Lex Ashton: ¿Una trama de terror y omisión de la autoridad?
Grave será el escándalo en caso de que se compruebe que la madre del joven Lex Ashton ‘N’, quien privó de la vida, en las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, a un estudiante y lesionó a un trabajador, habría realizado una llamada al número de emergencias 911 para notificar que su hijo acudiría a la escuela armado y nadie hizo nada al respecto.
Y es que, de acuerdo con versiones extraoficiales, en la carpeta de investigación iniciada en la Fiscalía del Delito de Homicidio quedó asentado que la mañana del lunes 22 de septiembre la madre del supuesto agresor hizo una llamada al teléfono de urgencias donde advirtió que el joven acudiría con un arma blanca al plantel y temía que pudiera hacerse daño a sí mismo o atacar a otras personas.
Lo cuestionable del asunto es que, pese a la aparente advertencia, no hubo respuesta gubernamental a la llamada de auxilio y Lex Ashton, de 19 años, agredió directamente al joven de 16 años que murió, después lesionó a un hombre de 65 años que buscó detenerlo y finalmente se arrojó desde un tercer piso por lo que resultó con fracturas en ambas piernas, razón por la que fue trasladado bajo custodia a un hospital.
Un espeluznante relato donde presuntamente el agresor se consideraba a sí mismo como una escoria, en sus publicaciones de redes sociales, donde escribía textos cargados de misoginia semejantes a los manejados por grupos conocidos como “incels”, es decir, célibes involuntarios, un movimiento surgido en los años 90 en el Reino Unido, que “hermana” a hombres desafortunados en las relaciones amorosas.
De hecho, uno de los mensajes difundidos por el joven agresor habla de estar harto de que nunca habría recibido el amor de una mujer y muestra su rechazo a los llamados “chads”, hombres atractivos física y económicamente que pueden disfrutar de las “foids”, mujeres con altos estándares para elegir a sus parejas.
Como si se tratase de un capítulo de una serie policial, esta historia de terror entrelazada con una aparente omisión de las autoridades, podría tener todavía mucho de qué hablar si es que en verdad existió indolencia gubernamental, lo cual debe ser aclarado por el gobierno capitalino y sancionado en caso de que así haya ocurrido, además de que el asunto pone de manifiesto la manipulación y el enajenamiento del que puede ser objeto un adolescente, al extremo de terminar con la vida de alguien más.
El gusano barrenador: la plaga que regresó del pasado
Lo que comenzó con un problema sanitario bien localizado se transformó, en menos de un año, en un choque diplomático y económico que hoy tiene a la ganadería mexicana en vilo. El gusano barrenador del ganado que apareció en la frontera sur a mediados del año pasado ha ido avanzando durante 2025 hasta registrarse ya un primer caso en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, a menos de 112 kilómetros de la frontera norte, lo cual terminó por encender todas las alarmas y obligó a practicar protocolos binacionales de emergencia.
En los últimos meses Washington había optado por medidas drásticas: la suspensión temporal de importaciones de ganado vivo desde México y el envío de equipos técnicos para verificar el estado sanitario de las reses mexicanas en prevención de un riesgo que considera de “seguridad nacional” -como todo en la administración Trump-, para la industria cárnica estadounidense. Esa política incluyó, además, inspecciones de campo en diferentes regiones del territorio nacional y reglas más estrictas para la reapertura de mercados.
El impacto económico es real y cuantificable, las exportaciones agroalimentarias mexicanas sufrieron una caída que se atribuye a dos factores: el cerco arancelario al tomate mexicano y al propio brote del gusano barrenador. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) estima que el veto al ganado mexicano ha provocado que se detenga la exportación de 644 mil cabezas y que tan solo de enero a agosto se hayan dejado de percibir 800 millones de dólares. A eso hay que sumar los costos de contención: vacunación, insecticidas, liberación de moscas estériles y cuarentenas.
La respuesta mexicana ha ido en dos frentes: medidas sanitarias internas y negociaciones diplomáticas para mitigar el daño. La administración aseguró la contención en el caso de Nuevo León y activo protocolos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y de la Secretaría de Agricultura: Paralelamente se abrió una mesa con funcionarios estadounidenses para establecer una hoja de ruta para la reapertura. Apenas ayer la presidenta, Claudia Sheinbaum, señaló que la visita de inspectores “es para descartar más casos y atender recomendaciones para controlar la plaga” y aseguró que va muy adelantado el acuerdo con la Casa Blanca para la reapertura de comercio de ganado.
Los actores privados no se conforman con narrativas que ya han escuchado decenas de veces, quieren a cambio certezas. La Asociación Mexicana de Productores de Ganado (AMEG) ha exhortado a no politizar el brote y privilegiar medidas técnicas acreditadas, como la técnica del insecto estéril, para erradicar focos y demostrar que la situación se encuentra bajo control.
A corto plazo tres realidades son posibles. Contenciones locales y más diagnósticos; un calendario de negociaciones técnicas en el que México deberá mostrar trazabilidad; y más costos para los ganaderos que pueden traducirse en concentración del mercado y presión sobre precios minoristas. De lo que ocurra en los próximos meses dependerá no solo la sanidad ganadera sino la capacidad de nuestro país para mostrarse como un proveedor confiable.
El gusano barrenador del ganado ya había sido declarado como erradicado en 1991, sin embargo, los recortes presupuestales prolongados provocaron un severo impacto en Senasica; se privilegiaron otros programas sociales e infraestructura y así lentamente se fueron diluyendo de la agenda pública los programas de sanidad agropecuaria. Sobra decir que hoy los resultados saltan a la vista.
EU con México: policía bueno, policía malo
Era algo evidente para todos, solo faltaba que alguna figura pública oficial lo dijera, y ese fue el embajador de Estados Unidos, Ron Johnson. Desde Washington DC, en una conferencia organizada por la Heritage Foundation y el America First Policy Institute, el militar retirado lo dijo claramente: el aumento en las operaciones contra el narcotráfico del gobierno de Claudia Sheinbaum representa un cambio “audaz en la estrategia gubernamental” y “un cambio muy brusco respecto al enfoque más pasivo de la administración anterior”.
A estas alturas, ni la presidenta ni el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, niegan que hay un combate frontal contra el crimen organizado, y una colaboración estrecha con Estados Unidos en ello, con la satisfacción expresa del secretario de Estado, Marco Rubio, como del embajador estadounidense, sin defender la pseudoestrategia de López Obrador. A pesar de las polémicas declaraciones de Donald Trump y otros funcionarios y políticos estadounidenses, señalando el miedo de Sheinbaum a los cárteles, presionando las intervenciones militares contra el narco, o atribuyéndose acciones del gobierno mexicano.
Al parecer, en el caso de México, Estados Unidos ha seguido la táctica del “policía bueno, policía malo” para lograr la cooperación, así como presionar acciones y resultados, de su vecino porque, de haber seguido por los tristemente célebres “abrazos, no balazos”, a estas alturas nuestro país estaría a un paso de tener buques frente a sus aguas nacionales y tropas amagando cruzar la frontera. Ignorar la retórica del policía malo y concentrarse en las negociaciones con el bueno es lo que ha servido para no llegar a escenarios en los que el “bad cop” pase de las palabras a los hechos.
Muchas críticas han habido respecto a que la actual administración ha cedido a las presiones estadounidenses, como si quienes le precedieron no lo hubieran hecho. La diferencia es que, como pocas veces, han habido propuestas del lado mexicano que han permitido avanzar en una agenda común, obviamente hegemonizada por la súper potencia, pero finalmente común, y que hacen de México un socio relativamente confiable para Estados Unidos, en tiempos en que Donald Trump ha enviado a la basura el multilateralismo. Eso no es poca cosa.
Desigualdad salarial: obstaculo en la competitividad
En el mundo laboral actual se habla cada vez más de bienestar, flexibilidad y propósito, pero hay un tema que sigue marcando la diferencia entre organizaciones que avanzan y las que se rezagan: la igualdad salarial. Un estudio de opinión de OCC, la bolsa de trabajo en línea líder en México, lo deja claro: 76% de los trabajadores en el país ha experimentado o presenciado diferencias salariales entre compañeros con las mismas funciones.
Detrás de ese número se esconde un problema estructural. Seis de cada diez colaboradores aseguran haber vivido la desigualdad en carne propia y, aunque las empresas suelen justificar las diferencias con argumentos sobre desempeño o experiencia, la percepción que prevalece es otra: que existen factores ajenos a la capacidad profesional que definen cuánto gana una persona. En muchos casos, se trata de género, edad o discapacidad, variables que reflejan más prejuicios que criterios objetivos.
Lo preocupante es que, a pesar de la magnitud del problema, el salario sigue siendo un tema silenciado en los centros de trabajo. La mitad de los encuestados admite que solo lo discute con colegas de confianza, mientras que un 37% evita hablarlo por completo. Esa falta de transparencia no solo perpetúa la desigualdad, también genera un ambiente de desconfianza en el que la sospecha reemplaza a la colaboración.
Para las empresas, este hallazgo debería encender focos rojos. La desigualdad salarial no es solo una cuestión ética, es un riesgo para la productividad y la competitividad. Un colaborador que percibe que su trabajo vale menos que el de alguien en su misma posición difícilmente se sentirá motivado a comprometerse con la organización. La rotación, la pérdida de talento y el desgaste de la marca empleadora son costos invisibles que, a largo plazo, resultan más caros que la implementación de políticas claras de compensación.
La conclusión es evidente: la igualdad salarial ya no puede tratarse como un ideal lejano o un discurso de coyuntura. Es una condición indispensable para construir organizaciones sólidas en un mercado donde el talento escoge dónde quiere estar. Ignorar este tema en 2025 no solo es anticuado es apostar por un modelo de trabajo que pierde vigencia frente a la exigencia social y a la necesidad empresarial de atraer y retener a los mejores.
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