por no decir nada, y ver cómo la presidenta Claudia Sheinbaum dice que no lo investigan, aunque seguramente lo pensará dos veces la siguiente vez que quiera irse por la libre en la operación política en el Senado.
La CURP biométrica, un salto de fe
Durante la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que de ninguna manera se va a solicitar la lista nominal del INE para crear la CURP con datos biométricos, lo que volvió a colocar en el centro de la discusión la puesta en práctica de un mecanismo de este calado.
Por muchos motivos el tener un sistema biométrico centralizado ofrece distintas ventajas para democracias con instituciones sólidas que garantizan que la identidad de los ciudadanos quedará a buen resguardo ofreciéndoles la tranquilidad a la que el Estado está obligado.
Un sistema biométrico centralizado evita la suplantación de identidad (no existen coincidencias entre rostro, huellas digitales e iris). Paralelamente reduce los fraudes con documentos falsos, duplicados o prestados; unifica el documento de identificación oficial; facilita trámites y servicios digitales y fomenta la inclusión financiera y digital entre otros tantos usos.
Registros como este han dado muy buenos resultados en diferentes partes del mundo. Países como Alemania, Brasil, Estonia, Francia e India los utilizan ya con un alto grado de efectividad. La pregunta natural que surge entonces es, ¿nuestro país está preparado, no para levantar un censo con todos los ciudadanos, sino si está en capacidad de mantener esa información con el alto grado de seguridad que se requiere? Los antecedentes con los que se cuenta señalan que no.
No es ningún secreto que en México existe un mercado negro en el que circulan bases de datos personales robadas o filtradas que incluyen información con nombres completos, direcciones, números telefónicos, CURP, RFC, padrones electorales, historiales crediticios y en algunos casos hasta datos bancarios o relacionados con la salud.
Tristemente nuestro país ha demostrado graves deficiencias en ciberseguridad en instituciones públicas y privadas producto, en la mayoría de los casos, de la falta de inversión en la materia. Aunque existe una Ley Federal de Protección de Datos Personales, esta se muestra laxa a la hora de aplicar sanciones. Existen casos documentados en donde los propios empleados venden o filtran datos desde dentro de las organizaciones. Pero el mayor problema se encuentra en el gran mercado que existe para este tipo de información que es utilizada para fraudes, extorsión, suplantación de identidad, campañas políticas y con fines publicitarios.
Evidencias existen muchas. En enero pasado, un ciberdelincuente bajo el alias de Intel_Data ofrecía en la dark web una base de datos con información personal de 81 millones de ciudadanos mexicanos por la cantidad de 0.02 BTC. Hacia finales de febrero, otro reconocido criminal identificado como Injectioninferno puso a la venta en un foro clandestino “la base de datos más grande de México”. En mayo otro usuario ofreció un paquete con datos del INE, de instituciones bancarias, Telmex, universidades, partidos políticos y más, por sólo 5 mil dólares.
A eso hay que agregar vulnerabilidad de instituciones del Estado víctimas de constantes ataques cibernéticos entre 2018-2025 entre los que se encuentra Sedena, Pemex, la Consejería Jurídica, Lotería Nacional y CONAGUA.
Claramente, hoy no existen las condiciones mínimas para poner en marcha un sistema biométrico centralizado. Una base de este tipo se convertiría en un blanco muy atractivo para la delincuencia organizada. Un solo hackeo puede comprometer la identidad total de millones de personas y, a diferencia de una contraseña, una vez filtrados los datos biométricos estos ya nunca podrán ser cambiados.
Computrabajo: trabajar con sentido
Los tiempos cambian. Hoy, para las nuevas generaciones el empleo dejó de ser un medio de obtener ingresos, para transformarse en una senda para alcanzar el desarrollo integral. Dentro de las prioridades de los jóvenes no se encuentra únicamente la estabilidad económica, sino también encontrar el sentido, motivación y coherencia entre su actividad laboral y sus valores personales.
A partir de este enfoque, Computrabajo, la bolsa de trabajo digital, identificó cinco vertientes para orientar la búsqueda de trabajo con propósito: desde priorizar un mejor salario o el desarrollo profesional, hasta integrarse a una organización con una cultura sólida o cuya misión impacte positivamente a la sociedad. Esta perspectiva refleja un cambio profundo en la manera de concebir el desempeño laboral: no como un fin en sí mismo sino como una herramienta para construir una vida significativa.
Las empresas con mayor futuro son aquellas que están abiertas a asimilar estos cambios replanteando sus propuestas de valor hacia los candidatos. Ya no basta con ofrecer una remuneración competitiva; es necesario incorporar beneficios emocionales; oportunidades reales de crecimiento y un entorno laboral que fomente la colaboración, la inclusión y el bienestar.
“Buscar empleo no solo es un proceso, es una oportunidad para transformar vidas”, señaló Alejandra Martínez, responsable de Estudios de Mercado Laboral de Computrabajo. Bajo esta premisa, tanto quienes buscan empleo como quienes lo ofrecen están llamados a replantear sus expectativas y compromisos. La clave del éxito no radica únicamente en atraer talento, sino generar entornos donde ese talento encuentre su desarrollo pleno, contribuya con sentido y logre mantener un compromiso de largo plazo.
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