Militares estadounidenses en México

Conforme a su facultad exclusiva de autorizar el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional, la semana pasada, el Senado de la República, autorizó el ingreso a nuestro país de 35 elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, para participar en el Evento SOF 32 denominado “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”, a realizarse del 3 de abril al 1 de mayo de 2026, previo al Mundial.

Este tipo de ejercicios de adiestramiento, capacitación y prácticas internacionales entre fuerzas armadas son comunes en nuestro país, así como la salida de militares o tropas para participar en actividades similares al extranjero.

Sin embargo, es notorio que se han intensificado y son más visibles dado el contexto de la insistencia de Donald Trump de enviar tropas estadounidenses para combatir al narcotráfico.

En lo que va del año, el Senado ya ha autorizado tres ingresos de militares estadounidenses, uno de ellos el más prolongado, por 4 meses y medio: el recién ya citado de 35; 12 elementos del 7/o. Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte el 17 de febrero, para estar del 27 de febrero al 13 de julio; y 19 integrantes del Equipo SEAL 2 de la Marina, del 15 de febrero al 16 de abril de 2026, para capacitación y ejercicios.

Cabe notar que, en días de la primera quincena de abril, coincide la presencia de los 62 militares en México al mismo tiempo. Veremos si se ve otro golpe de alto impacto en esas fechas, como la caída del “Mencho”.

El año pasado hubo cinco autorizaciones para las fuerzas armadas estadounidenses, dos de ellas las más numerosas, con 120 y 155, con un total en 2025 de 310: 12 elementos del Destacamento Operacional Alpha (ODA) 715, del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército, del 6 de octubre al 28 de noviembre y del 1 al 12 de diciembre de 2025; un ingreso de 120 elementos del Comando Norte del 7 al 25 de julio de 2025; 155 elementos de las Fuerzas del Cuerpo de Infantería de Marina del Comando Norte del 13 de marzo al 24 de abril; 10 integrantes del Ejército de Estados Unidos de América del 17 de febrero al 28 de marzo; y 13 militares de la Fuerza Aérea, para proporciona seguridad a seis aeronaves que participaron en la “Feria Aeroespacial México 2025” del 22 al 26 de abril.

Que haya cada vez más autorizaciones para el ingreso de militares estadounidenses responde a las circunstancias, y a la cada vez más estrecha colaboración con el Comando Norte, lo cual es positivo, pues es algo necesario, tanto por defensa hemisférica, como por intereses compartidos en el combate a amenazas comunes, particularmente el narcotráfico, ahora narcoterrorismo para EEUU.

Asimismo, se trata de opciones que no incurren en la intervención directa, manteniendo el discurso de soberanía, y que, a su vez, coadyuvan a fortalecer a las fuerzas armadas mexicanas. Esto último es positivo, al permitir enfocar sus recursos en las tareas de su competencia.

El nuevo mapa aéreo: entre la competencia y la eficiencia

Toda fusión viene acompañada de una promesa tácita: el usuario saldrá beneficiado. El caso de Viva Aerobus y Volaris no es diferente. Más rutas, mejor servicio, mayor eficiencia. Las dudas saltan cuando se observa con detenimiento que el supuesto beneficio para el consumidor no es tan evidente como su narrativa trata de convencernos.

Ciertamente, una operación conjunta puede mejorar la conectividad, hacer más eficientes ciertas rutas y darle mayor solidez financiera al sector. Desde el punto de vista empresarial, la lógica es impecable. El punto es otro: lo que es bueno para la estructura del mercado no necesariamente lo es para quien compra el boleto.

Durante años, el principal motor de las tarifas no fue la eficiencia, sino la competencia directa –y a veces feroz– entre Viva Aerobus y Volaris: la presión constante entre ambas obligaba a ajustar precios, lanzar promociones y pelear rutas con márgenes mínimos. Esta fricción, irritante para las empresas, era precisamente la que beneficiaba al pasajero.

Con la integración, esa fricción se diluye. No desaparece del todo… las marcas seguirán existiendo, pero dejará de ser un factor dominante. Eso implica un cambio de incentivos: ya no se trata de ganarle al otro, sino optimizar en conjunto. En pocas palabras, competir deja de ser una prioridad.

La decisión final recae ahora en manos de la Comisión Federal de Competencia Económica que tiene que definir si esta concentración es aceptable y, sobre todo, bajo qué condiciones. No es un trámite cualquiera. Autorizar la operación sin restricciones equivaldría a validar un mercado altamente concentrado en un sector estratégico; frenarla implicaría asumir los costos de mantener una competencia que, aunque beneficiosa para el consumidor, deja un rezago para las empresas locales.

Las finanzas son solo una parte de un problema que también tiene una dimensión política. En un contexto en el que el gobierno ha buscado tener mayor influencia en sectores clave –incluida la aviación, con decisiones sobre aeropuertos, rutas y participación estatal–, permitir la consolidación de un gran jugador privado puede ser funcional. Menos interlocutores, más capacidad de coordinación, y mayor control directo del sistema.

Es decir, no solo se redefine el mercado, sino también se reconfigura la relación entre el Estado y la industria.

De hecho, siendo realistas, lo que podemos esperar es tarifas menos volátiles, pero menos agresivas. En otras palabras, el usuario pierde acceso a esas ofertas que solo existen cuando dos competidores están dispuestos a sacrificar margen con tal de ganar mercado. A cambio, obtiene un sistema más ordenado, más predecible… y potencialmente más caro en promedio.

El argumento a favor puede ser de largo plazo: una industria más sólida garantiza continuidad, inversión y expansión. Y es cierto. Pero ese beneficio es estructural, ni inmediato ni necesariamente perceptible en el bolsillo del pasajero.

Detrás de lo evidente, lo que se redefine es el equilibrio entre competencia, eficiencia… y ahora también gobernanza.

En ese nuevo balance, el consumidor sigue estando en el centro del discurso, pero lejos del centro de las decisiones, un actor pasivo: presente en el discurso, pero cada vez más ausente en la definición de las reglas.

Inteligencia financiera: la nueva defensa del sistema financiero

El sistema financiero mexicano avanza en inclusión financiera, pero enfrenta un reto estructural: la trazabilidad de las operaciones en una economía donde el efectivo sigue predominando. Datos recientes muestran que la mayoría de las compras en México aún se realizan en efectivo, lo que dificulta la prevención de lavado de dinero y obliga a las instituciones a evolucionar sus mecanismos de monitoreo y análisis. En este contexto, la prevención ya no puede basarse únicamente en revisiones aisladas o en el cumplimiento regulatorio, sino en la generación de inteligencia financiera que permita identificar riesgos de manera oportuna.

A medida que más personas se integran al sistema financiero formal, también crecen los desafíos en materia de prevención, fraude y monitoreo de operaciones. Hoy el sector financiero transita hacia modelos de monitoreo continuo, análisis de patrones y colaboración entre instituciones para detectar comportamientos atípicos en tiempo real. Este cambio implica pasar de revisar operaciones pasadas a anticipar riesgos antes de que se materialicen, mediante el uso de datos, tecnología y el intercambio de información entre las distintas entidades que participan en el ecosistema financiero.

Círculo de Crédito, el buró que dirige Juan Manuel Ruiz, la inclusión financiera y la trazabilidad deben avanzar de forma paralela, ya que un sistema financiero más grande también requiere ser más seguro y confiable. La prevención del lavado de dinero, explica, se fortalece cuando existe inteligencia colaborativa y responsabilidad compartida entre instituciones y autoridades, ya que cada entidad observa solo una parte del sistema, pero al integrar la información se fortalece la capacidad de prevención. El reto hacia adelante no es únicamente regulatorio, sino tecnológico y operativo: construir un sistema financiero más inteligente, más seguro y capaz de crecer con inclusión financiera sostenible.

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