COP30 y cómo impacta al desarrollo sostenible de la industria mexicana
por Julio Guerra, Director Adjunto de Desarrollo de Negocio Industrial
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), firmada en 1992 en Río de Janeiro, estableció un principio que hoy suena casi obvio: los países desarrollados deben liderar los esfuerzos contra el cambio climático y financiar la transición en los países en desarrollo. Tres décadas después, el cumplimiento de esa promesa —canalizado a través de la Conferencia de las Partes (COP)— se encuentra en su punto más crítico.
La COP30, que está por concluir en Belém do Pará, no es una conferencia más. A pesar de que 2024 fue el año más caluroso del que se tiene registro, no estamos actuando con la urgencia que exige la crisis.
Los países debían presentar en febrero sus nuevos compromisos de reducción de emisiones hacia 2035, pero más del 90% de los gobiernos incumplieron el plazo. Entre ellos se encuentran economías que, en conjunto, representan el 83% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) y casi el 80% del PIB mundial, incluido México.
El panorama es retador. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), con los niveles actuales de emisiones existe un 70% de probabilidad de que los próximos cinco años superen, en promedio, el umbral de 1.5 °C. ¿Qué significa este escenario para economías como la mexicana?
La COP30 es justamente un espacio para revisar con honestidad qué acciones se han implementado realmente y qué brechas persisten entre los compromisos climáticos y su ejecución. Estos encuentros permiten identificar con claridad lo que falta por hacer para que los esfuerzos climáticos tengan un impacto real en la preservación del planeta.
Hasta ahora, México no ha logrado cumplir las metas de sus anteriores contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC), aunque mantiene esfuerzos en curso. La NDC 3.0, aprobada recientemente por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), busca reencauzar la política nacional hacia objetivos más realistas y medibles.
Por primera vez, México adopta una meta absoluta de reducción de emisiones al 2035, con un tope de entre 332 y 404 millones de toneladas de CO₂ equivalente, según el nivel de cooperación internacional disponible. También amplía su alcance en adaptación, con un enfoque en recursos hídricos, infraestructura estratégica, sistemas productivos resilientes, prevención del desplazamiento climático y biodiversidad.
Sí, mientras los mercados globales impulsan la descarbonización industrial, México continúa dependiendo en casi 80% de los combustibles fósiles. Un panorama que limita su capacidad para traducir los compromisos climáticos en competitividad real, pero que también abre una oportunidad histórica.
Reconvertir el músculo energético del país hacia tecnologías más limpias requiere sumar aliados capaces de aportar tecnología, operación y resultados medibles. Los avances que ya se observan en distintos sectores muestran que acelerar la acción climática es posible cuando se integran actores que cierran la brecha entre la planeación y la ejecución, y que generan impactos reales en la reducción de la vulnerabilidad climática del país.
Un ejemplo es el proyecto de cogeneración eficiente desarrollado para una empresa mexicana del sector farmacéutico, en el que Veolia México estuvo a cargo de todas las fases del proyecto —desde la ingeniería y construcción hasta la operación y mantenimiento de cuatro unidades de cogeneración—.
Gracias a esta solución, la empresa reducirá 145,000 toneladas de CO₂ en 20 años, disminuirá sus costos operativos entre 12% y 15%, y podrá aprovechar hasta 90% de la energía del combustible, reduciendo pérdidas y emisiones.
El valor de este caso radica en su potencial de replicabilidad. México cuenta con más de 7,000 empresas manufactureras de tamaño medio y grande que podrían implementar soluciones similares. Si apenas 10% adoptara estas tecnologías, el país podría evitar más de 100 millones de toneladas de CO₂ en las próximas dos décadas.
El potencial no termina ahí. México genera más de 100 millones de toneladas de biomasa al año, y aprovechar apenas 30% de este recurso permitiría instalar alrededor de 3,000 MW de capacidad eléctrica, equivalente al consumo de cinco millones de hogares. Modelos de valorización energética de biomasa ya operan con éxito en otros países.
En Alagoas, Brasil, una planta industrial produce 900,000 toneladas de vapor al año y evita la emisión de 150,000 toneladas de CO₂, demostrando cómo la valorización energética de residuos puede transformar sectores completos.
En el territorio nacional, la industria cafetalera también ha comenzado a utilizar sus residuos como biocombustible, convirtiendo lo que antes era un desecho en una fuente sostenible de energía térmica. Sin embargo, estos casos siguen siendo excepciones en lugar de la norma.
Para México, la inacción tiene un costo creciente. La Unión Europea implementará en 2026 su Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, que encarecerá entre 20% y 30% las exportaciones con alta intensidad de emisiones. Si el país retrasa la transformación de su matriz energética, quedará rezagado frente a sus socios comerciales y enfrentará pérdidas estructurales en inversión, competitividad e infraestructura, cada vez más vulnerable a los impactos del cambio climático.
Las herramientas ya existen y las soluciones también. México puede convertir la transición global en un motor de desarrollo justo, innovación y soberanía energética, si logra articular a gobiernos, industria y aliados técnicos en una misma dirección. Para ello se requiere visión de largo plazo, políticas consistentes, incentivos fiscales y financieros efectivos, cooperación internacional estratégica y, sobre todo, voluntad para actuar a la escala del desafío.
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Veolia México
https://www.latinoamerica.veolia.com/es
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