Alejandro Gertz: el fin de una autonomía que nunca llegó

Comienza una semana complicada en donde dará inicio el proceso para designar a un nuevo o nueva fiscal. En una maniobra poco ortodoxa pero útil a la actual administración se realizaron movimientos dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) para que Ernestina Godoy, quien hasta el jueves era la responsable de la Consejería Jurídica de la Presidencia, quedara al frente de esa institución, como encargada del despacho.

La salida de Alejandro Gertz Manero marca el fin de una era que prometió autonomía, eficacia y profesionalización… y entregó, en cambio, un aparato debilitado, politizado y con niveles de impunidad que nos remiten a las etapas más oscuras del viejo régimen. Más que un relevo natural, su renuncia refleja una institución desgastada, cuestionada y alineada al poder político que decía fiscalizar.

Durante su gestión, la FGR presumió cifras récord en carpetas abiertas –casi 500 mil investigaciones desde 2018–, pero detrás del volumen se esconde el problema: solo entre el 10% y 14% de esos casos logró reunir pruebas suficientes para llegar ante un juez. Y cuando sí llegaron, apenas 4.9% derivaron en una resolución efectiva. En otras palabras: más del 95% de los casos de la FGR terminaron en impunidad de acuerdo a México Evalúa.

La distancia entre la narrativa y los resultados es abismal. Mientras Gertz hablaba de eficacia, la realidad era una fiscalía desbordada, lenta y selectiva. Sus intereses parecían responder más a los intereses del Ejecutivo que a los de la ciudadanía. Y ahí están los casos emblemáticos para demostrarlo:

Si bien Gertz heredó una investigación fracturada y desacreditada en el caso Ayotzinapa, sus “buenos” oficios no ayudaron mucho. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció en repetidas ocasiones que la FGR no les entregaba información clave, sus hallazgos eran ignorados o descartados sin explicación y pruebas relevantes fueron destruidas, a tal punto que los expertos renunciaron entre 2022 y 2023 señalando obstrucción sistemática.

Odebrecht es quizá el símbolo más emblemático de una justicia selectiva. El caso terminó reducido casi exclusivamente a Emilio Lozoya quien pasaba más tiempo en los restaurantes que en prisión.

Y qué decir de Segalmex, el mayor desfalco en la historia dentro de un gobierno federal, –con daños estimados, por la Auditoría Superior de la Federación, en 15 mil millones de pesos– avanzó lentamente sin sentencias relevantes, mientras su director, Ignacio Ovalle, fue protegido políticamente y reasignado a otro cargo. Durante años la FGR se resistió a judicializar a piezas clave en el expediente.

Otra vez de acuerdo con México Evalúa, el índice de autonomía institucional cayó del 27.7% a 20.1% en los primeros años de su administración. Las decisiones estratégicas, filtraciones y omisiones siempre parecían favorecer al gobierno en turno. Gertz no fue un contrapeso, fue parte del engranaje.

Lentamente las instituciones “democráticas” se van alineando. Se trata de un momento parteaguas. Si la FGR no recupera independencia, profesionalismo y resultados verificables, México terminará con un Ministerio Público subordinado, un Poder Judicial debilitado y un Congreso “amigo”: un triángulo perfecto de concentración política.

Lo más natural es que una fiscalía incomode al poder en lugar de convertirse en uno más de sus aplaudidores, en tanto eso no ocurra nos encontraremos más lejos de la justicia.

Cosa juzgada, garantía sin cuestionamientos

Uno de los primeros temas que han generado fuerte división en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue el de la cosa juzgada, que hizo a las y los ministros entrar en un debate que pese a la diferencia de criterios afortunadamente tuvo un buen desenlace.

El tema había llegado hasta Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció abiertamente contra juzgar lo que ya fue juzgado, pero aclaró que la autonomía de la SCJN debe ser la que determinara esa decisión.

Los opositores del oficialismo de inmediato echaron agua a su molino, al criticar de facto a la Suprema Corte, como fue el caso de senadores de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, quienes rechazaron tajantemente la posibilidad de abrirle camino.

No obstante, en el máximo tribunal del país han dicho que lo que sí se tiene previsto, es la figura conocida como acción de nulidad de juicio concluido, la cual procede, entre otros supuestos, cuando exista colusión o maniobras fraudulentas de las partes litigantes en perjuicio de la parte promovente de dicha acción y que de ninguna manera atentaría contra la cosa juzgada, además de estar prevista en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y otras legislaciones procesales del país.

Muy importante es que al final del día las y los ministros coincidieran en un tema tan relevante que forma parte esencial de la certeza jurídica de las y los mexicanos, que de ser visto de otra manera, dejaría a la población en completa indefensión.

Tamaulipas alza la mano a favor del fracking

Finalmente, alguien abordó habló del elefante en la sala de la extracción de gas shale en México. Fue el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, en el cierre del Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2025, realizado la semana pasada en Tampico, quien planteó romper prejuicios sobre el fracking o fracturación hidráulica, y verlo desde el aspecto técnico.

Como se comentó en este espacio hace unos días, Texas es el mayor productor de hidrocarburos de Estados Unidos gracias a la explotación mediante fracking de los yacimientos de Eagle Ford y de la Cuenca Pérmica, que en México corresponden a las cuencas Tampico-Misantla, Burgos y Veracruz, en Tamaulipas; y Sabinas en Coahuila.

Petróleos Mexicanos (Pemex) necesita incrementar la producción de petróleo y gas, particularmente de este último del cual México es altamente dependiente de la molécula estadounidense, y la alternativa más viable es la extracción de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica. Walter Jiménez estimó que el gas que se extraiga en las cuencas ubicadas en Tamaulipas podrían sustituir hasta el 40 por ciento del que se importa. La tecnología empleada en el fracking ha evolucionado. Hoy se tiene un uso más eficiente del agua, químicos biodegradables, además de que hay estudios para estimular los yacimientos con inyección de dióxido de carbono.

Sin decir nombres, el funcionario tamaulipeco fue enfático de que no existe impedimento legal alguno para utilizar el fracking en México, sino que fue “una decisión de política pública”. La realidad es que ni siquiera alcanza a eso. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en contra del fracking durante todo su sexenio, pero no hizo gran cosa en contra de ello. Solo al final de su sexenio envío una iniciativa a favor del medio ambiente, donde incluía la prohibición de la minería a cielo abierto y el fracking con agua como fluido base. La iniciativa no se aprobó, pero la palabra de AMLO se mantiene como si fuera ley no escrita, además de la resistencia de grupos ambientalistas que, curiosamente se oponen en México a la aplicación del fracking, pero nada dicen de su uso en Estados Unidos, como si fuera distinto el suelo texano del tamaulipeco o coahuilense.

El tema ya lo puso en la mesa el gobierno de Tamaulipas, uno de los potenciales principales beneficiados de se superen prejuicios e intereses en que esto no suceda, y así extraer los hidrocarburos que necesitamos y tenemos.

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