Paquete Económico: entre la ilusión y la realidad
Nada desearíamos más que el Paquete Económico 2026 presentado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se cumpliera como está planteado, sería muy bueno para el país y para los mexicanos, lamentablemente se encuentra al filo de la realidad en un entorno poco favorecedor por las condiciones no sólo locales sino por todo lo que está ocurriendo en materia económica a nivel mundial derivado de las políticas arancelarias establecidas por el presidente Donald Trump, lo que entre otras cosas amenaza con desmantelar las cadenas de producción ya bien establecidas.
No se trata de ser pesimista, pero resulta muy peligroso pecar de optimismo en un mundo de realidades. Las cuentas alegres pueden sonar muy bien para la narrativa, pero lo cierto es que los dineros no alcanzan para todo lo que se pretende, no sin más deuda, algo que en el proyecto se pretende ir erradicando.
De entrada, el Paquete Económico pretende bajar el déficit fiscal a 4.1% del PIB y fija un crecimiento que, en el mejor de los casos, llegaría a 2.8%, pero mientras Hacienda habla de expansión, el Banco de México pronostica un máximo de 1.9% si las cosas van más que bien. Esta brecha no es poca: la diferencia entre expectativa y realidad puede traducirse en ajustes dolorosos a mitad de la marcha.
A grosso modo, el gasto neto total será de 10.19 billones de pesos, un incremento de 5.9% con relación al año anterior la gran pregunta es, ¿a dónde se irá ese dinero?
El mayor ganador es el sector eléctrico. La Secretaría de Energía prácticamente duplica su presupuesto, pasando de 138 mil millones de pesos a 267 mil millones de pesos. Pemex por su parte recibirá 517 mil millones, un aumento de 11.4%. Hasta el flamante Poder Judicial, del que se quejaban de despilfarros, debutará con un presupuesto de 85 mil 960 millones de pesos, 17% más que el año que le precedió. En contraste, el Instituto Nacional Electoral sufrirá un recorte de 18.3%; la Secretaría de Seguridad Ciudadana 17,5% menos -el tema prioritario para millones de mexicanos-; la Secretaría de Cultura una vez más se encuentra entre las víctimas
En lo social, el paquete contempla 987 mil millones de pesos distribuidos en 14 programas sociales encabezados por la Pensión para Adultos Mayores, con 526 mil millones; seguido de las becas Benito Juárez con cerca de 185 mil millones de pesos. Programas exitosos, pero sin supervisión externa, por lo que no está claro si estos lograrán con el tiempo reducir las desigualdades de manera estructural.
El punto débil se encuentra en la deuda que se estima rondará en 52.3% del PIB, un nivel manejable, pero con un costo financiero extremadamente alto, recursos que podrían ir a inversión productiva.
Será un año difícil por la complicada situación por la que atraviesa el mundo, pero justamente son en esos momentos en que surgen las oportunidades, esperamos que con este presupuesto México las sepa aprovechar.
El paquete fiscal 2026 ¿Mayor vigilancia para las Fintech?
El mundo de la tecnología financiera, mejor conocido como Fintech, iniciará 2026 con un nuevo tratamiento fiscal, lo cual implica que deberán retener impuestos a los ahorradores con el objetivo de homologar las condiciones que rigen a este sector con las que tienen otras instituciones financieras, particularmente los bancos.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, a cargo de Edgar Amador, el trato que han recibido las Fintech, al ser un rubro de reciente creación, ha sido diferenciado, por lo que, al tratarse de productos similares, como cuentas de ahorro, de cheques o de inversión deben de ser tratados fiscalmente de la misma manera.
De tal manera, dichas empresas digitales que prestan dinero y ofrecen crédito con tasas mayores y costos más bajos, que actualmente no realizan ninguna retención, deberán justamente retener el IVA y el ISR como las demás instituciones financieras lo hacen actualmente.
Las autoridades hacendarias señalan que la medida busca, entre otros puntos, facilitar a los contribuyentes la forma que tributan al utilizar la tecnológica financiera, además de ampliar las facultades de fiscalización para revisar los estados de cuenta de las Fintech, lo que inhibiría espacios para la evasión fiscal y generaría, por decirlo de alguna manera, piso parejo en el sector.
Sin embargo, hay quienes señalan que, aunque las Fintech se han erigido como promotoras de la inclusión financiera, una mayor carga tributaria en el marco de un entorno fiscal más estricto podría desincentivar su uso y frenar el desarrollo del sector.
Lo que es un hecho es que es de vital importancia que exista una mayor regulación de la tecnología financiera, la cual ha crecido exponencialmente en los últimos años, ya que, durante la gestión de Jesús de la Fuente, ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se otorgaron 64 de las 87 autorizaciones vigentes de Instituciones de Tecnología Financiera, sin que exista una adecuada vigilancia, además de que se torna urgente la actualización de la Ley Fintech que data de 2018.
¿De contrabando de combustible a narcotráfico?
El caso de los altos mandos de Marina involucrados en el contrabando de combustible a través del puerto de Altamira se va haciendo cada vez más grave de lo que de por sí era, conforme se revela más información contenida en el expediente judicial contra los hermanos Farías Lagunes, marinos, funcionarios aduaneros y portuarios, agentes aduanales y empresarios, a lo que se suman muertes sospechosas de dos capitanes (un suicidio y una muerte accidental).
Lo que ahora se revela, de acuerdo a la acusación en notas de El Universal y Reforma, es la relación de las empresas con los cárteles del Golfo y Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el contrabando no sólo de combustibles sino de armas e, indagándose, de fentanilo. En el caso de El Universal, la nota es más clara respecto al posible tráfico de armas, no así la de Reforma sobre el opioide sintético, aunque ambas coinciden en la relación con la empresa Mefra Fletes, ligada a los cárteles, y su representante legal aprehendido, el exjuez Anuar González Hemadi, tristemente conocido por haber sido destituido por proteger a los “Porkys de Costa de Oro”, un grupo de jóvenes veracruzanos acusados de violar a una menor en 2015.
El robo y contrabando de combustible es una de las principales actividades ilícitas de las organizaciones criminales en México, y desde el aseguramiento en Altamira de marzo pasado del buque con 10 millones de litros, las líneas de investigación se dirigían hacia alguno de los cárteles, y que necesariamente involucraría a las autoridades portuarias. Ahora, aunque falta comprobar el escalamiento a narcotráfico, no es inverosímil que se pasara de traficar combustible en grandes volúmenes y frecuencias a aprovechar los viajes para transportar armas y droga. Se trata de una línea muy delgada la cual, de ser cierta, reforzaría la retórica de Donald Trump respecto al control de los cárteles sobre el gobierno mexicano.
Aún en el nivel en el que hoy se encuentra el caso, acotado a la delincuencia organizada para cometer delitos en materia de hidrocarburos, se trata de la vulneración más grave al Estado mexicano de que se tenga registro, pues no se trató sólo de un par de altos mandos corruptos, sino que éstos pudieron involucrar y tener el control de otros marinos, funcionarios e instalaciones, por un periodo de tiempo prolongado, en condiciones que no se entienden si no fuera por el poder e influencia que tenían al interior de la institución, explicable por la cercanía con el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda.
La nueva era del crédito en México
La incorporación de datos alternativos en la evaluación crediticia podría marcar una revolución dentro de la inclusión financiera de nuestro país. Bajo esta preocupación, Círculo de Crédito, la Sociedad de Información Crediticia o buró de crédito, desarrolló el “Loan Amount Estimator” (LAE), una herramienta digital que permite asignar montos de crédito de manera más precisa y equitativa.
El LAE utiliza analítica avanzada e inteligencia artificial para calcular la suma óptima de crédito de acuerdo a la capacidad real de pago de cada cliente. Así, bancos microfinancieras y comercios minoristas cuentan con la capacidad de reducir riesgos de impago y, paralelamente, ampliar su base de consumidores.
Los resultados de una prueba piloto revelaron su eficacia: los ingresos se duplicaron, de 8.7 millones a 17 millones de pesos, mientras que el nivel de riesgo crediticio bajo de 15.3% a 14.2%. LAE fortalece el proceso de originación y prospección al considerar el riesgo individual, y permite ajustar el monto conforme a la capacidad crediticia del cliente.
En un país en donde más del 50% de la población carece de acceso a productos financieros tradicionales, el uso de datos alternativos –como historial de pagos de servicios, comportamiento digital y patrones de consumo- se perfila como una solución clave para avanzar hacia un crédito más justo, inclusivo y sostenible.
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