México y Canadá ante el vacío de Washington
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y su sucesor el T-MEC, cimentaron una estructura donde Washington era el que mandaba, y Ottawa y Ciudad de México colaboraban, obedeciendo.
Sin embargo, ante la posibilidad real de que Estados Unidos decida abandonar el acuerdo trilateral, el eje Norte-Sur se enfrentaría a su momento de mayor definición: o se aíslan y buscan socios en otras latitudes, o fortalecen una alianza estratégica sin precedentes.
La narrativa de “América del Norte” como un bloque único ha sido sacudida. Si Estados Unidos optara por acuerdos bilaterales o el proteccionismo puro, México y Canadá perderían su ancla de estabilidad momentáneamente. No obstante, para el comercio global podría ser el catalizador que ambos países necesitan para dejar de ser socios indirectos y convertirse en aliados frontales.
Canadá posee el capital, la tecnología en energía limpia y la necesidad de mano de obra cualificada; México ofrece una plataforma manufacturera resiliente, por decir lo menos, una demografía joven y una posición geográfica estratégica, envidiable. Una relación bilateral fortalecida permitiría a México diversificar su industria más allá de las maquilas de ensamblaje para EE.UU., mientras que Canadá ganaría un aliado de peso en el Sur para contrapesar las presiones de Washington sobre recursos hídricos y energéticos.
Sin embargo, recientemente, hemos visto tensiones en Ottawa sobre la política de seguridad y migración de México, así como dudas en México sobre la “lealtad” canadiense al bloque trilateral cuando Washington presiona. El mayor riesgo es que, ante la salida de EE.UU., cada país intente salvarse solo, negociando con los países asiáticos, particularmente con China, o compitiendo por las migajas de un acceso preferencial al mercado estadounidense en lugar de construir un frente común.
El futuro de la relación México-Canadá en un mundo “post-T-MEC” requiere pragmatismo sobre nostalgia. Si Washington decide que ya no necesita el tratado, México y Canadá deben demostrar que se necesitan el uno al otro.
Reparando un vehículo en marcha
En el sexenio pasado, a raíz de un discurso que se convirtió en diagnóstico, hubo un desmantelamiento de la Policía Federal que implicó la salida de policías expertos en diferentes áreas, y una pérdida de capacidades en el combate a la delincuencia organizada, que probablemente tarde generaciones en recuperarse.
La complicada transición a Guardia Nacional se vio agravada, además del diagnóstico politizado, por la falta de una política de seguridad. Esa falta de rumbo y ese retroceso de seis años es lo que estamos pagando hoy en cuanto a violencia, inseguridad y corrupción. No es que no existiera antes, el problema es que, en materia de seguridad, dejar de actuar es retroceder.
En un escenario así, llegó Omar García Harfuch a una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no solo carente de profesionales en seguridad, sino que sin dientes, porque la Guardia Nacional no estaba a su cargo, primero de facto, luego de jure.
Lo que ha seguido ha sido tratar de reparar un vehículo mientras está en marcha porque no puedes detenerlo para dejarlo listo para echarlo a andar; para hacer lo que se dejó de hacer, coordinar lo que no se hizo, empezar a dar los resultados que en seis años no se vieron, ya no solo por exigencia ciudadana, sino porque vino la presión de Trump, que en su primer periodo se contentó con exigir que México le bloqueara la frontera a los migrantes, y hoy amaga con intervenir directo en nuestro país contra los ahora narcoterroristas.
Si bien no han sido los recursos económicos que en su momento tuvo Genaro García Luna para echar a andar la Policía Federal a su modo, García Harfuch ha contado con el apoyo presidencial para encabezar la estrategia de seguridad, hacer los cambios legales necesarios para agilizar la investigación policial, reincorporar a ex policías federales, y contar con gente de su confianza en instituciones y áreas como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pemex Logística, y ahora en la Fiscalía General de la República (FGR).
Sin estridencias, en marzo del año pasado la Secretaría de Seguridad comenzó el proceso de selección y reclutamiento de agentes de Investigación e Inteligencia, y para fines de 2025 ya contaba con una agrupación de policías para operaciones estratégicas e inteligencia policial contra organizaciones del crimen organizado, generadores de violencia y para atender casos de alto impacto, la denominada Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNOE).
El rezago en materia de seguridad todavía es mucho, sobre todo en los estados y municipios, la Guardia Nacional sigue en un proceso de construcción que la tiene por el momento poco más que una policía que da seguridad perimetral, las transformaciones en la arquitectura de seguridad federal comienzan. Falta ver si trascienden sexenios para consolidarse, o quedan como cambios temporales, al modo de trabajo del jefe en turno, para que llegue alguien más a desmantelar el esfuerzo y empezar de nuevo, como ha sido en los últimos 30 años, con los costos que hemos visto en ese tiempo.
Más certeza, menos riesgos: así evoluciona el mercado de seminuevos
Comprar un auto seminuevo en México se ha convertido en una decisión cada vez más común, pero durante años estuvo acompañada de incertidumbre. Con más de 7 millones de transacciones anuales, hasta un 30% presenta alguna irregularidad, de acuerdo con Profeco. Documentación apócrifa, kilometraje alterado o fallas mecánicas ocultas son riesgos que históricamente han marcado un mercado dominado por operaciones entre particulares, sin garantías claras ni respaldo legal.
Este nivel de informalidad normalizó prácticas poco transparentes que afectan tanto a compradores como a vendedores. Pagos inseguros, contratos ambiguos o precios engañosos no son la excepción, sino parte de una experiencia que suele cerrarse “de buena fe”, pero que puede derivar en pérdidas importantes. El problema nunca fue el seminuevo, sino la ausencia de procesos que dieran certidumbre a la operación.
Hoy, ese escenario comienza a cambiar. Modelos como el de Wahu, fintech y autotech mexicana especializada en la compra, venta y arrendamiento de autos seminuevos certificados, están elevando el estándar del mercado al formalizar la compraventa, certificar los vehículos, evaluar riesgos con inteligencia artificial y garantizar pagos el mismo día. Comprar o vender un seminuevo deja de ser una apuesta y se transforma en una experiencia segura, donde la tecnología y los procesos bien definidos convierten la confianza en parte esencial del camino.
Cuba en la ecuación estratégica de Washington
A diferencia de otros escenarios donde predominan propuestas espectaculares o simbólicas, en el caso de Cuba lo que prevalece en Washington es una lógica de poder.
Desde su primera presidencia, Donald Trump abandonó el enfoque de acercamiento impulsado por Barack Obama y reinstaló la doctrina de “máxima presión”: restricciones de viaje y remesas, activación del Título III de la Ley Helms-Burton (que autoriza demandas por propiedades confiscadas tras la revolución), nuevas sanciones financieras y la reincorporación de La Habana a la lista de países patrocinadores del terrorismo. Una lógica con un objetivo claro: asfixiar económicamente al régimen para forzar concesiones políticas o acelerar una transición.
Aunque los planes para Cuba se mantienen en un completo hermetismo, de los elementos acumulados –legales, financieros y diplomáticos– puede inferirse un proyecto de tres capas. La primera es la contención geopolítica: limitar la presencia de actores como Rusia, China e Irán en la isla, especialmente en telecomunicaciones, inteligencia y puertos. En el contexto de la rivalidad global, Cuba no es solamente un asunto ideológico; es una pieza clave del Caribe y el Golfo de México, separada solo por 145 kilómetros de territorio norteamericano.
La segunda capa es la presión económica calculada. El embargo, reforzado durante la administración Trump, no busca solamente castigo simbólico; intenta restringir las fuentes de divisas del Estado cubano –turismo estatal, servicios médicos en el exterior, conglomerados empresariales vinculados a las fuerzas armadas– mientras mantiene abiertas ciertas válvulas humanitarias, como exportaciones agrícolas estadounidenses y remesas familiares. En pocas palabras, se trata de desgastar al aparato estatal sin cerrar totalmente el canal con la sociedad civil.
La última, y más compleja, contempla un escenario de transición. No es ningún secreto que en círculos políticos estadounidenses –particularmente en Florida– se discute desde hace años un marco para el “día después”: restitución o compensación de propiedades confiscadas tras 1959, apertura acelerada a la inversión extranjera, reformas monetarias y reintegración a organismos financieros internacionales. Una arquitectura lista para activarse si se produce un cambio interno significativo.
A ello se suma otro elemento menos visible, pero de mayor impacto: la narrativa de derechos humanos como instrumento diplomático. Washington ha reforzado sanciones individuales contra funcionarios cubanos tras episodios represivos –especialmente tras las protestas de julio de 2021– y ha extendido apoyos a medios independientes y organizaciones de la diáspora. Una estrategia que busca erosionar la legitimidad internacional del gobierno de La Habana y construir una red de interlocutores en caso de un eventual proceso de apertura.
Con las elecciones de medio término en el horizonte, el componente doméstico adquiere especial relevancia. La política hacia Cuba tiene impacto directo en el voto cubano-americano, un segmento electoral clave. La dureza frente a La Habana ha resultado ser rentable, lo que reduce incentivos para un giro brusco hacia la normalización.
Se trata de una táctica de largo plazo que parte de una premisa incierta –que el deterioro económico conducirá necesariamente a cambios políticos– y hasta ahora el régimen ha mostrado una gran resiliencia. Una apuesta al tiempo en la que, a lo largo de la historia, más de una gran guerra se ha perdido.
Entrevistas de trabajo: menos tiempo, más estrategia
Una entrevista de trabajo es mucho más que un intercambio de preguntas y respuestas: es, en la práctica, una prueba de claridad organizacional. En pocos minutos, la empresa comunica cómo decide, qué tan alineadas están sus áreas y qué tanto respeta el tiempo del talento que busca atraer.
Por eso llaman la atención los datos del “Termómetro Laboral” de OCC, la bolsa de trabajo en línea líder en México; donde seis de cada diez encuestados consideran que una entrevista adecuada debe durar entre 16 y 30 minutos. Otro 26% ve razonable que se extienda de 31 minutos a una hora, 11% cree que con 15 minutos basta y apenas 1% considera necesario más de una hora.
El punto no es imponer un cronómetro, sino entender lo que ese resultado revela: el candidato promedio está premiando la eficiencia con sentido. Cuando una entrevista se alarga sin estructura, suele percibirse como improvisación; cuando es breve pero bien dirigida, se interpreta como un proceso con objetivos claros, preguntas pertinentes y criterios definidos. En un mercado donde la experiencia del candidato ya pesa tanto como la oferta económica, esa percepción tiene consecuencias.
Otro dato refuerza el debate. Al preguntar cuántas personas participaron en su última entrevista, 41% dijo que habló con una o dos; 30% con tres entrevistadores y 26% con más de cuatro. Es aquí donde muchas organizaciones se juegan el partido sin notarlo: sumar entrevistadores puede fortalecer la evaluación, sí, pero también puede diluir la responsabilidad y volver el proceso lento, repetitivo o contradictorio.
En términos de negocio, una entrevista eficiente no es la más corta: es la más útil. La que confirma competencias, aclara expectativas y permite una decisión informada sin multiplicar pasos por inercia. Esto implica diseñar entrevistas con guías claras, roles definidos entre entrevistadores y preguntas alineadas a lo que realmente se necesita medir.
Al final, la entrevista es un espejo de la empresa. Y hoy, ese espejo está diciendo algo sencillo: el talento quiere procesos más ágiles, pero no superficiales; más concretos, pero no fríos. La organización que entienda esa diferencia no solo contratará más rápido: contratará mejor.
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