La semilla de la discordia: el sector agropecuario del T-MEC
El sector agropecuario no es solo un apartado más del T-MEC; es el pulso estratégico de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. En 2026, su relevancia es máxima porque ha pasado de ser una industria de exportación a un factor de seguridad nacional y estabilidad inflacionaria para ambos países.
México se ha consolidado como el principal proveedor de alimentos para Estados Unidos, superando incluso a potencias como China en exportaciones agrícolas hacia ese país, generando un saldo a favor de aproximadamente 13,000 millones de dólares, el agro mexicano inyecta más liquidez al país que industrias tradicionales como la petrolera.
Mientras México exporta el 40% de las frutas y verduras que se consumen al norte de la frontera, también es el mercado número uno para el maíz amarillo y la carne de cerdo estadounidense. Es decir; hay intereses mútuos y romper este equilibrio causaría un choque inflacionario inmediato en la canasta básica de ambos países.
La inminente revisión de 2026 estará marcada por el precedente del Panel del Maíz Transgénico. Tras los fallos en contra de México (que obligaron a revocar prohibiciones sobre el maíz y el glifosato en 2025), el sector agrícola se convirtió en la prueba de fuego para demostrar si México está dispuesto a jugar bajo las reglas de “certidumbre científica” que exige el tratado.
El desenlace de esta controversia definirá si el T-MEC sigue siendo un acuerdo basado en reglas técnicas o si se permite que la política interna dicte las barreras comerciales. Sin embargo; ahora vendrá cargado con un nuevo tema, los derechos laborales.
A diferencia del antiguo TLCAN, el T-MEC incluye mecanismos de respuesta rápida que ya no solo vigilan fábricas de autos, sino también campos de cultivo, inspecciones sobre trabajo infantil, libertad sindical y condiciones de jornaleros.
México espera mantener el arancel cero para frutas y hortalizas, la protección de semillas nativas y el respeto a los derechos de los trabajadores en el campo. Estados Unidos quiere eliminar las barreras no arancelarias, flujo libre de organismos intervenidos científicamente y cumplir con los estatutos laborales.
En conclusión, el sector agropecuario es la ficha de cambio más valiosa. México necesita el mercado estadounidense para sostener su economía rural, pero Estados Unidos requiere el campo mexicano para evitar que sus ciudadanos paguen precios exorbitantes por la comida. Esa dependencia es la mayor fortaleza (y la mayor amenaza) en la mesa de negociación.
Donald Trump: la ballena herida
A poco más de seis meses para las elecciones de medio término en Estados Unidos, el panorama para el Partido Republicano dista de ser prometedor. Lenta pero sostenidamente, la popularidad del presidente Donald Trump va arrastrándolos a una profundidad que parece no tener fin.
Grandes medios como CNN, NBC News, Reuters y The Washington Post coinciden en algo esencial: el presidente se mueve en una estrecha franja que oscila entre 37% y 40% de aprobación, mientras que el rechazo llega holgadamente al 55%.
Para Trump se trata de un momento bajo dentro de un ciclo que podría revertir, sin embargo, los hechos apuntan a algo más estructural. La tendencia de esos números –encuesta tras encuesta, semana tras semana– sugiere que la opinión pública no está reaccionando a un evento específico, sino que ya sacó una conclusión. Y cambiar conclusiones, es mucho más difícil que remontar coyunturas.
Durante su carrera política, Trump ha demostrado una capacidad notable para resistir crisis que habrían debilitado a cualquier otro presidente. Escándalos, investigaciones, derrotas legislativas: nada de eso logró romper del todo su vínculo con una base leal, pero esa misma cualidad tiene un reverso igual de poderoso; su aprobación ya está muy cristalizada, hay menos indecisos, lo que reduce notablemente su techo de crecimiento.
A lo largo de su carrera política, la fortaleza de Trump ha descansado en dos pilares: la economía y la percepción de control. Hoy, ambos se encuentran craquelados. Encuestas de CNN y NBC sitúan la aprobación de su manejo económico apenas por encima de 30%. La inflación –más que cualquier discurso– ha erosionado la relación entre el presidente y el votante promedio.
Ni siquiera el tema migratorio le está rindiendo frutos. Datos de Reuters muestran que también en ese renglón ha empezado a caer. Y en política exterior, particularmente tras la escalada con Irán, el respaldo se redujo a menos de 27%.
Todo esto converge en un punto central: las elecciones intermedias.
En el sistema político estadounidense, los midterms funcionan más como un referéndum sobre el presidente en turno, que una competencia entre partidos. Cuando un presidente se mantiene por debajo del 45% de aprobación, su partido suele pagar el precio: cuando cae por debajo del 40%, el castigo tiende a ser más severo.
Para el Partido Republicano, esto plantea una tensión difícil de resolver: por un lado, Trump sigue siendo el principal motor de movilización electoral dentro de su base. Por otro, su nivel de rechazo complica severamente la competitividad en distritos moderados.
¿Existe margen para revertir la tendencia? En teoría sí. Aunque va a ser complicado. El entorno actual está marcado por una polarización intensa y por electorados cada vez más definidos. Hay menos votantes dudosos, menos espacios para movimientos bruscos. En ese contexto, los eventos pueden alterar el tono del debate, pero rara vez modifican percepciones ya consolidadas.
Es posible gobernar con menos del 40% de aprobación. Pero implica gobernar de otra manera. Significa menor capacidad para construir acuerdos legislativos. Mayor dependencia de órdenes ejecutivas. Una relación tensa con el Congreso. Y, sobre todo, una tendencia a convertir la confrontación en herramienta política central.
Bajo ese escenario, no solo veremos a un presidente debilitado, sino a uno que intensifica la confrontación. Una ballena herida que, en su intento por avanzar, arrastra consigo al Congreso, al debate público y a su propio partido. Una tormenta que podría durar dos años. Después, el horizonte es incierto.
Ferrocarriles de carga y de pasajeros en México
México es una potencia en materia de ferrocarriles de carga. La de nuestro país representa alrededor del 45 por ciento de la carga general ferroviaria transportada en América latina, por lo que constituye el sistema ferroviario latinoamericano más relevante en la carga en general, interconectado con Estados Unidos y Canadá, y ocupa el lugar 12 a nivel mundial en carga ferroviaria. En la administración pasada, se desarrollaron dos proyectos de trenes de pasajeros, el Tren Maya y el Interoceánico, y en la actual se continúa la reactivación del transporte ferroviario para pasajeros.
En la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se tienen contemplados 12 proyectos a desarrollarse en cuatro etapas: la primera, AIFA-Pachuca; CDMX-Querétaro y Querétaro-Irapuato -los dos primeros ya en proceso-; la segunda, Querétaro-San Luis Potosí, Irapuato-Guadalajara, San Luis Potosí-Saltillo; la tercera, Mazatlán-Los Mochis, Los Mochis-Guaymas, Guaymas-Hermosillo y Guadalajara-Tepic; y la cuarta, Tepic-Mazatlán y Hermosillo-Nogales. Todas las rutas están basadas en estudios de demanda, con tramos entre ciudades que tienen una relación económica, donde en la actualidad ya hay personas que hacen esos viajes diarios por trabajo o estudios.
El Colegio de Ingenieros Civiles de México ha expresado su respaldo al regreso del ferrocarril de pasajeros al lugar central que debe tener en la movilidad y en el desarrollo nacional. Su presidente, Jesús Campos López, ha dicho que la asociación gremial está dispuesta a colaborar en por lo menos cuatro áreas de oportunidad: trabajar en un marco normativo ferroviario actualizado; la supervisión técnica, con ingenieros civiles certificados; colaborar en la formación especializada de la ingeniería ferroviaria; y en la visión multimodal, pues el ferrocarril potencia sus alcances cuando se integra de manera fluida con los otros medios de transporte y con el reordenamiento del territorio.
Asimismo, el experto ferroviario y miembro del Colegio, David Camacho Alcocer, ha recomendado aprovechar la revisión del T-MEC para fortalecer el sector ferroviario en México, profundizándose su capítulo en esta materia y así avanzar hacia una mayor homologación con Estados Unidos en regulación, seguridad y capacitación, incluso, sugiere la creación de un ente regulador trinacional que coordine estándares ferroviarios en América del Norte, como vía para consolidar un sistema más integrado, seguro y competitivo.
Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, siempre ha estado pendiente de los consejos y estudios del Colegio del que es integrante. Esperemos que Marcelo Ebrard, secretario de Economía, contemple el tema ferroviario dentro de la revisión y negociaciones del tratado trilateral.
Adultos mayores frente al fraude inmobiliario
El aumento de fraudes inmobiliarios contra adultos mayores refleja una falla estructural en la protección patrimonial en México. Durante años, se ha visto que la buena fe y la confianza —en intermediarios, conocidos o incluso familiares— sustituye la verificación jurídica, pero esa lógica ha demostrado ser insuficiente. Cuando está en juego el patrimonio de toda una vida, cualquier omisión en su protección deja de ser menor y se convierte en una vulnerabilidad crítica.
El problema no solo es la sofisticación de los fraudes, sino la asimetría de información que enfrentan los adultos mayores. La digitalización ha ampliado la brecha para quienes no están familiarizados con plataformas o procesos digitales. A esto se suma un entorno legal complejo, donde entender el estado real de un inmueble requiere conocimientos que no todos tienen. Aquí, el fraude encuentra condiciones para repetirse.
Además, el aislamiento, la toma de decisiones en solitario y la delegación de responsabilidades patrimoniales, han debilitado el acompañamiento cercano. No es casual que varios de estos fraudes involucren a personas del círculo inmediato, lo que obliga a replantear que la protección patrimonial ya no puede depender de la confianza interpersonal, sino de mecanismos formales, verificables y sistemáticos.
Frente a este panorama, la prevención se convierte en una obligación estratégica. Profesionalizar cada operación, incorporar revisiones jurídicas previas y apoyarse en plataformas como Kallify —que promueve la dictaminación jurídica de los inmuebles y el acompañamiento notarial— no es sobrerreaccionar, es adaptarse a una nueva realidad. Si algo evidencia esta problemática es que el patrimonio, especialmente en etapas avanzadas de la vida, requiere más estructura. La discusión de fondo es por qué seguimos permitiendo que la protección del patrimonio dependa más de la buena fe que de la certeza jurídica.
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