Iberdrola, una inversión que dice “adiós”

A lo largo de su sexenio Andrés Manuel López Obrador fue construyendo una narrativa satanizando antagonistas claramente definidos que encarnaban el saqueo, la corrupción o el privilegio. Este discurso se utilizó recurrentemente para reforzar su proyecto transformador como un movimiento de rescate público.

Ejemplos hay muchos en todos los ámbitos. En el empresarial, destacan Oxxo, Repsol y Grupo México, pero sobre todos ellos sobresale, en el sector energético, la transnacional española Iberdrola acusada de ser una de las beneficiarias del modelo neoliberal; operar con ventajas indebidas y “saquear al país” mediante contratos ventajosos. Incluso, en su momento, el entonces presidente se aventuró a señalarla por intentar adueñarse del sector eléctrico.

Finalmente, en 2023 Iberdrola acordó vender al Estado mexicano 13 de sus plantas en 6 mil millones de dólares; mientras el gobierno lo anunciaba como una ”nacionalización”, la empresa lo daba conocer como un ajuste estratégico.

Ahora Iberdrola planea vender el resto de sus activos en nuestro país -o por lo menos así lo adelanta “El Confidencial”, uno de los medios digitales más influyentes en España-, bajo el argumento de la incertidumbre regulatoria, que según señala la compañía, priva en México. La operación estaría a cargo de Barclays Bank.

Más confundida que sorprendida, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló en su conferencia matutina que habría que tener cuidado con la información, porque apenas hace unos días había recibido reportes de que Iberdrola aún tenía planes de inversión en nuestra nación, pero, no sin cierto desdén, dejo claro que de confirmarse la salida no existiría ningún problema.

Un mensaje para los inversionistas: si una de las mayores compañías privadas del sector decide irse, que se vaya. No habrá compras por parte del Estado, no hay interés en retenerla y mucho menos modificar un rumbo que consolida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como eje dominante del sistema eléctrico nacional.

El mensaje es cristalino: el modelo de participación privada se redefine desde el poder, y los márgenes para la iniciativa privada se ajustan a una nueva lógica de control y rectoría pública en la que no hay lugar para “pataleos”.

Desde una óptica puramente legal es innegable que existe una certeza jurídica, sin embargo, en el mundo de los negocios ésta también tiene que ver con la confianza, la estabilidad, el trato equitativo, pero sobre todo, contar con reglas que no se redefinan cada sexenio.

La salida de Iberdrola es un síntoma al que habría que ponerle atención ¿Es posible una transición energética sin diálogo, ni pluralidad, y sin privados que se sientan parte del proyecto? Habrá que buscar en los axiomas de la Cuarta Transformación.

La violencia en el país, ¿baja o no baja?

La incidencia delictiva y la percepción ciudadana son dos rubros que no forzosamente van de la mano ya que la primera se basa en datos objetivos y tangibles, mientras que la segunda puede ir de la mano de aspectos subjetivos como la exposición a noticias, redes sociales, experiencia personal o limitación en la información de los delitos que ocurren.

Esta semana, el gabinete de seguridad federal, en voz del secretario Omar García Harfuch dio a conocer que, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, las fuerzas federales y autoridades del Estado de México llevaron a cabo 52 cateos en inmuebles de esa entidad, relacionados con los delitos de extorsión principalmente, secuestro y delitos contra la salud.

Asimismo, a principios de semana se dio cuenta de acciones contra la violencia, llevadas a cabo durante los últimos 15 días, tanto en Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Querétaro, Chihuahua, Guerrero, Puebla y Tabasco, principalmente, que permitieron la detención de 784 personas, el aseguramiento de 399 armas de fuego, así como de 8.7 toneladas de droga.

También se ha informado que el primer semestre de 2025 registró la cifra más baja de homicidios dolosos desde 2016 y que 25 entidades federativas reportaron una disminución de este delito en comparación con el mismo semestre del año anterior.

Sin embargo, la percepción ciudadana sobre inseguridad aún es muy alta. Ayer, se dio a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), difundida por el INEGI, la cual señala que, en entidades como Sinaloa, Michoacán o el Estado de México, la población aún opina que es peligroso vivir en su localidad. Por ejemplo, Culiacán encabeza la lista de zonas urbanas con mayor porcentaje de personas adultas que consideraron que vivir en su ciudad era inseguro, con 90.8 por ciento, le siguen Ecatepec con 90.7 por ciento y Uruapan con 89.5 por ciento.

Y aunque claramente podemos ver que la estrategia nacional contra la violencia cambió radicalmente de la política de “abrazos, no balazos” a acciones contundentes contra el crimen organizado, para la mayoría de la población aún resulta insuficiente el combate a la delincuencia.

De acuerdo con la ENSU, en junio de 2025, 63.2 por ciento de la población adulta, residente en 91 áreas urbanas consideró que era inseguro vivir en su ciudad, lo que representa un cambio estadísticamente significativo en comparación con marzo de 2025 que presentó 61.9 por ciento y junio de 2024 que registró 59.4 por ciento.

Sin duda, el camino para reducir tanto la incidencia delictiva como la percepción ciudadana de inseguridad, aún es muy largo ya que es producto, no sólo de años sino de décadas en que la violencia fue creciendo paulatinamente, producto de factores sociales como la falta de valores, la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción. Ahora, habría que ver en cuántos años podemos observar un cambio que sea tangible, tanto en los números como en el colectivo imaginario.

Adán y Monreal, horas contadas

Que se informe que a Hernán Bermúdez se le investiga desde el año pasado y que no hay carpeta de investigación contra Adán Augusto López, son placebos que no remedian el daño al coordinador de senadores de Morena, quien tardó días en hacerse presente y decir algo sobre la orden de aprehensión contra quien fuera su secretario de Seguridad estatal, primero con un lacónico post poniéndose a disposición de la autoridad, luego declarando incomprensiblemente que había que cerrar filas… ¡con la presidenta!, y con una entrevista donde dijo lo único que podría decir y que nadie cree: que no sabía de las actividades delictivas de su amigo de hace 30 años.

Unos días después de que se diera a conocer la orden de aprehensión contra Bermúdez, siempre precavido, Ricardo Monreal anunció que estaba al final de su carrera política, ya no disputaría ningún cargo y que no tenía denuncias ni señalamientos de corrupción en 47 años de carrera. Acto seguido, el coordinador de diputados de Morena tomó sus vacaciones en Madrid, las cuales se hicieron públicas a raíz de su ausencia en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional Morena.

Para ambos casos, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo palabras de extrañamiento. Del tabasqueño, porque estimó pertinente que él diera la cara, probablemente sabiendo que la noticia le había tomado desprevenido y de vacaciones; mientras que con el zacatecano fue más dura, al decir que toca al pueblo evaluar a sus funcionarios y soltar que “el poder se ejerce con humildad”. No era la primera reprimenda al diputado. Ya en noviembre pasado, la mandataria había reprobado el uso de un helicóptero privado para trasladarse en la Ciudad de México por parte de Monreal y del también diputado y líder sindical Pedro Haces, patrocinador de la aeronave.

El acuerdo impuesto por López Obrador para entregar las coordinaciones de senadores y diputados del partido al segundo y tercer lugar en la contienda por la candidatura presidencial tiene sus horas contadas. Tanto López Hernández como Monreal llegaron sobrados a sus cargos, operando a su conveniencia las iniciativas a aprobar, promoviendo a los de su grupo político -ahí están la campaña anticipada de la senadora Andrea Chávez y la cercanía de Monreal con el ya citado Haces-, incluso con acciones rayando en el desafío a la presidenta. En ello, hay que reconocer, Adán Augusto ha sido el más evidente ahora, aunque Monreal lo fue cuando estaba en el Senado y Sheinbaum era jefa de Gobierno.

Ambos políticos se encuentran en una situación vulnerable, en posición de dejar sus respectivas coordinaciones y refugiarse en su escaño y curul de cara al próximo periodo de sesiones, y dejar vía libre a la presidenta de tener operadores de su confianza en el Congreso, que no tengan necesidad de exhortar a cerrar filas con ella, ni decir que ya van de salida.

¿Y la oposición? Callados sus dirigentes, entre amagos de reabrir expedientes como el del Cártel Inmobiliario y las facultades de las nuevas leyes en materia de seguridad  que pueden ser usadas en su contra, como pudiera ser el caso ahora de Adán Augusto y Monreal.

¿Gentrificación o falta de oferta?

 El debate sobre la gentrificación, aunque legítimo, no debe opacar la raíz estructural del problema inmobiliario en la capital: la escasa oferta.

En palabras de Enrique Téllez, co-director de desarrolladora del parque y ex presidente de la ADI (Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios), hablar de gentrificación sin hablar de oferta y demanda es un análisis incompleto. La falta de oferta de vivienda en todos los segmentos, no sólo en colonias como Roma o Juárez, sino en toda la ciudad, es lo que verdaderamente está presionando los precios de compra y renta. Esta escasez no se gestó de la noche a la mañana, arrastra los efectos de inversiones pospuestas, retrasos en licencias, incertidumbre de mercado y, por supuesto, el impacto de la pandemia.

El diagnóstico es claro: sin un entorno que facilite permisos y fomente nuevos desarrollos, será difícil contener la presión de precios, sin importar cuánto debatamos sobre la “gentrificación” como fenómeno social.

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