El abismo presupuestal entre la renta y la compra de patrullas
La constante disyuntiva de los gobiernos sobre adquirir o arrendar patrullas puede llegar a contrapuntear los argumentos de las administraciones entrantes y salientes, como en el caso de la ex Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la actual mandataria capitalina, Clara Brugada.
Durante la gestión de Sheinbaum, se señaló que, el Gobierno de la Ciudad de México logró un ahorro cercano a mil millones de pesos con la renta de mil 855 patrullas tipo Dodge Charger y Journey, así como Ram y Wrangler, que de acuerdo con un análisis de mercado tendrían un costo de arrendamiento de cuatro mil 274 millones de pesos, pero fue posible rentarlas por tres mil 299 millones de pesos, con servicios de seguro y mantenimiento incluidos.
No obstante, hace unos días, la actual Jefa de Gobierno dio a conocer que su administración habría adquirido tres mil 500 patrullas nuevas, entre ellas autos Nissan Sentra y camionetas Ford, tanto Escape Interceptor como Pick Up, con una inversión de siete mil 460 millones de pesos.
Si nos vamos a las matemáticas básicas, el costo por unidad en el esquema de renta utilizado durante la gestión de Claudia Sheinbaum habría sido de aproximadamente un millón 778 mil 436 pesos, mientras que en el modelo de compra empleado por el gobierno de Clara Brugada, el precio de cada patrulla oscilaría en dos millones 131 mil 428 pesos, es decir, una diferencia cercana a 352 mil 991 pesos por cada vehículo.
Al hablar de posibles ventajas de la renta, este esquema permite el uso de las patrullas durante el periodo contratado, en que la arrendadora absorbe los costos y riesgos asociados, además de asumir la depreciación y obsolescencia de las unidades, así como la reposición en caso de inoperatividad, reparación correctiva y preventiva, además del pago de seguro.
En el caso de la compra, implica un desembolso mayor que no incluye mantenimiento o aseguramiento de las unidades, además de que es necesario presupuestar el pago de verificación o de tenencia, así como de la administración y monitoreo de cada patrulla que en algún momento llegará al fin de su vida útil.
De acuerdo con los expertos de empresas dedicadas al arrendamiento de bienes y servicios, el esquema de renta asegura una planificación contable, contando con una partida presupuestal específica.
Si los cálculos básicos nos muestran un claro ahorro en el esquema de arrendamiento, bien valdría la pena que las actuales autoridades capitalinas nos expliquen las razones por las cuáles se adoptó el modelo de compra y qué factores de operación, como potencia, desempeño y tecnología de cada unidad, geografía para su uso, geolocalización y mantenimiento, se consideraron, porque al menos a primera vista, pareciera que al gobierno capitalino le dieron gato por liebre.
Bukele: ¿aprendiz de dictador?
Malas noticias para aquellos que especulaban que Nayib Bukele buscaba eternizarse en la presidencia de El Salvador. Su peor pesadilla se ha vuelto realidad: el mandatario no sólo ha confirmado su decisión de reelegirse sino que ahora lo hará con un marco legal cortado a la medida, luego de que el Congreso aprobara una reforma que elimina los límites a la reelección y abre la puerta para un mandato prolongado, en un giro que consolida su poder y debilita aún más los contrapesos democráticos del país.
Las últimas encuestas dan a Bukele un nivel de popularidad nunca antes visto en El Salvador, que oscila entre el 85% y el 90%, sustentado por su estricto programa de seguridad, sin embargo, su alto nivel de popularidad no tendría que ser un cheque en blanco. El respaldo ciudadano no exime al poder de rendir cuentas. La legitimidad en las urnas no debe traducirse en un poder sin límites.
Para sus seguidores es necesaria la continuidad en la política de seguridad, política que ha sido liderada por el propio presidente que le ha puesto coto a las pandillas que asolaban al país reduciendo drásticamente el número de homicidios. Con su estilo directo y pragmático Bukele ha demostrado ser eficaz en una nación tradicionalmente dominada por la inestabilidad y la corrupción lo que le ha dado una mayor proyección internacional a la nación centroamericana.
En contra, Bukele no oculta su ambiciones políticas. Hasta 2021 la constitución salvadoreña prohibía la reelección inmediata. Bukele logró que la ley se reinterpretara por una Corte nombrada por su mayoría legislativa para mantenerse en el poder. Desmanteló la Corte Suprema, la Fiscalía y la Asamblea Legislativa lo que plantea riesgos autoritarios camuflados bajo su alta popularidad.
No es ningún secreto que junto a criminales han sido detenidas miles de personas por simples prejuicios, sin estar sujetas al debido proceso, lo que le acarrea denuncias y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Antes de que Bukele llegara a la Presidencia, gobernaban los partidos tradicionales: el izquierdista FMLN y previamente la derecha de ARENA. Ambos fueron perdiendo legitimidad tras años marcados por la corrupción, la ineficiencia y un pacto tácito con las pandillas. Los niveles de violencia eran alarmantes, las tasas de homicidio superaban las 100 por cada 100 mil habitantes. La extorsión, los asesinatos y el control territorial de los maras mantenían en jaque a una población aterrorizada.
Bukele redujo los niveles de violencia mediante una estrategia de mano dura que incluyó la declaración de un régimen de excepción, detenciones masivas de supuestos pandilleros sin garantías judiciales, la construcción de un megapenal para aislar a los criminales, y una fuerte militarización de las zonas más conflictivas. Paralelamente, reformó el sistema judicial para facilitar arrestos y procesamientos rápidos, mientras controlaba el discurso público para justificar las medidas.
El grave problema es que la nueva legislación esta redactada a su medida y las leyes no se deben moldear para un hombre, sino para proteger a un pueblo de lo contrario se destruyen los límites que resguardan a la sociedad y lo que parecía un mandato legítimo se va diluyendo en un peligroso camino hacia la pérdida de libertades. Ojalá no sea este el caso.
Minería y crimen organizado: el mercurio, sólo un ejemplo
La semana pasada, en el puerto del Callao, en Perú, fue asegurado un contenedor con mercurio de contrabando con un valor calculado de 500 mil dólares proveniente de México y con destino a Bolivia. El mineral líquido iba adherido a unas 20 toneladas de gravilla, estimándose que, una vez separado, serían alrededor de 4 toneladas de mercurio líquido.
De acuerdo a un informe de la Agencia de Investigación Ambiental de Estados Unidos, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) opera una red de tráfico de mercurio, que se dedica a la extracción del mineral en minas mexicanas, para contrabandearlo a Bolivia, Colombia y Perú. El mercurio es utilizado en la minería de oro artesanal para separar el metal precioso de otros materiales mediante combustión, contaminando todo a su alrededor y con daños a la salud de quienes la emplean, por lo que está prohibido su uso a nivel internacional.
Según la citada agencia, entre abril de 2019 y junio de 2025, se habrían contrabandeado cerca de 200 toneladas de mercurio, destinado a la producción de más de 8 mil millones de dólares en oro ilegal. En los países señalados, además de Brasil, la minería artesanal es una actividad común, por lo que utilizan métodos rudimentarios y baratos para la extracción y procesamiento de oro.
El crimen organizado ha encontrado en la minería una fuente de ingresos por diferentes actividades ilícitas: extorsiones, cobro de piso, robo de maquinaria y minerales a las empresas mineras, y, de manera idrecta, a la extracción y comercialización ilegal, donde el mercurio es sólo un ejemplo de ello. En nuestro país hay minas de mercurio en Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosí, Zacatecas y Querétaro.
De hecho, el informe de la Agencia de Investigación Ambiental estadounidense refiere que su personal fue amenazado en los alrededores de La Plazuela, en la Sierra Gorda de Querétaro, donde pudieron confirmar que el CJNG controla y vigila las minas de la región. Es decir, autoridades municipales, estatales y federales deben conocimiento de ello, además de las minas que controla el Cártel de Sinaloa en el noroeste del país, por poner otro ejemplo; así como de la red de autoridades de todos los niveles y empresas involucradas en el contrabando de minerales al exterior, sabiéndose por ejemplo, que uno de los puertos de salida es Lázaro Cárdenas, con minerales raros y preciosos con destino a China. Una historia similar a la que se está viendo con el llamado huachicoleo fiscal, que no es otra cosa que contrabando de combustibles.
La situación es grave no sólo por el daño económico a la industria y la inseguridad para las comunidades, sino por el daño ecológico que provoca la minería ilícita que realizan las organizaciones criminales donde extraen y procesan los minerales sin consideración alguna más allá de las ganancias que obtengan.
Alcaldía Cuauhtémoc: el nuevo termómetro del valor inmobiliario en CDMX
En un entorno de altas tasas, inflación contenida y cautela inversora, el sector inmobiliario sigue siendo uno de los refugios más sólidos. Prueba de ello es la dinámica actual en la Ciudad de México, donde la alcaldía Cuauhtémoc se ha posicionado como la zona con mayor colocación de vivienda, concentrando el 15% de las ventas trimestrales, equivalentes a unas 7,000 unidades.
Este fenómeno no es casual. Se trata de una zona que permite vivir, trabajar y disfrutar a menos de 20 minutos caminando, lo que responde a las nuevas prioridades de los compradores: ubicación, conectividad y funcionalidad. Según expertos de la multinacional de consultoría inmobiliaria Tinsa y de desarrolladora del parque, en un webinar de University Tower, la mitad de la oferta vendida está en el segmento residencial (3 a 6 millones de pesos) y un 31% en el medio, reflejando su diversidad y atractivo para distintos perfiles.
Al mismo tiempo, la balanza entre nuevas unidades y viviendas vendidas sigue siendo negativa desde 2023. Hoy, se venden más propiedades de las que entran al mercado, con una disparidad del 30%. Esto presiona precios al alza, tanto de venta como de renta, especialmente en zonas como Reforma, Roma y Polanco. Solo en Reforma, los precios por metro cuadrado alcanzan los 123,000 pesos, con un crecimiento anual del 7.6%.
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