2027: el Verde por más; el PRI, por sobrevivir
El mismo día de la conmemoración de la Expropiación Petrolera, tanto el Partido Verde como el PRI adelantaron su ruta rumbo a las elecciones del 2027.
No pudo ser más contrastante el auge y la decadencia de cada partido, alguna vez unidos en coalición hace 14 años, cuando el partido del tucán abandonó su alianza con el PAN y apoyó la candidatura de Enrique Peña Nieto. Quién pensaría que sería con López Obrador y Morena con los cuales encontrarían su apogeo a la fecha.
Fue a Manuel Velasco, coordinador de senadores del Verde y principal operador político de ese partido ante la 4T, quien se encargó de dar a conocer la cuota de nueve de 17 precandidaturas de la coalición con Morena a las que aspiran en este 2027, planteando amablemente que se les considere para las encuestas internas que da por hecho que Morena realizará para elegir la candidatura.
Hábilmente sugirió, como moneda de cambio para apoyar las candidaturas del partido gobernante dentro de la coalición, el respaldo a quien sea su aspirante en San Luis Potosí, incluida la posibilidad de que sea la senadora Ruth González, si ésta decide inscribirse. En caso contrario y así de confiados están, el Verde irá solo en aquel estado.
Apoyar a Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, sería problema. Si bien no existe impedimento legal, sí lo hay en los estatutos internos de Morena, el cual incluyó reglas contra el nepotismo a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Dejar al Verde ir solo por la gubernatura de San Luis Potosí implica no solo dejar un estado fuera de la alianza, también puede encarecer y obstaculizar la coalición en otras candidaturas municipales y de diputados federales y locales en entidades donde ha crecido el Verde, como en el Estado de México, donde buena parte del priismo ha migrado a ese partido.
Veremos si Luisa María Alcalde logra operar fino para definir la coalición en 2027 sin que sus coaligados seudoecologistas tomen el control de las negociaciones y que sea un paso más del Verde rumbo al 2030, cuando ahora escale y pida el apoyo a una candidatura presidencial propia y competitiva, o de lo contrario irá solo.
Por otra parte, sin alianzas con el PAN, tratando de sobrevivir y no perder el registro, Alejandro Moreno anunció la creación dentro del PRI de los “defensores de México”, una especie de estructura territorial, de los cuales dio a conocer los nombres de los primeros cincuenta para los 17 estados donde habrá elecciones a gobernador en 2027.
Entre los nombres están los muy probables candidatos priistas a gobernadores, como Adrián de la Garza en Nuevo León -el único que se ve con probabilidades de ganar, aunque cada vez menos-; Manuel Añorve en Guerrero; Enrique Galindo en San Luis Potosí, entre otros.
Para encabezar este intento por no desaparecer, Rosario Robles Berlanga fue designada coordinadora de la Red Ciudadana para la Defensa de México. Como carta de presentación se presume su conocimiento en estrategias electorales.
Sin embargo, más probablemente, Alito y su grupo buscaron colocar a alguien a quien culpar de la debacle que se viene, para poder seguir administrando lo que quede, si es que queda algo, o si es la última elección nacional donde aparece el PRI en la boleta. A ese papel lamentable al parecer llegó quien fuera la primera jefa de Gobierno del DF y ex presidenta del PRD.
Buró laboral: trabajar bajo sospecha
El Senado de la República decidió endurecer la prohibición del “buró laboral”, una práctica informal mediante la cual las empresas revisan si un candidato ha demandado antes de contratarlo.
En el papel, la medida luce decisiva: refuerza la protección del derecho al trabajo, cierra espacios a la discriminación y alinea estándares básicos de protección de datos. Una medida que, si bien marca principios con mucha claridad, podría convertirse en mera retórica en un terreno donde las prácticas raras veces son visibles.
La realidad es que el problema del buró laboral nunca ha sido su legalidad –porque estrictamente no es legal– sino su utilidad para ciertas empresas. En un entorno donde los litigios laborales suelen ser costosos y prolongados, el incentivo para filtrar candidatos “riesgosos” no se resuelve a golpes de mesa. Lo que cambia es la forma: de listas negras abiertas se pasa a mecanismos más sofisticados y opacos, desde validaciones de antecedentes hasta cruces de información que difícilmente dejan rastro. La reforma corre el peligro de atacar la manifestación visible del problema, pero no su causa estructural.
En medio de esta opacidad opera un conjunto de actores semiocultos: las empresas que han hecho de esta práctica un modelo de negocio. Con nombres como “investigación laboral”, “estudios socioeconómicos” o “validación de antecedentes”, algunas firmas recopilan, sistematizan y venden información sobre trabajadores en áreas de recursos humanos. No operan en la formalidad de una institución regulada, pero tampoco en la clandestinidad absoluta: se mueven en una zona gris donde la información pública, la falta de supervisión efectiva y la demanda empresarial convergen. La reforma apunta a desincentivar este mercado, pero difícilmente lo desarticula por sí sola.
En el centro de esta dinámica se encuentran los trabajadores y su forma de percibir este fenómeno. En su termómetro laboral, OCC –la bolsa de trabajo en línea– ha reportado que una proporción significativa de personas no tiene claro qué es el buró laboral, mientras que otros lo asocian con la posibilidad de ser “boletinado” por ejercer sus derechos. El dato es ilustrativo: más allá de su existencia formal, el buró laboral ya opera como una idea instalada en el imaginario del mercado del empleo, capaz de influir en decisiones antes incluso de que ocurra una contratación.
Prohibir el buró laboral es, sin duda, un avance necesario para equilibrar la relación entre empleador y trabajador. Pero también revela una tensión que no termina de resolverse: el Estado busca proteger derechos de un mercado que sigue operando bajo lógicas de control de riesgo. Mientras no existan mecanismos efectivos de vigilancia, sanción y, sobre todo, prueba, la norma puede terminar convertida en letra muerta. En otras palabras, una ley con razón, pero con capacidad limitada de ejecución.
Quizá el mayor mérito de esta reforma no sea erradicar el buró laboral –algo que difícilmente ocurrirá de inmediato–, sino colocar el tema en el centro del debate público. Visibilizar el problema es ya un gran avance. Pero si ese reconocimiento no se traduce en capacidad institucional para investigarlo y sancionarlo, el resultado seguirá siendo predecible: las trapacerías no desaparecerán; simplemente aprenderán a borrar sus huellas.
Preventas fantasma: la amenaza al patrimonio de los mexicanos
En un país donde construir patrimonio implica años de esfuerzo, disciplina financiera y, en muchos casos, sacrificios familiares, las llamadas “preventas fantasma” no son solo un fraude inmobiliario: son una fractura directa a la confianza social.
Este fenómeno ha encontrado terreno fértil en un contexto donde la demanda de vivienda supera la oferta accesible y donde el sueño de adquirir un hogar propio empuja a miles de personas a tomar decisiones bajo presión. Lo preocupante no es solo la sofisticación de estas estafas, sino la normalización de prácticas irregulares dentro de ciertos segmentos del ecosistema inmobiliario.
Hay que decir que las preventas representan una oportunidad para acceder a mejores precios —hasta 20% por debajo del valor final—. Sin embargo, la falta de regulación, la asimetría de información y la digitalización acelerada de la comercialización abren la puerta a esquemas donde los renders sustituyen a la realidad, las promesas reemplazan los permisos y la urgencia suplanta al análisis. Un anuncio en línea puede ser suficiente para enganchar a un comprador que, sin herramientas ni acompañamiento, queda expuesto a perderlo todo.
Este fenómeno revela que la educación inmobiliaria en México sigue siendo limitada, porque la compra de vivienda suele realizarse sin el conocimiento mínimo sobre procesos legales, validaciones o riesgos. Aquí es donde la dictaminación jurídica se convierte en un mecanismo de defensa accesible al validar la identidad del vendedor, la situación legal del inmueble, la existencia de gravámenes o incluso la viabilidad del desarrollo debería ser un estándar previo a cualquier operación.
Erradicar las preventas fantasma no depende solo de señalar a los estafadores, sino de fortalecer todo el ecosistema: desde autoridades que garanticen supervisión, hasta plataformas y desarrolladores que apuesten por la transparencia como valor central. Apostar por una dictaminación jurídica antes de invertir protege el patrimonio y envía un mensaje claro al mercado de que la confianza no se negocia. Porque en un país donde hacerse de un hogar cuesta tanto, perderlo por falta de prevención no debería ser una opción.
En ese contexto, resulta relevante que comiencen a surgir en México modelos Proptech-Legaltech como Kallify, que buscan acercar la dictaminación jurídica al momento previo de la compraventa y no cuando el problema ya explotó. El mensaje es claro: la prevención jurídica debe convertirse en el punto de partida de cualquier operación inmobiliaria.
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El cargo 2027: el Verde por más; el PRI, por sobrevivir apareció primero en Mundo Ejecutivo.