Ingeniería de excelencia: relevo en la cúspide del CICM
El Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) no es solo una institución gremial; es el faro técnico que guía el desarrollo de la infraestructura en nuestro país. En un México donde los retos geográficos y urbanos exigen soluciones de alta precisión, la capacidad de sus integrantes ha demostrado ser, una y otra vez, el pilar que sostiene edificaciones, puentes y la seguridad de la ciudadanía.
La presidencia de Mauricio Jessurum, que llega a su etapa de cierre, será recordada como un periodo de consolidación y apertura. Jessurum no se limitó a administrar el prestigio del Colegio; lo puso a trabajar. Bajo su liderazgo, el CICM reforzó su papel como órgano de consulta indispensable para el Estado, manteniendo siempre una postura técnica, objetiva y alejada de los vaivenes políticos.
Jessurum logró sentar en la misma mesa a los especialistas de la ingeniería civil y de otras especialidades con la academia y los sectores público y privado. En un trabajo ininterrumpido, semana tras semana ha estado organizando espacios de diálogo abiertos a la comunidad de la ingeniería y de la infraestructura en los que se discuten los temas esenciales y coyunturales del país.
Jessurum entregará un Colegio robusto, respetado y, sobre todo, vigente en la discusión nacional sobre sostenibilidad y resiliencia urbana a Jesús Campos López, quien asegura una continuidad basada en la experiencia.
A Campos López le precede una amplia trayectoria en la infraestructura hidráulica y vial; es un ingeniero que conoce tanto el rigor técnico como la complejidad de la gestión de proyectos a gran escala. Su perfil sugiere una presidencia que no solo mantendrá los estándares de excelencia de su antecesor, sino que profundizará en la proyección nacional e internacional de la ingeniería civil.
Pero lo que hace fuerte al CICM no es solo su dirigencia, sino la calidad de sus comités técnicos y de todos sus miembros. Son ellos quienes, con un rigor científico envidiable, evalúan la seguridad estructural tras un sismo o planean la logística hidráulica de nuestras metrópolis. La transición entre Jessurum Solomou y Campos López es una muestra de madurez institucional: una estafeta que pasa de un experto a otro, garantizando que el conocimiento técnico siga siendo el eje rector en la planeación y desarrollo de la infraestructura en México.
Afganistán-Pakistán: frontera sin paz
La frontera entre Afganistán y Pakistán nos vuelve a recordar que algunas guerras nunca terminan; solo cambian de intensidad. La reciente escalada militar entre ambas naciones se revela como uno de los momentos más delicados en una relación que no se ha caracterizado precisamente por ser tersa.
Las declaraciones de “guerra abierta”, los bombardeos transfronterizos y el anuncio afgano de decenas de soldados pakistaníes muertos elevan el conflicto más allá de las habituales escaramuzas por los márgenes de la línea fronteriza.
El trasfondo es estructural. La frontera de 2,611 kilómetros conocida como la Línea Durand ha sido históricamente fuente de disputa. Kabul nunca la ha reconocido plenamente como frontera internacional y divide territorios de mayoría pastún en ambos lados. Desde 1947, Afganistán ha sido un vecino que se le indigesta a Islamabad: fue el único país que votó contra su ingreso a la ONU. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión no es tanto territorial como táctico. Durante los años 90, Pakistán respaldó al movimiento talibán para garantizar un gobierno afín en Kabul y asegurar “profundidad estratégica” frente a la India. Paradójicamente, el regreso de los talibanes en 2021 no produjo la estabilidad esperada.
De esta manera, el aliado útil se convirtió en un problema estructural. El principal detonante es el Tehreek-e-Taliban Pakistan, grupo insurgente que combate al Estado pakistaní y que Islamabad acusa de operar desde suelo afgano. Kabul, por su parte, denuncia bombardeos pakistaníes y violaciones a su soberanía. Así, la relación pasó de cooperación táctica a desconfianza abierta. Los talibanes son ahora gobierno. No pueden mostrarse subordinados a Pakistán sin erosionar su legitimidad basada en un nacionalismo exacerbado.
El riesgo regional es considerable. Pakistán es una potencia nuclear con fragilidad económica e inestabilidad política interna. Una guerra prolongada le resultaría adversa; sin embargo, una escalada emocional, tras un atentado, podría devenir en una respuesta desproporcionada. Afganistán no se encuentra en mejores condiciones. Aislado diplomáticamente y dependiente del comercio fronterizo, tampoco puede darse el lujo de sostener un conflicto largo. Sin embargo, la mayor amenaza no es una guerra convencional total, sino un conflicto de baja intensidad sostenido que favorezca a actores como el TTP o células del Estado Islámico en Jorasán. El vacío de control en la frontera sería el principal beneficiario de la confrontación.
Si observamos un poco más allá, también aparecen India, que sigue con atención cualquier fragilidad pakistaní; China, con inversiones estratégicas en territorio de Pakistán a través del corredor económico; e Irán, que comparte frontera con ambos y que teme un desbordamiento extremista.
Sin descartar ninguna opción, el escenario más probable es un patrón conocido: tensión, escalada, intercambio limitado y desescalamiento parcial. Pero cada ciclo alimenta un resentimiento atrapado en una rivalidad estructural que mezcla historia colonial, identidad étnica, insurgencia y cálculo táctico, un peligroso cóctel en el que un pequeño error podría convertir el conflicto fronterizo en un incendio regional.
Extorsión: lo que crece es la denuncia
El pasado viernes, el periódico Reforma publicó en espacio de primera plana la nota titulada “Crece 38% extorsión en la CDMX en 2026”, refiriéndose a la diferencia porcentual del número de carpetas de investigación abiertas (115) por ese delito en enero de 2026 respecto al mismo mes del año pasado (83). Más aún, la nota compara con enero de 2024 (27 CIs) y es un aumento de 325%.
Más de uno, como quien redactó el título de la nota, habrá interpretado que ha crecido el delito basándose en la única variable del número de carpetas de investigación, por lo que seguiría la lógica de que, si hay más denuncias, es porque hay más extorsión. Nada más falso.
De acuerdo al último estudio de la Coparmex de 2023, 1 de cada 2 negocios en el país había sido víctima de algún delito como extorsión, cobro de piso o robo de mercancía y estimó una cifra negra de 96.1%. Es decir, menos de una de cada diez extorsiones son denunciadas.
A mediados del año pasado, fue aprobado todo un paquete de reformas legales en materia de seguridad pública que fue clave para la investigación de oficio del delito de extorsión, al permitir acciones inmediatas con la participación de las unidades antisecuestro en la atención al delito; el bloqueo de líneas y equipos celulares, así como el congelamiento de cuentas vinculadas a extorsiones; operativos sorpresa en reclusorios y una Ley General contra la Extorsión, para homologar las leyes y sanciones en todas las entidades.
La reclasificación legal y el inicio de la investigación de oficio se ha traducido en un mayor número de denuncias, es decir, mayor disposición de las víctimas a acudir a las autoridades, más confianza en ellas. Preocupante sería lo contrario, pues representaría que, a pesar de los cambios legales, la gente prefiere guardar silencio. No es así. Según el último dato de incidencia delictiva, de julio de 2025 a enero de 2026, el número 089 para denuncia anónima de extorsión recibió 142 mil 505 denuncias
Una pronta revisión de dichas cifras permite advertir que si de julio de 2025 a enero de 2026 se recibieron 142 mil 505 denuncias de extorsión en el teléfono 089 (de denuncia anónima vigente desde fines del siglo pasado). La tendencia es buena, pero todavía falta mucho por hacer si se considera que, de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2025) del INEGI con datos de 2024 indica que se cometieron 5.6 millones de extorsiones y que solo se denunciaron 10 mil 240, es decir, 0.2%, menos incluso que el estimado de Coparmex.
Titulares de notas o declaraciones amarillistas sobre el crecimiento de la extorsión basándose en número de carpetas de investigación, sin contexto ni antecedentes, solo generan temor a las víctimas y personas potenciales de serlo, cuando debería ser motivo de confianza el aumento del número de investigaciones iniciadas formalmente. De lo contrario, nadie hubiera manifestado su preocupación por las 24 carpetas abiertas en 2024.
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