Sinaloa, el narco… y el gobierno
La situación actual del gobernador Rubén Rocha Moya no es un hecho aislado, sino el capítulo más reciente de una tragedia política que parece escrita en el ADN de Sinaloa.
La acusación formal de la Fiscalía de Nueva York, presentada este 29 de abril de 2026, que lo vincula directamente con el Cártel de Sinaloa y la importación de fentanilo, es el eco de una “nube negra” que ha perseguido a la silla gubernamental desde hace décadas.
En Sinaloa, el poder político y el narcotráfico han caminado por senderos tan próximos que, a menudo, resulta imposible distinguir dónde termina la institución y dónde empieza la organización criminal.
La genealogía de la sospecha en Sinaloa tiene raíces profundas. No se puede entender la crisis de Rocha Moya sin mirar hacia atrás: Antonio Toledo Corro (1981-1986, Francisco Labastida y Renato Vega, Jesús Aguilar Padilla y Mario López Valdez (Malova).
Lo que diferencia a Rubén Rocha Moya de sus antecesores es el alcance judicial internacional. Mientras que otros se retiraron a la sombra de la duda, Rocha enfrenta un “sismo político” sin precedentes. Todo comenzó a resquebrajarse con la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024. Su famosa carta, donde afirmaba que fue emboscado mientras esperaba una reunión con el gobernador y Héctor Melesio Cuén, fue el principio del fin de la narrativa oficial.
La imputación de 2026 no solo señala a Rocha, sino a otros nueve funcionarios (incluyendo al Senador Enrique Inzunza y al alcalde de Culiacán). Se les acusa de recibir sobornos millonarios a cambio de protección institucional y filtración de operativos.
Al igual que sus predecesores, Rocha se ha refugiado en el discurso del “ataque político” y la defensa de la soberanía. Sin embargo, cuando la evidencia cruza la frontera, los argumentos de política interna pierden peso frente a la realidad de los expedientes judiciales.
Sinaloa merece un destino distinto al de ser un feudo donde el gobernante en turno debe “pedir permiso” o “rendir cuentas” a poderes fácticos. La investigación contra Rocha Moya pone a prueba no solo al sistema de justicia mexicano -que ya ha anunciado una investigación a través de la FGR-, sino también la integridad moral de la “Cuarta Transformación”.
Campeche: gobernar sin red de protección
No es algo fuera de lo común que los gobiernos estatales enfrenten constantes recortes de parte de la federación; la variable está en cómo los mandatarios locales reaccionan cuando el margen se reduce.
El caso de Layda Sansores no apunta a una quiebra repentina ni a un colapso estructural que pudo haberse evitado. Lo que deja al descubierto es la fragilidad de una administración que nunca construyó una red de protección. Las entidades petroleras viven en ciclos –expansión y contracción–, es un hecho conocido no solo en la administración pública, sino entre la propia ciudadanía, que finalmente padece sus efectos. Cuando no se anticipan, cualquier ajuste se vuelve crisis y con ella llega la emergencia.
Al menos 18 estados están enfrentando cortes en 2026. No es un fenómeno aislado ni un castigo selectivo. Es una presión generalizada sobre el gasto federalizado que está alcanzando prácticamente todo el país. La mayoría está ajustando, reordenando o absorbiendo el golpe. Pocas están al borde de una parálisis operativa. Un contraste que deja muy mal parada a Sansores.
Gobernar –como suponen algunos– no es administrar la abundancia sino anticipar la escasez. Lo que faltó no fue dinero, fue margen de maniobra. Y ese margen no se articula cuando llega la tormenta, se construye cuando los días todavía son soleados.
Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación terminan de perfilar el fondo del problema. No son pruebas de corrupción, pero sí señales de un desorden administrativo: recursos por aclarar, fallas en controles, inconsistencias en la ejecución. En tiempos de crisis eso pesa, y mucho. Porque debilita la credibilidad del gobierno estatal justo cuando más respaldo necesita. Pedir apoyo con cuentas pendientes no es imposible, pero sí tiene un costo político.
El tono de urgencia no es solo un diagnóstico de las dificultades, es presión. Es una forma de escalar el problema hacia el centro, de obligar a una respuesta. Pero también es un movimiento que roza los límites de la disciplina partidista. No es una ruptura abierta, pero sí una señal de desalineación.
El manejo político de la crisis contrasta con el estilo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su proyecto no solo busca continuidad, sino orden. La disciplina que se intenta imponer no es ideológica, es operativa: control del gasto, alineación institucional y reducción de márgenes personales. En ese esquema, los gobernadores que generan ruido –incluso aliados– dejan de ser activos para convertirse en un problema. No por lo que dicen sino por lo que exhiben.
Campeche se convierte así en algo más que un problema local. Es una prueba de cómo la dominante Cuarta Transformación gestionará los problemas entre el jefe del Ejecutivo y sus satélites en los estados. Si prevalece el control, veremos apoyos condicionados y mayor supervisión. Si prevalece la política, el sistema seguirá absorbiendo los golpes sin corregir sus propias fallas.
Campeche es hoy un laboratorio en donde se pretende acallar las fallas con ruido en lugar de corregirlas con gestión. En un ambiente tan incierto los recortes no se controlan, la sangre fría para gobernarlos, sí.
Búsqueda de empleo sin riesgos
A mediados de abril, luego de un bloqueo de Avenida Revolución -una de las vías más importantes de la capital del país-, familiares de Edith Guadalupe lograron que policías de Investigación de la fiscalía capitalina ingresaran a un edificio de departamentos, último lugar donde fue vista, y finalmente encontraran el cuerpo sin vida de la joven en su interior. De acuerdo con testimonios, la víctima habría acudido al lugar por una oferta de trabajo en redes sociales.
La tragedia siguió su curso escandaloso por el enojo de los familiares de Edith por la corrupción e indolencia de las autoridades, su propia investigación, y luego, las versiones para cuestionar las pruebas que incriminan al probable feminicida, empleado de vigilancia del edificio.
En un carril paralelo, comenzaron a surgir testimonios de mujeres que habían acudido a ese domicilio y a otros lugares por anuncios de trabajo en redes sociales, en los cuales se les pedía acudir sin identificación, ni documentación alguna y, en el lugar, eran objeto de entrevistas de las que se les hacían planteamientos que iban desde solicitudes de dinero y fraudes, hasta posible prostitución, trata u otras actividades ilícitas.
Recurrentemente, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México ha difundido una serie de recomendaciones para identificar ofertas laborales falsas o fraudulentas y evitar riesgos: usar plataformas oficiales y visitar agencias seguras; verificar empresas y vacantes, comprobar que tengan redes sociales oficiales, página web y teléfonos de contacto; investigar la reputación de la empresa; proteger datos personales, crear un correo exclusivo para postulaciones y evitar incluir información sensible en el currículum, como la dirección completa.
Importante también avisar a alguien de confianza sobre el lugar y la hora de la cita de la entrevista de trabajo, y de ser posible, compartir la ubicación en tiempo real; desconfiar de ofertas poco realistas, como sueldos demasiado altos, tareas muy simples o si no requieren experiencia ni referencias, así como tener cuidado con propuestas en zonas remotas de otros estados donde ofrezcan recoger a la persona en centrales camioneras.
Asimismo, existen bolsas de trabajo digitales -desde las oficiales como el Portal del Empleo, o privadas como OCC, Computrabajo e Indeed-, cuyas ofertas son revisadas permanentemente, y abarcan todo tipo de empleos, a los cuales se puede postular de manera segura.
Buscar empleo requiere paciencia y frecuentemente es una tarea frustrante, pero no tiene que terminar en una tragedia.
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